“No recomendamos la aprobación de estos proyectos de ley porque sería un retroceso en la lucha que ha dado el país por más transparencia, no nos podemos explicar cómo se gestaron estos proyectos de ley bajo estos términos propuestos”.
Así se refirió la contralora Marta Acosta a la reforma que pretende hacer el gobierno a la Ley General de Contratación Pública ante Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. Acosta acudió a referirse a dos proyectos de ley, pero especialmente al 24.009, que introduce una reforma medular al artículo 67.
Ese artículo se refiere a la posibilidad de que el Estado pueda “comprar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles, sin emplear procedimientos ordinarios”, y establece unos requisitos para ello.
La audiencia de este miércoles es en realidad la segunda parte pues ya había iniciado el pasado 20 de marzo y en buena medida fue una reedición de lo dicho en esa oportunidad.
Contralora advierte que Gobierno abriría “boquete al sistema de contratación pública” con reformas legales que propone para impulsar Ciudad Gobierno
Marta Acosta advirtió que reformas legales que Gobierno impulsa implicarían crear nuevas formas de contratación directa, que eliminan controles
“Este proyecto permitiría la contratación sin concurso de sujetos privados y públicos, incluidos los organismos púbicos internacionales, para el diseño y construcción de obras, pese a las dificultades de acceso a la información y control que estos últimos suponen”, expresó Acosta en clara alusión a la escogencia de parte del gobierno del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que construya por $450 millones el proyecto de Ciudad Gobierno.
“La CGR no recomienda bajo ninguna circunstancia la aprobación de proyectos de ley como estos, en detrimento del cumplimiento de los principios sobre los cuales hemos avanzado para generar la necesaria infraestructura”, dijo Acosta y añadió que “ya existen alternativas previstas en nuestro ordenamiento, como fideicomisos, contratos de obra, concesión de obra y tipos abiertos como colaboraciones público privadas y la gestión interesada”.
Además, ante pregunta del liberacionista Francisco Nicolás, Acosta señaló varias “incongruencias” en el expediente oficial de la iniciativa, como que la ministra de Planificación Laura Fernández ha dicho que “hubo un concurso internacional que fue informado a la CGR, nosotros no tenemos esa información en la Contraloría. En reunión de 19 de enero afirmó que no se escogió a dedo al BCIE, sin embargo no conocemos que haya habido algún concurso”.
La sesión tomó otro tono cuando la jefa oficialista Pilar Cisneros, tal como ya lo había hecho en la sesión previa, sacó el tema de los alquileres que pagan las instituciones por $30 millones al año, según se enfrascó en repetir. Preguntó si esos contratos son refrendados, Acosta le explicó que no por la CGR, sino por un refrendo interno de cada institución.
Cisneros ofreció el estilo confrontativo que caracteriza al oficialismo y, a pesar de que Acosta pacientemente explicó que ello se debe a que “así está nuestro ordenamiento jurídico, pero hay que recordar que los jerarcas son los responsables primarios”, la interrumpió para aseverar que “el jerarca puede hacer una contratación a dedo y puede renovar cuando quiera, pero eso no le preocupa a la señora Contralora”.
Varias veces la diputada reiteró que el BCIE va a “hacer un concurso público internacional y nacional en Sicop” para adjudicar la obra y aseguró que el BCIE “va a ser financista”.
Inició entonces una discusión con un funcionario de la CGR quien preguntó a la legisladora “pero ¿cómo lo escogieron?”
Cisneros replicó : “porque el BCIE hizo una oferta que es extremadamente conveniente para el país” y reiteró lo del concurso en Sicop “para escoger la mejor oferta”.
El funcionario replicó “usted misma lo está diciendo: ustedes escogieron a dedo al BCIE, a como está la reforma hoy puede ser el BCIE, mañana puede ser cualquier otro”, pero Cisneros interrumpió y exclamó que la escogencia de ese banco fue “exactamente como los jerarcas escogen a dedo por $30 millones sin refrendo de ustedes para los alquileres, exactamente igual”.
Cabe destacar que Cisneros, en fiel seguimiento de ese guión confrontativo que caracteriza al gobierno, llamó “mentirosa” a la Contralora, algo que cayó muy mal entre las diputaciones que sí integran la Comisión.
