Desde que el 14 de junio se reveló el caso de corrupción Cochinilla en las licitaciones para contratos de construcción y reparación vial, las piezas han ido cayendo como un dominó. En menos de seis meses se destaparon tres grandes casos de corrupción que involucran empresarios, funcionarios públicos, alcaldes, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y supuestas redes de narcotráfico.
Los tres grandes casos de corrupción Cochinilla, Azteca y Diamante causaron revuelo a nivel judicial propiciando el primero de ellos incluso la renuncia de la Fiscala General Emilia Navas. Además, han puesto sobre el tapete las debilidades de un sistema de construcción de carreteras que, para algunas personas, ha fracasado; y ha exhibido los portillos que permiten la intrusión del narcotráfico y el lavado en obras públicas, como en el caso Azteca.
CASO COCHINILLA
El 14 de junio de este año se reveló el caso Cochinilla, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó decenas de allanamientos en viviendas y en las empresas constructoras Meco y H Solís, en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) exponiendo una red de corrupción en que los empresarios supuestamente sobornaban a funcionarios para garantizarse contratos de obra pública en la red vial.
Se investigan los delitos de peculado, malversación de fondos, cohecho y tráfico de influencias.
La mayoría de las personas detenidas fueron liberadas sin medidas privativas de libertad, mientras que el pasado 26 de octubre se prorrogaron las medidas cautelares de prisión preventiva a la dueña de H Solís, Mélida Solís, y al dueño de Meco, Carlos Cerdas, hasta el 26 de marzo del próximo año.
En la Asamblea Legislativa continúan las audiencias de la comisión especial conformada para investigar el caso y el 16 de noviembre el Plenario aprobó ampliar el ámbito de investigación de esta comisión a los hechos revelados en el caso Diamante.
CASO DIAMANTE
Como parte del caso Diamante, paralelo al caso Cochinilla, el 15 de noviembre las autoridades detuvieron a al menos seis alcaldes, por presuntamente recibir dádivas a cambio de favorecer a las empresas constructoras Meco y Explotec en obras públicas; por ejemplo, favores en la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas.
Según el director del OIJ, Walter Espinoza, la “operación diamante” empezó en 2019 ante una denuncia sobre sobornos a funcionarios locales. Fueron detenidos los alcaldes de Osa, Alberto Cole; San José, Johnny Araya; Alajuela, Huberto Soto; Cartago, Mario Redondo; San Carlos, Alfredo Córdoba; y Escazú, Arnoldo Barahona.
Según la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, los sobornos incluirían dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos. Entre los delitos que se investigan figuran cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.
La Fiscalía no solicitó prisión preventiva para los alcaldes; pero los seis fueron suspendidos de sus cargos por un periodo de seis meses.
CASO AZTECA
El 9 de noviembre, el OIJ realizó 38 allanamientos simultáneos alrededor del país y detuvo a 23 personas por presuntos delitos de narcotráfico, legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito y corrupción. Entre los detenidos hay 14 funcionarios públicos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Según el director del OIJ, Walter Espinoza, la investigación empezó hace dos años y determinó que los sujetos creaban empresas dedicadas a la construcción con las que participaban en la licitación de obras públicas; y con la ayuda de funcionarios públicos ganaban los concursos. El OIJ estima que por medio de 17 licitaciones obtuvieron entre ¢700 y ¢800 millones.
La red tenía como actividad principal el tráfico de drogas en el Gran Área Metropolitana y en el Pacífico Central. La tesis de la investigación es que esa organización habría creado sociedades anónimas y tenía dos empresas constructoras, a través de las cuales logró adjudicarse contratos públicos, para legitimar grandes sumas de dinero, mezclando el dinero con los pagos y aduciendo que venían de parte del Estado.
Se investigan los delitos de tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales, cohecho propio, cohecho impropio, peculado y penalidad del corruptor.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva de un año en contra de 13 personas, entre ellas tres funcionarios de AyA y uno del Banco Nacional. Para las otras 12 personas imputadas, todas funcionarias del AyA, se solicitó la suspensión del cargo, firmar una vez al mes e impedimento de salida del país.
El expediente del OIJ divulgado por varios medios de comunicación, reveló que el candidato a diputado por Guanacaste por la papeleta de Restauración Nacional (PRN), Mario Acón Chan, habría tenido conversaciones con Camelo Méndez, presunto líder de la estructura narco.
El diputado y candidato presidencial de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank, pidió en días pasados la renuncia de Acón a su candidatura. En un video, Cruickshank aseguró que “somos cero tolerancia a la corrupción”.
Allanamientos ocurrieron con el avance de la investigación
El caso Cochinilla tuvo particular repercusión en el Poder Judicial, con la renuncia de la Fiscala Emilia Navas, quien el 25 de junio anunció que se acogería a su pensión, en medio de una serie de cuestionamientos por conflicto de interés. Su esposo Francisco Campos es abogado de las empresas Meco y H. Solís, investigadas en el caso relacionado con corrupción en el Conavi y el MOPT.
Consultado sobre qué lecciones se aprenden de este caso, Ewald Acuña, especialista en ciencias penales y docente universitario, exjuez de instrucción, opinó que “hay que tener más afincado, más interiorizado en la cultura organizacional, el tema de los conflictos de interés y cómo prevenirlos”.
Llama la atención por qué se dieron los allanamientos de estos tres casos de forma tan seguida y justo en este momento, a las puertas del proceso electoral 2022.
Acuña refirió que los allanamientos se dan en el momento en que la investigación permite realizarlos. “Hay que entender que los allanamientos no son una ocurrencia, obedecen a la evolución de la investigación y se realizan en el momento en que la Fiscalía considera que hay elementos suficientes de prueba que justifique realizarlos y el juez así lo autorice”.
En otros expedientes que involucraron a funcionarios públicos y empresas privadas en presuntos actos de corrupción como Caja Fischel, ICE-Alcatel, La Trocha o el Cementazo, estos han tardado años en resolverse. ¿Por qué han tardado tanto en resolverse y qué se espera con estos tres casos de corrupción?
“El problema con esos casos tiene que ver con la complejidad de la investigación y en alguna medida con una insuficiencia de recursos a nivel de auditoría forense, que es la parte neurálgica de la investigación. Pero hay mecanismos que se pueden corregir y mejorar para que las investigaciones sean más prontas, que es un elemento indispensable para poder afirmar que se aplica el principio de justicia pronta y cumplida”, declaró Acuña.
Actividades sospechosas
Se le consultó a Marcela Ortiz Bonilla, directora adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) si el Caso Azteca era un caso aislado o mostraba ya una forma de operar de los grupos de crimen organizado en el país.
Ortiz explicó que según la experiencia en el ICD a través de los reportes de operaciones sospechosas, las actividades de construcciones y de comercio de maquinaria siempre están dentro de las actividades que las personas sospechosas dicen hacer.
“Ya estas son alertas, están reportadas como actividades económicas a través de los distintos sistemas que tienen esos sujetos obligados como los bancos, financieras, casas de cambio, compra y venta de seguros. Ellos nos informan sobre reportes de operaciones sospechosas, y estas actividades están dentro de las actividades”, mencionó Ortiz.
Critican poca reacción de diputados
Apenas se conoció el caso Diamante, el Poder Ejecutivo convocó un proyecto de ley que reforma el Código Municipal para que los alcaldes solo puedan reelegirse una sola vez para periodos consecutivos de cuatro años. Johnny Araya y Alfredo Córdoba, dos de los alcaldes detenidos, han ganado cinco elecciones consecutivas.
Sin embargo, surgen críticas ante la poca capacidad de reacción de los diputados. El abogado constitucionalista, comunicador y profesor universitario Pablo Barahona Kruger recordó que en el 2004, cuando se dieron los casos de Alcatel -ICE y Caja-Fischel se aprobó la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
“Era un proyecto que estaba olvidado, no era una prioridad y a partir de estos casos salió esta ley contra la corrupción, que le dio dientes a la Contraloría General, estableció nuevos delitos, estableció regímenes de declaraciones juradas mucho más amplios y después se emitió un reglamento que cerró muchos portillos”, recalcó Barahona.
“En esta ocasión los diputados no han estado a esa altura y no han tenido esa capacidad de reacción y de prospectiva a futuro; se han quedado muy cortos”, dijo Barahona, quien es candidato a diputado por San José por el Partido Integración Nacional (PIN).
“Yo he criticado las comisiones legislativas que estaban investigando la incursión del narcotráfico en la política por el caso del diputado (Gustavo) Viales en Corredores y otras visitas de ciertos narcotraficantes a la Asamblea. Yo critiqué muy fuertemente que esas comisiones fueran típicas comisiones legislativas de los políticos diagnosticándose y cubriéndose a sí mismos, mientras el reglamento de la Asamblea les da la posibilidad de establecer comisiones mixtas -con diputados, ONG, corruptólogos, academia, expertos en la materia-. Pero los diputados prefirieron retratarse a sí mismos y bien que lo hicieron porque esas comisiones no quedaron en absolutamente nada”, afirmó Barahona.
Como reportó UNIVERSIDAD, el 30 de noviembre la Comisión especial encargada de investigar la penetración del narcotráfico en los partidos políticos, concluyó sin llegar a ningún señalamiento, tras justificar que su “objetivo (fue) contradictorio y poco realista, ya que las investigaciones se encuentran judicializadas por lo tanto es imposible poder tener información o acceso a las mismas”, por razón de la privacidad de los expedientes que dicta el Código Penal.
El abogado Pablo Barahona también señaló que hay enormes debilidades en materia de conflicto de interés en la administración pública costarricense, con empresarios que mutan en políticos y viceversa, o que entran a juntas directivas de bancos o instituciones como el ICE y otras.
Asimismo, destacó que falta aplicar la figura de capitales emergentes a los políticos de alta gama en Costa Rica. “Que ante un incremento no habitual de su capital tengan que explicarle a la Contraloría de dónde vienen esas expresiones de riqueza que están teniendo, y si no lo logran probar se les abre una causa penal. Esa una figura que ya existe”.
Medidas y propuestas que surgen
Una de las reformas necesarias mencionadas por los entrevistados es la Jurisdicción especializada de crimen organizado, una reforma que se hizo a la Ley Contra la Delincuencia Organizada (Ley 8754).
“Lamentablemente por cuestiones de finanzas no se ha podido materializar; pero ya tenemos noticia del Poder Judicial que para este 2022 ya va a tener recursos económicos y va a estar en marcha esta jurisdicción especializada que, por supuesto, es una necesidad porque tenemos un gran vacío”, indicó Marcela Ortiz, del ICD.
Ewald Acuña explicó que mediante esta jurisdicción se podría atribuir una competencia específica para conocer delitos de crimen organizado a una fiscalía, a un departamento del OIJ, a un juzgado penal y a un tribunal penal.
“Lo que cambiaría es que las investigaciones que califiquen como crimen organizado se tramitarían por esta vía, que básicamente lo que hace es ampliar los plazos de investigación y permitir algunos instrumentos como la intervención de telecomunicaciones para facilitar la investigación”, informó Acuña y añadió que no se sabe cuándo empezará a implementarse porque significa una necesidad presupuestaria muy alta.
Ortiz también destacó la necesidad de apuntar a una “estrategia verdadera”, enlazada con todos los sectores.
“Desde hace un año venimos trabajando con la Procuraduría General de la Ética, que ha coordinado la estrategia de prevención de la corrupción, manejada a un nivel más allá del área pública, va hacia el sector empresarial, ONG, y el ICD ha tenido una participación muy activa y estamos concretando en acciones específicas de cómo se va a trabajar”, dijo la funcionaria.
UN MODELO CUESTIONADO
Por otra parte, los empresarios reunidos en el Grupo Consenso por el Rescate de la Red Vial Nacional hicieron un llamado al Gobierno, para que reactive el programa de mantenimiento de caminos, suspendido durante gran parte del año, “bajo una estricta supervisión y mecanismos de control”, para evitar que se repitan los supuestos hechos de corrupción denunciados en el caso Cochinilla y contrarrestar las dudas generadas.
Entre sus recomendaciones están abrir los procesos de proveeduría estatal -para combatir el secretismo, la distribución discriminada de información clave, la negociación oculta de condiciones de carteles y concursos-; adoptar sistemas tecnológicos modernos; transferir mejores prácticas; adoptar mecanismos que instrumenten mejor la competencia entre proveedores; y que las instituciones responsables sean objeto de un proceso de revisión, fortalecimiento y si es del caso, de reestructuración, bajo una visión de integralidad, que permita la correcta ejecución de las obras, de forma transparente y urgente.
El Grupo Consenso está formado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería (CCAI), y la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica (ACCCR).
Sin embargo, como ha reportado UNIVERSIDAD el sistema vigente establecido para licitar a empresas privadas la construcción de carreteras, armado entre la clase política y la empresarial es el que les permitió a las compañías Meco S.A. y H. Solís operar a sus anchas la red criminal del caso Cochinilla, como apunta el expediente judicial del caso.
En previas declaraciones a este medio, la ingeniera Ana Luisa Elizondo, coordinadora del programa de Infraestructura de Transporte del Transporte del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme-UCR) cuestionó la conformación del Consejo de Administración (junta directiva) donde participan representantes de la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica (Asocan) y dos representantes de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep).
Este Consejo de Administración es todopoderoso, pues aprueba sus presupuestos de ingresos y egresos, nombra y remueve al director ejecutivo y al auditor, fiscaliza la ejecución de contratos suscritos con terceros, y suscribe contratos y contrae empréstitos.
