La presentación de un informe de minoría en la comisión legislativa que debía investigar el narcotráfico permitió al diputado oficialista Luis Ramón Carranza señalar una serie de inconformidades con el desempeño de ese foro, la necesidad de haber profundizado más y la conveniencia de varias reformas para frenar la penetración de ese tipo de crimen organizado en los partidos políticos.
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) aseguró que la investigación quedó “mutilada” debido a que no sesionaron más que en 13 ocasiones durante cuatro meses de supuesto trabajo de la comisión, pero igualmente “generó información vital para comprender la gravedad del fenómeno y las acciones necesarias para enfrentarlo”.
“Sirva el presente informe y las actas de la comisión como testigos ante Costa Rica, ante la historia y generaciones futuras, de quienes asumieron con responsabilidad la tarea de realizar esta investigación, y quienes decidieron, por omisión, cálculo político o sospechosa negligencia, mutilar estos esfuerzos”, dice el informe.
Y agrega: “a pesar del lamentable boicot que sufrió la comisión, era necesario dejar por escrito varias conclusiones y recomendaciones. No podemos dejar que nos derrote la negligencia y el cálculo político. Espero que el presente informe sea un insumo para que la ciudadanía comprenda lo que está pasando y comience a exigir claridad y transparencia tanto a los partidos políticos como a los Poderes de la República”, dijo en un comunicado el legislador alajuelense.
El 28 de septiembre la comisión puso fin al trabajo que se supone debía desarrollar según la moción aprobada en abril. En ese momento, autoridades policiales recién habían desarticulado una red narco cuyos líderes habían visitado varias veces la Asamblea Legislativa y tuvieron reuniones con diputados para impulsar un proyecto de vivienda en el sur del país.
Fue ese el motivo por el que el diputado Óscar Cascante se separó temporalmente de su Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), lo mismo que Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien admitió haber visitado el condominio de uno de los sospechosos y tuvo que abandonar el cargo de secretario general verdiblanco.
Carranza dijo que “el país no debe tolerar que se aprueben comisiones legislativas cada vez que haya un escándalo nuevo, para cerrarlas una vez que acaba la crisis mediática”, pues señala que viene desde hace años la sospecha sobre la infiltración del narcotráfico en partidos políticos.
“En la Comisión se renunció deliberadamente a abordar con profundidad las preocupantes visitas de narcotraficantes al primer poder de la República, y se evitó a toda costa indagar a autoridades locales de los cantones contemplados en la investigación ordenada por el Plenario Legislativo”, lamentó.
Por ello el legislador dijo que es imperativo reformar las reglas de financiamiento de los partidos políticos, especialmente en las campañas municipales, pues crea un terreno apto para el ingreso de capitales indebidos, como ha señalado también el Informe Estado de la Nación.
De hecho, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, dijo en octubre que es “sumamente usual” que el crimen organizado se acerque a los funcionarios públicos.
También recomendó que el próximo Congreso haga un análisis del tema con ayuda de la Contraloría General de la República y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), además de la posibilidad de elevar el rango del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para dotarlo de mayores recursos.
El 30 de noviembre el resto de los diputados de la comisión presentaron un informe de mayoría en el que sugieren ampliar el uso de las intervenciones telefónicas y fortalecer la figura de investigación llamada “testigo de la corona”, además de mejorar leyes, fortalecer unidades de investigación y mejorar coordinación entre instituciones. Ante esto, el presidente Carlos Alvarado criticó el trabajo de la comisión y la consideró “ralita”.
