Un 48% de la masa de personas asalariadas del sector público gana menos de ¢840.000 al mes, monto a partir del cual el Gobierno planea empezar a cobrar un impuesto de renta sobre los salarios, como propone el proyecto de Ley de Renta Global Dual.
La iniciativa forma parte del paquete de diez proyectos de ley incluidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para generar ingresos, junto con el proyecto de ley Marco de Empleo Público.
De acuerdo con datos provistos a UNIVERSIDAD por la Dirección del Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), 37.898 trabajadores del sector público ganan entre ¢683.000 y ¢840.000 al mes. De aprobarse el proyecto, estas personas tendrían que empezar a pagar impuesto de renta sobre su salario.
El proyecto tiene como objetivo que al contribuyente se le sumen todas sus rentas y, anualmente, ese monto se grave con una única tasa. Establece que quienes reciban más de ¢8,2 millones de ingresos al año deben empezar a pagar impuesto sobre la renta.
Desglosando ese número, quienes reciban un salario de poco más de ¢683.000 al mes deberán pagar el impuesto. Actualmente están exentos de este gravamen quienes ganan hasta ¢840.000 al mes. Esto implica que algunos ya no tendrían que pagarlo y otros pagarían menos en total.
Al calcular el impuesto se le reconocerá al contribuyente una porción de gastos por alquiler de vivienda, pago de vivienda, gastos médicos y crédito por hijos o dependientes financieros, los cuales podrá deducir del total a pagar.
Asimismo, el 48% de los trabajadores del sector público gana menos de ¢840.000; un 68% de los trabajadores del sector público (217.483 personas) gana menos de ¢1.200.000 al mes; y un 3,2% de los trabajadores del sector público (10.198) gana más de ¢3.100.000 al mes.
Estos datos no coinciden con los discursos desde el Ejecutivo, diputados, cámaras empresariales y narrativas instauradas desde medios de comunicación y otros sectores, que insisten en afirmar que los altos salarios del sector público son los responsables del déficit fiscal que enfrenta el país, según diversos economistas consultados por UNIVERSIDAD.
LA DEMONIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
Para Luis Paulino Vargas, economista, y director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (Cicde), de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), los datos muestran “que la información ha sido manipulada con toda la mala intención para establecer generalizaciones abusivas e insostenibles a partir de algunos datos aislados”.
“El manejo de la información por parte de la prensa tradicional, de las cámaras empresariales, y de la élite política en general, con la salvedad de José María Villalta y alguno que otro diputado del PAC, repite ese procedimiento vicioso, mal intencionado, que hace generalizaciones sobre casos aislados”, denunció Vargas.
El economista y exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, también señaló que una corriente se ha centrado en el tema de las remuneraciones en general, como parte del gasto público para producir ahorros, sin determinar exactamente lo que ha pasado con esto en el tiempo.
“Cuando uno se fija en las remuneraciones del sector público, particularmente del Gobierno Central, lo cierto es que las remuneraciones han estado controladas y han crecido mucho menos que el PIB”, apuntó.
Rodríguez explicó que el gasto de remuneraciones del Gobierno Central llegó a su pico máximo en el 2013, cuando alcanzó un 7,3% del PIB y empezó a disminuir desde el 2014 hasta alcanzar en el 2019 un 6,6%, el número más bajo.
“El año pasado subió pero por un efecto en la caída de la producción; no necesariamente porque los salarios aumentaron mucho. Quiere decir que no es cierto que esta partida sea la que está contribuyendo a ese aumento, pero el discurso está centrado en eso”, destacó Rodríguez.
Luis Carlos Olivares, economista e investigador en formación y efectividad de políticas públicas, coincidió en que existe una narrativa “que promueve una polarización de los sectores y una demonización del sector público excesiva, señalándolo como único responsable del déficit fiscal”.
Añadió que el proyecto de Ley Marco de Empleo Público también responde a esa narrativa “y en razón de esa hipótesis falsa asume que el déficit fiscal es culpa de las remuneraciones del sector público y más bien busca reducir el costo del despido y bajar la estabilidad laboral en este sector”.
UNA CARRERA HACIA EL FONDO
El poder adquisitivo de las personas asalariadas, tanto del sector público como privado, pareciera condenarse, cuando las políticas del Gobierno y de otros sectores son reducir los salarios y desmejorar las condiciones laborales en el sector público, argumentando una necesidad de disminuir la “desigualdad” entre salarios del sector público y privado.
Fernando Rodríguez resaltó que muchos de estos trabajadores profesionales, tanto en el sector público como privado, son los que componen la llamada clase media, porque son los que tienen poder adquisitivo para comprar vehículo, viajar de vacaciones, visitar centros comerciales, comprar vivienda sin ayuda pública y son los que sostienen gran parte del consumo más fuerte.
“El consumo de grandes masas proviene de ese grupo y una parte importante trabaja en el sector público; más del 52% según datos del año pasado”, dijo.
¿Qué significan salarios crecientes? Según Rodríguez, ni en el sector público ni en el privado los salarios pueden crecer de manera indefinida y con movimientos al alza muy marcados.
“Para poder determinar si hay desigualdad, tengo que comparar los profesionales del sector privado con los del sector público y ramas iguales, no puedo comparar un asistente de gerencia de una empresa grande con un director de departamento de una entidad del sector público; hay que tener más elementos para hacer esa comparación”, explicó.
Para la economista y docente del TEC, Ana Rosa Ruiz, el objetivo del sector público es crear políticas para el bienestar, a partir de personal de calidad porque su objetivo es ofrecer un bien social. “¿Y cómo logramos dar un servicio de bien social y de calidad?, con personas con condiciones decentes de vivir, estabilidad y perspectiva de crecimiento a futuro”, opinó.
Esto, continuó Ruiz, “ha permitido tener familias con poder adquisitivo, para obtener una casa decente, formar a sus integrantes con educación de calidad, darles una buena alimentación, que cuenten con los servicios básicos fundamentales; este es el perfil de personas que se tienen en el sector público”.
