A cuatro días de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe en el que señala que a la fecha no hay avances en el establecimiento de la escala salarial global que establece la ley, el cual se requiere para que los empleados públicos se trasladen de un salario compuesto a salario global.
“También se constató que, a la fecha de este informe, no se observan avances relativos al establecimiento de la escala salarial global, la cual permitirá realizar el traslado de salario compuesto a salario global, para las personas servidoras públicas que estén devengando el primero”, se lee en el documento DFOE-FIP-IAD-00001-2023.
Los resultados del “Informe de auditoría de carácter especial sobre la preparación para la implementación de la Ley Marco de Empleo Público” fueron presentados a la ministra de Planificación, Laura Fernández, el pasado 14 de febrero.
La Ley Marco de Empleo Público, aprobada por la Asamblea Legislativa el 7 de marzo de 2022, sustituirá el actual “salario compuesto” —salario base más incentivos—, por un “salario global”, y conlleva cambios en procesos de reclutamiento y selección, despidos, ascensos, evaluación de desempeño, vacaciones y permisos, entre otros.
La CGR resaltó que el el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) “tiene la responsabilidad de asegurar las condiciones requeridas previo a la entrada en vigencia de la Ley prevista para el 10 de marzo de 2023”.
Principales hallazgos del Informe
De acuerdo con el informe, emitido el pasado 1 de marzo, en lo que respecta a reglamentación, se encontró que aunque el Mideplan sometió a consulta la versión final del borrador de la propuesta de reglamento, a la fecha no tiene otros instrumentos previstos en la Ley que orienten a las instituciones públicas en su implementación.
El documento también apuntó que no hay instrumentos de planificación para que las instituciones inicien el diseño y aprobación de los planes de empleo.
Según la Contraloría, no se identificaron avances relativos a la conformación y habilitación de la plataforma integrada de empleo público.
Al respecto, la CGR explicó que Mideplan informó estar en un proceso de transición teniendo como punto de partida la Base de Datos de Empleo Público, creada en 2017, “pese a que la misma no cuenta con información completa y precisa”.
También destacó que “no se han iniciado ni planificado acciones en relación con los ajustes a los sistemas automatizados de pago requeridos con el fin de aplicar las disposiciones salariales establecidas en la Ley”.
La CGR concluyó que no hay mecanismos de coordinación formales y su debida gestión documental, con el fin de emitir criterios e insumos consensuados entre las partes involucradas, ni tampoco se documentan las coordinaciones entre Mideplan y la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) para realizar las tareas en conjunto señaladas en la LMEP.
Por último, se apuntó que no existe una matriz de riesgos para dar seguimiento y oriente “acciones anticipatorias ante eventuales sucesos que podrían comprometer la consecución de algún postulado requerido por la Ley”.
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A nueve días de que entre en vigencia la normativa, existe una gran incertidumbre entre las personas trabajadoras del sector público acerca de cómo se empezará a implementar la ley.
