La Contraloría General de la República ordenó al Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) asumir la administración de los fondos y proyectos que se financian con los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), terminando así el fideicomiso por medio del cual el Banco Nacional se encargaba de estas funciones desde el 2012.
Según el documento DFOE-CIU-0573, con fecha 17 de diciembre de 2021, a cargo del fideicomiso se han creado “estructuras burocráticas complejas con gastos de administración elevados, dado que van en detrimento del mismo patrimonio y por ende del fin que se pretende cumplir”.
En dicho documento la CGR ordena a los señores Federico Chacón Loaiza, Hannia Vega Barrantes y Gilbert Camacho Mora en su condición de miembros del Consejo de la Sutel, que “asuma la administración de los fondos y proyectos que se financian con los recursos de Fonatel, garantizando los objetivos y metas previstos en el artículo 32 de la Ley General de Telecomunicaciones y el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, de manera que se finiquite la relación que mantiene con el Banco Nacional de Costa Rica”.
El 23 de enero de 2012 la Sutel y el Banco Nacional suscribieron el contrato de fideicomiso de los proyectos y programas de Fonatel, para que el banco gestione las inversiones de los recursos del Fondo y los proyectos y programas para “llevar telefonía e internet a zonas y comunidades donde aún no hay servicio, promoviendo el acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones”.
Por esto el Banco recibía un honorario del 0,20% mensual sobre los desembolsos que se hacían a cada proyecto o programa y un 0,15% anual por gestión de monitoreo y mantenimiento de los contratos de proyectos y programas. Pero en junio de 2016 el Banco pidió que se modificara el contrato y que se le aumentaran los honorarios porque “la ejecución del Fideicomiso le provocaba un desequilibrio financiero perjudicial a su gestión” , lo cual fue rechazado por la Contraloría.
En febrero de 2019 el contrato del fideicomiso se terminó por mutuo acuerdo y la Sutel debía encargarse del plan de transición. Se acordó que la Sutel contrataría un nuevo Fideicomiso, mediante licitación pública y el Fiduciario adjudicado asumiría las obligaciones, funciones y contrataciones del banco. No obstante, el 1 de octubre del 2020, el Consejo de la Sutel aprobó una modificación unilateral del contrato y una adenda al Plan de Transición del Fideicomiso, según documenta la Contraloría.
En su resolución de diciembre pasado, la CGR determinó que esta adenda no tiene validez jurídica y ordenó finiquitar el fideicomiso.
Reiteró que la Sutel no hizo un cronograma con las acciones necesarias, los responsables y plazos ciertos y razonables, y que “la continuidad ilimitada, así como el incremento en la ejecución de las obligaciones por parte del Fiduciario y las modificaciones que se han presentado en el plan de transición no están validadas jurídicamente” puesto que la administración del Fonatel se basa en un contrato que las partes acordaron finalizar.
Se consultó a las autoridades de la Sutel y Fonatel su posición ante esta resolución; sin embargo, la consulta se mantenía en trámite al cierre de edición.
Llamada de atención
La diputada liberacionista Yorleny León dijo a UNIVERSIDAD que “este fideicomiso en principio se supone que debió haber garantizado no solamente mayor transparencia y menores costos, sino que la disminución de la brecha digital se podía dar de manera más eficaz; nada de eso ha funcionado con el modelo que Sutel y Fonatel decidieron tomar”.
León calificó la decisión de la Contraloría como “pertinente”, por llamar la atención a Sutel y a Fonatel “por actuar de forma unilateral, al margen de la ley”, lo cual destacó como “sumamente grave”.
“Los fideicomisos normalmente se salen del radar de control de la Contraloría, son más caros, porque yo le pago a algo o alguien para que administre, para que ejecute este fondo. La Ley General de Telecomunicaciones le autoriza a Fonatel a destinar un 1% en gastos administrativos pero aquí están incurriendo en pagos no solo al Banco Nacional sino a las unidades ejecutoras, que manejan 36 proyectos”, explicó la legisladora.
Según cálculos del despacho de León, realizados en 2019, Fonatel estaba destinando más de 6% del patrimonio del Fondo a gastos administrativos, incluyendo estos pagos al Banco Nacional y a unidades ejecutoras. “Es una forma de evadir ese techo del 1%”, destacó León.
Como reportó UNIVERSIDAD, en el 2020 Fonatel desembolsó $2.752.684 -aproximadamente ¢1.782.091.191- a las empresas consultoras Ernst and Young, Price Waterhouse y el Consorcio SPC Telecentinel-NAE para que se encarguen de ejecutar sus cuatro programas: Comunidades Conectadas, Hogares Conectados, Espacios Públicos Conectados y Centros Públicos Equipados. Estas son las unidades ejecutoras a las que se refiere León.
Asimismo, la Red Educativa del Bicentenario también se ejecutará a través de las consultoras Ernst & Young y SPC-NAE. El proyecto contempla la conexión de 2.372 escuelas y colegios.
Ahora le corresponde a Fonatel asumir el rol de esas unidades ejecutoras, que ganaban un porcentaje por administrar contratos con los operadores, y asumir la gestión de esos 36 contratos, agregó León.
“Aquí hay un acto administrativo que está fuera de la ley y no puede pasar inadvertido. Había un acuerdo entre el banco y la Sutel de finiquitar el compromiso que tenían vigente; pero luego Sutel, de forma unilateral, decide ampliar los contratos. Pero además Sutel tenía claro desde hacía muchísimos años que el fideicomiso terminaba y por lo tanto debió haber generado las condiciones; pero nunca se preparó para asumir ese rol”, añadió León.
Para la diputada, esos recursos deben regresar a Fonatel, éste debe asumir la administración de estos proyectos, mejorar la gobernanza que tiene ese Fondo y dejar de oponerse tan férreamente a iniciativas como el Plan Nacional de Alfabetización Digital, manteniendo ellos el manejo de los recursos pero permitiendo que el Ministerio de Educación Pública (MEP) se convierta en unidad ejecutora de la Red Educativa del Bicentenario.
El proyecto de ley del Plan de Alfabetización Digital se mantiene estancado en la corriente legislativa.
