Por unanimidad el pasado 10 de octubre el Concejo Municipal de Montes de Oca se pronunció en contra del proyecto de ley que se planteó en el cuatrienio pasado para aumentar la vida útil de los autobuses, de 15 a 20 años.
Luis Amador, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) había planteado una propuesta para que transitoriamente esa prolongación fuera hasta los 17 años. Sin embargo, la versión más reciente del proyecto disponible en el sitio de la Asamblea Legislativa -un dictamen afirmativo de mayoría de la Comisión de Asuntos Económicos que data de setiembre-, mantiene el parámetro de 20 años.
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El 14 de noviembre el gobierno informó que incluyó este proyecto en la convocatoria para el actual periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa y que mantenía la propuesta de Amador de modificar el plazo para que “por una única vez puedan operar las unidades con una antigüedad de hasta 17 años”, según un comunicado.
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En todo caso, las preocupaciones manifestadas por el Concejo Municipal de Montes de Oca estriban en que la propuesta “no responde a criterios técnicos de movilidad o transporte; sino que ha sido justificada con argumentos económicos, relacionados con el equilibrio financiero de las empresas que mediante concesión o permiso brindan el servicio”.
El acuerdo también puntualiza que el proyecto de ley “se ha justificado como una medida de recuperación post COVID para el sector empresarial de autobuses, principalmente para beneficiar a pequeñas y medianas empresas que brindan el servicio. Sin embargo, el beneficio se otorga de manera indefinida y sin delimitarlo a las empresas que realmente lo necesitan; siendo ocho grandes consorcios empresariales los principales beneficiados”.
Además el Concejo de Montes de Oca recordó que el área técnica del Consejo de Transporte Público (CTP) remitió a la mencionada Comisión legislativa un criterio negativo sobre el proyecto, y que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) también envió propuestas de mejora, pero “ninguno de los dos criterios fue acogido por la Comisión”.
Por esas y otras consideraciones, el Concejo acordó proponer a la Asamblea Legislativa, al gobierno y a la ciudadanía medidas como “apoyar la modernización del transporte público y no generar desincentivos que debiliten la captación de demanda de pasajeros”, o “impulsar un sistema integrado e intermodal de transporte público que una los autobuses con el ferrocarril y otros medios de transporte”.
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Otra de las propuestas es “crear mecanismos financieros para acelerar la transformación de la flotilla de autobuses; para que sus unidades sean eléctricas, modernas, cero emisiones y más confortables para las personas usuarias” y que se priorice la inversión del Estado en el transporte público y en movilidad activa y no motorizada.
Como se mencionó, el acuerdo fue acogido por unanimidad y se envió a la propia Asamblea Legislativa, al CTP, al MOPT, a la Defensoría de los Habitantes, a medios de comunicación y a “todas las municipalidades del país e instarles a que se pronuncien de la misma forma”.
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