País

Comisión legislativa se opone a que trabajadores sean protegidos cuando son víctimas de violencia o acoso

Solamente la liberacionista María José Corrales, en conjunto con la oficialista Catalina Montero, votaron a favor del Convenio 190 de la OIT

La Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa dictaminó negativamente, el pasado miércoles, el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca proteger a las personas de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

“El objetivo del Convenio 190 es cambiar vidas. La OIT fomenta el trabajo decente y la prevención de la violencia y el acoso en el local de trabajo son esenciales para la protección de las y los trabajadores en el centro de trabajo, en el sector público y sector privado, en la economía formal e informal y en las zonas urbanas y rurales, brindando la posibilidad de que el trabajo se realice en un ambiente de dignidad y respeto para las  y los trabajadores y otras personas del mundo del trabajo”, comentó Sergio Paixão, representante de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana

“Representa un avance importantísimo en materia de igualdad, en materia de eliminación de lo que es el acoso y la violencia en el trabajo, además con un enfoque de género; países con menos tradición democrática que la nuestra ya han aprobado el Convenio 190 de la OIT”, manifestó el experto en derecho laboral Manuel Hernández.

En 2019, el Convenio fue aprobado en la sede de la OIT, en Suiza, con un total de 439 votos a favor, 7 en contra y 30 abstenciones. Dentro de los votos en contra estuvieron los representantes del sector empresarial de Costa Rica ante el organismo.

Según Paixão, hasta la fecha Argentina, Ecuador, Fiji, Grecia, Italia, Islas Mauricio, Somalia, Sudáfrica y Uruguay ya han ratificado el Convenio en la OIT.

“El convenio reconoce una demanda de los trabajadores y trabajadoras del mundo que exigen respeto y trato digno en el trabajo y este convenio lo que hace es establecer mecanismos o prevención y sanción de conductas inaceptables que causen un daño físico, psicológico, sexual o económico”, explicó Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca).

Rodríguez, quien formó parte de la delegación sindical ante la OIT en 2019,  explicó que este convenio está dirigido a la protección tanto de hombres como de mujeres y es un avance sobre todo para sectores como trabajo doméstico, educación u hotelería: “El Gobierno de la República promovió mucho esto en la OIT y por eso ahora nos extraña a nosotros que se pueda estar actuando contra derechos humanos de los trabajadores; nos parece que es una conducta condenable, reprochable”.

“Es además un convenio con un enfoque de género, porque lo que establece es que una mujer trabajadora que haya sido agredida por su compañero, pareja o esposo, si no se presenta a laborar, desde luego que por esa situación que ha sufrido, el patrono no podría en absoluto aplicarle ninguna sanción a la trabajadora; no le tiene que justificar la ausencia la trabajadora porque ha sufrido precisamente un tipo de acoso por parte de su compañero”, agregó Hernández.

En la votación, la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Catalina Montero, cuestionó a los legisladores que dictaminaron negativamente el Convenio 190 de la OIT e insto a salvar el proyecto:

“Costa Rica es un país destacado por su compromiso y trabajo para reconocer y proteger los derechos de todas las personas. Por eso, es doloroso que un grupo de diputaciones decidan dar la espalda a la identidad costarricense y voten en contra de un convenio de gran relevancia para el mundo”.

La oficialista señaló que ella y la liberacionista María José Corrales presentarán un informe positivo de minoría en el Plenario Legislativo para que no se archive el Convenio. Espera que las diputaciones cambien de opinión y que la Asamblea Legislativa en pleno vote favorablemente el tratado de la OIT.

Los miembros de la Comisión que votaron en contra fueron: Xiomara Rodríguez y Giovanni Gómez, de Restauración Nacional (PRN); Nidia Céspedes (Independiente); Luis Antonio Aiza, de Liberación Nacional (PLN); María Vita Monge, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Ivonne Acuña (Independiente); y Patricia Villegas, de Integración Nacional (PIN).

Villegas comentó a UNIVERSIDAD que su voto negativo se fundamente en que Costa Rica “no está preparada con insumos materiales, humanos y culturales para su aplicación”. Además, que el informe de servicios técnicos indica que el proyecto “hila sumamente delgado entre los espacios públicos y los privados”.

“Esto conlleva toda una reestructuración tanto en lo público como en lo privado y realmente considero que no debemos seguir siendo domesticados por ideologías internacionales cuando la misma casa cuenta con un gran desorden en cuanto a legislación de este tipo”, dijo la diputada, quien manifestó que el proyecto no está archivado, por lo que la decisión final se tomará con la interacción de todo el Plenario.

Además, indicó sobre el Convenio que “nuestra cultura y legislación actual ya apadrinan lineamientos en tal fin”.

UNIVERSIDAD también intentó contactar a los diputados Luis Antonio Aiza y Xiomara Rodríguez, que se opusieron, no obstante, no contestaron las llamadas telefónicas ni mensajes de texto.

Mala imagen para Costa Rica

Rodríguez manifestó que es una necesidad urgente del país la protección de los trabajadores, sobre todo por las condiciones laborales que se tienen en la actualidad. Por esta razón, el hecho de que no se haya aprobado aún el Convenio 190 en Costa Rica tiene un mensaje muy negativo ante el resto de los países.

“Los países del mundo abrumadoramente, en un proceso que duró muchísimos años y con un altísimo consenso finalmente, aprueban un convenio que garantiza a las personas en su actividad profesional un ambiente seguro libre de toda conducta hostil que afecte la dignidad de las personas. El mensaje que le está dando el país al mundo es: el planeta está de acuerdo en eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, pero en Costa Rica esos comportamientos y esas amenazas o ese tipo de conductas son validadas por los sectores políticos”, dijo la dirigente de Undeca.

Por su parte, Hernández agregó que “deja mucho que desear del carácter democrático y de un país que se dice respetuoso de los derechos humanos, que una comisión de asuntos sociales haya dictaminado negativamente un convenio que representa el sentir de la comunidad civilizada a nivel universal, es lamentable”.

“El Convenio es una norma internacional del trabajo que, cuando ratificada, genera compromisos internacionales de Costa Rica ante la comunidad internacional, comprometidos con la mejoría del mundo del trabajo. Si Costa Rica ratifica el Convenio, será parte del grupo de Estados que lo han ratificado y se comprometen en la adopción de políticas necesarias para prevenir y abordar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”, puntualizó el representante de la OIT.

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