Tanto Rodrigo Chaves, candidato del partido Progreso Social Democrático (PSD), como José María Figueres, de Liberación Nacional (PLN), señalan en sus planes de gobierno a las “cargas sociales” como un incentivo a la informalidad laboral.
“Abogamos por una reducción de las cargas sociales de forma tal que no exista un incentivo para la informalidad”, dice el plan de Chaves, quien propone una “reducción y subsidio” de las cargas sociales en puestos de entrenamiento para estudiantes, pasantías y periodos de entrenamiento en empresas. El texto vincula esto con una supuesta reducción de la informalidad, que aumentaría los ingresos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Mientras tanto, el plan de gobierno de Figueres indica que, en algunos sectores como la construcción, el servicio doméstico o la agricultura, “las altas cargas sociales hacen onerosa la contratación e incentivan la informalidad”. En su plan, el liberacionista afirma que no todas las reformas impositivas deben implicar un aumento de la carga tributaria, por lo que “algunas pueden consistir en rebajar algunos impuestos, como las cargas sociales, y sustituirlos por otros”.
“Se evaluarán los incentivos a la formalización y el uso del factor trabajo en el sistema productivo costarricense. Se realizará una propuesta para sustituir cargas sociales, que son de las más altas de América Latina, por impuestos generales”, dice también el plan del PLN.
“No es cierto que la informalidad sea culpa de las contribuciones sociales, eso es multifactorial y me parece que se está hablando de una salida fácil, que se les suena muy bonito a algunos sectores pero que finalmente los que van a pagar son los sectores más vulnerables. La institución ya ha venido haciendo un esfuerzo por mejorar en el tema de los trabajadores independientes, se está haciendo propuestas para promover la formalización de los trabajadores, pero aquí el tema no es que se formalice al trabajador, es que haya trabajo para que los trabajadores puedan continuar brindando a sus familias las mejores condiciones y que también tengan derecho a salud pública”, dijo a UNIVERSIDAD, Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca)
Para la secretaria general adjunta de Undeca, los candidatos deberían pensar en cómo pagar la deuda que el Estado mantiene con la Institución, en vez de reducir las contribuciones:
“Los candidatos deberían estar pensando en cómo pagarle a la Institución, que es pagarle a todos los costarricenses, los 2.5 billones de colones que han acumulado de deuda con la Institución. Deberían estar pensando en pagarle en vez de desmantelarla”, dijo la dirigente de Undeca.
Rodríguez criticó fuertemente el que los candidatos se refieran como “cargas sociales” a lo que ella manifiesta realmente son “contribuciones sociales”:
“Lo que se contribuye a la seguridad social no puede desde ninguna óptica considerarse una carga, lo que se recauda como contribuciones sociales, son las que permiten dar el servicio de salud, entonces con lo que aportamos entre todos, tenemos derecho, cualquier persona, cualquier ciudadano, tiene derecho a una cirugía de corazón, a un trasplante de hígado, a que lo atiendan en el Ebais, a que le den los medicamentos para los crónicos, a que le pongan un corazón nuevo, etc. Ese es el derecho que tenemos. Para financiar eso se necesitan las contribuciones sociales”.
La experta añadió que las soluciones que el país necesita no pasan por desfinanciar a la Caja, además de que no es posible que haya reactivación económica si los trabajadores no tienen salud: “Quitarle contribuciones a la seguridad social no es una solución para reactivar la economía y mucho menos, ver desde la óptica de sacrifiquemos la salud del pueblo costarricense para otros fines. Creo que hay otras medidas alternativas que se podrían tomar. que no pasan por el desmantelamiento de la seguridad social costarricense que es un motivo de orgullo”.
Chaves indica en su plan que las cuotas obreras y patronales son “muy altas”, “excesivas” y “desproporcionadas”, mientras que Figueres las pone entre las “más altas” de América Latina.
“Si vamos a países mucho más desarrollados en temas de derechos humanos vemos que las contribuciones de esos países son mucho más altas y brindan mejores condiciones. No podemos, en aras de la salida fácil, desmantelar el Estado Social para beneficiar otros intereses que en realidad es lo que se está dando. Hay una realidad que me parece que tal vez desconocen ambos candidatos porque tienen mucho tiempo de vivir fuera del país y me parece que están buscando una salida fácil y populista. Esa no es la solución Que Costa Rica ni necesita ni merece”, apuntó Rodríguez.
El candidato del PSD también propone eliminar los cobros mínimos de la seguridad social, ya que según el texto si “el contrato es por tiempo parcial, esto significa un aumento desproporcionado del pago de la CCSS”, de modo que se desincentivan ese tipo de trabajos.
Al respecto, Rodríguez manifestó que las contribuciones a la seguridad social se calculan sobre una prima necesaria para su sostenimiento: “Tampoco le vamos a decir a una persona: «usted paga la mitad de la prima y entonces lo que va a tener derecho es solo ir al Ebais para que lo atienda el médico y con suerte puede ser que le den el acetaminofén». Se pasa por una serie de estudios actuariales para demostrar que hay sostenibilidad y cuál es la realidad del país”.
La secretaria general adjunta de Undeca agregó que esto no funciona según lo propuesto, y a modo de ejemplo, señalo que, cuando una persona paga por una prima por el seguro de un vehículo no dice “bueno es que yo casi no lo saco de la cochera y entonces no quiero pagar todo eso que voy a pagar por la póliza”.
Como parte de esta propuesta, Chaves incluye en el texto, la de “persuadir a la Junta Directiva de la CCSS para que cobre lo justo sobre el contrato real”.
Sobre esta idea, Rodríguez sostuvo que “la Constitución Política establece cuáles son las competencias de la institución y la intromisión política nunca ha sido una buena medida, las cosas tienen que hacerse con criterio técnico, no con criterio político”.
