La contralora Marta Acosta advirtió que el Gobierno podría “abrir un boquete” al sistema de contratación pública, con las propuestas de reforma legal que impulsa en su afán de construir Ciudad Gobierno.
El Gobierno solicitó una interpretación auténtica de los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública, y a la vez presentó una reforma a esos proyectos, luego de que la Contraloría rechazara la propuesta que presentó para construir el proyecto de Ciudad Gobierno, porque la ley no permite la construcción de obras públicas para arrendamiento, en terrenos públicos.
“No comprendemos por qué se desea crear mecanismos al margen de los concursos en materia de contratación pública”, dijo Acosta ante los diputados de la Comisión de Jurídicos, en referencia a que la propuesta oficialista permitiría realizar contrataciones directas, eludiendo controles y licitaciones.
Acosta advirtió que más allá del tema de Ciudad Gobierno, la reforma permitiría construir obra pública de todo tipo -aeropuertos, puertos, carreteras, infraestructura de todo tipo- eludiendo las normas de la contratación y los controles respectivos.
La contralora comentó que la propuesta de interpretación auténtica no procedía, porque no se trataba de un texto para aclarar una redacción oscura de una norma, porque implicaba “crear mecanismos alternos y novedosos”, incluso según las palabras de los ministros Nogui Acosta de Hacienda, y Laura Fernández de Planificación.
También rechazó la reforma de modificar la contratación pública, en el sentido que impulsa el Gobierno para poder realizar Ciudad Gobierno, por considerar que implica un retroceso en los avances en materia de contratación pública para tratar de cerrar portillos.
Por su parte, la diputada Pilar Cisneros (quien no es integrante de la comisión, pero asistió para protagonizar la primera línea de los cuestionamiento del oficialismo a la Contraloría) se concentró en el tema de los costos de los alquileres, alegando que esto no le interesaba a la Contraloría. “Este gobierno lo que quiere es dejar de ser inquilino, y terminar con la fiesta de los alquileres, que aquí se han pagado por años”, dijo.
Acosta rebatió que a la Contraloría si le preocupan los recursos públicos. “Precisamente por eso, tratamos de aclarar que a través de una norma se pretende insertar todo un modelo contractual, que lleva cinco tipos de contratos distintos, y es a dedo”, dijo.
El tema también generó reacciones entre los diputados de oposición. “El fin justifica los medios, no me importa que adjudiquen a dedo, que haya sobreprecios, solo que haya obra pública, y de paso, ojalá lo ganen los que financiaron mi campaña, mis aliados”, dijo el diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Por su parte, la diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA) consideró que lo que está detrás de las propuestas del gobierno, lo que hay es un interés de evadir los controles, que puede afectar el modelo de construcción de obras públicas.
