Una política de persecusión del delito débil, poco clara y poco conocida, así como la filtración de información de investigaciones y juicios mediáticos son las mayores críticas que esbozaron los candidatos (todos hombres) a fiscal general en las entrevistas de este jueves y viernes, ante la Comisión de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia.
Durante estos dos días ocho candidatos tuvieron su espacio de audiencia con la mencionada comisión, como parte del proceso de elección de quien ocupará la Fiscalía General. Se trató de Francis Porras (juez de familia recientemente destituido); el Fiscal Adjunto de Fraudes y Cibercrimen, Miguel Ángel Ramírez; el fiscal adjunto de Pérez Zeledón, Edgar Ramírez; el exfiscal y abogado litigante, Edwin Retana; el juez jubilado, Douglas Rivera; el Fiscal de Juicio en la Fiscalía Adjunta de Cartago, Ronald Segura; Christian Ulate, exjuez y abogado litigante; y Manuel Fallas, quien funge como juez penal.
Durante las audiencias, los candidatos criticaron el rol de los dos fiscales anteriores, que consideran, debilitaron la imagen del Poder Judicial. Varios hicieron referencia a las presiones a las que estos dos funcionarios se vieron sometidos y la forma en que las manejaron, así como a los aparentemente frecuentes conflictos de interés, que generaron multiples actos inhibitorios, especialmente por parte de Emilia Navas.
La mayor parte de los postulantes coincidieron en la urgencia de que se determine, con apoyo del Consejo Fiscal y de forma reglamentada, una política de persecusión penal fuerte, realista y que priorice los principales flagelos que afectan a la sociedad costarricense. Así mismo, coincidieron en lo delicado de la relación con la prensa y la importancia de evitar procesos que constituyan “juicios mediáticos” y que dependiendo del resultado, afecten la imagen del Ministerio Público.
Francis Porras fue el primero en comparecer el jueves y su audiencia fue la más larga hasta el momento, pues incluyó varios debates y deliberaciones que se consignaron en la nota Juez anti matrimonio igualitario perseguiría «delitos» en pruebas FARO y vacunación obligatoria de llegar a Fiscalía.
De seguido, la tarde del jueves compareció Miguel Ángel Rodríguez quien aseveró que en los últimos diez años el Ministerio Público se ha agotado y que requiere un cambio organizacional que permita establecer prioridades y mejorar la eficiencia de la entidad.
Además, dijo, “necesitamos una fiscalía concentrada en la política de persecusión penal que ahora ni sabemos dónde está, con el apoyo de un Consejo Fiscal debidamente reglamentado”.
El fiscal agregó que pondría en marcha también un proceso de formación de fiscales, con cursos una o dos veces al año y realizar mejoras en el ambiente laboral porque “un grupo de trabajo contento, orgulloso, trabaja sin pensar en el reloj”.
La tercera entrevista del día fue la de Edgar Ramírez, quien comenzó destacando sus atestados profesionales, habilidades y actitud de liderazgo. También indicó que acumula una trayectoria de 30 años en el Ministerio Público y que cuenta con especial experiencia trabajando con poblaciones en condición de vulnerabilidad, indígenas, temas de género y justicia restaurativa.
Ramírez dijo que bajo su liderazgo se realizaría una reestructuración del ministerio, con base en lo que ya existe en la ley, pues en la actualidad hay varias instancias que no se usan para lo que fueron creadas. Además, señaló la necesidad de articular con otras entidades como la defensa civil, la policía judicial y hasta las comunidades.
Parte de su experiencia, dijo, fue la aplicación de un modelo que ha permitido en la zona sur disminuir y casi erradicar el rezago de casos, lo que espera poder replicar a nivel nacional a través de la construcción de una política de persecución penal, “que debe dar respuesta al ciudadano de manera definida, clara y concreta”.
Edwin Retana, por su parte, comenzó su exposición señalando que con los niveles actuales de casos circulantes y rezagados, “la justicia no es ni pronta ni cumplida”y destacó que en el último Estado de la Justciia se señala que un procedimiento ordinario tarda usualmente tres años y puede tomarse mucho mas cuando se trata de casos de corrupción, lo que “produce desconfianza y una deslegitimación del Poder Judicial”.
Retana también criticó la mala distribución del recurso humano que causa saturación de alguna fiscalías, especialmente las territoriales y dijo que esas quejas fueron en años previos trasladadas a los fiscales generales “pero no resolvían porque en su momento tenían compromisos”.
Igual que los otros candidatos señaló graves problemas con la política de persecusión penal y recordó cuando por directriz del fiscal general se dejó de usar el criterio de oportunidad de acuerdo con la relevancia del hecho, por lo que “habí que tramitar todo”, así fuera el robo de un solo item en un supermercado. “El próximo fiscal debe ser decisivo y tiene que ser un líder en comunicación”, indicó.
La última audiencia del jueves fue la de Douglas Rivera, abogado litigante y retirado del Poder Judicial, quien destacó que su carrera comenzó como guarda de la entidad y continuó en ascenso durante los 30 años que sirvió a la entidad, sin jamás ser sancionado.
“Yo creo en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en sus funcionarios, y quiero devolverle el señorío, la transparencia y la integridad”.
Rivera consideró que el fiscal general debe ser uno que dé la cara, no que “salga en la prensa porque se inhibe un montón de veces, porque se pelea con la Corte o porque tiene compromisos”. “Yo no tengo compromisos mas allá del que tengo con la constitución política y con la patria, eso es lo que le ofrezco al país”
El abogado indicó que en temas como narcotráfico y narcomenudeo, se deben atacar más los grandes problemas y atender la descomposición social. “El ministerio tiene que cumplir su función represiva, clarom pero el estado tiene que cumplir sus otras funciones”.
La mañana del viernes comenzó con la entrevista de Ronald Segura quien indicó que la institución requiere una transformación profunda para ser más eficiente. Como problemas actuales en la fiscalía señaló los atrasos, las bajas tasas de resolución -incluyendo el porcentaje que se da por prescripciones- y la falta de una política penal clara.
Igualmente criticó el poco uso que se da de los procesos abreviados, la mala distribución de los recursos materiales y humanos, la pérdida de fiscales por la inexistencia de carrera fiscal y las limitaciones tecnológicas, que se atenderían bajo una administración suya.
Además, dijo que como egresado de la academia del FBI de los Estados Unidos, considera que se debe “investigar para detener, no detener para investigar pues hay mucha de la gente detenida con espectáculo que luego ni se acusa”, lo que afecta la imagen de la institución. “No debe exponerse a las personas a juicios mediaticos”, indicó.
Christian Ulate, por su parte dijo que su propuesta era la de un Ministerio Público eficiente, eficaz y democrático, que permita “no solo sacar acusaciones, sino sacar sentencias y ojalá sentencias firmes”.
El exjuez, que también laboró para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, comentó que en su criterio el Ministerio Público debería tener rango constitucional pero mantenerse dentro del Poder Judicial y destacó la importancia de fortalecimiento esa entidad, especialmente ante la amenaza del crimen organizado y las distintas formas que tiene de amenazar al aparato de justicia.
El último entrevistado fue Manuel Fallas, oficial de investigación del OIJ, quien desde el principio se identificó como alguien “intachable”.
Fallas criticó que en años recientes “la fiscalía se ha visto opacada por la falta de liderazgo y compromiso en la toma de decisiones así como la falta de seguimiento a los controles en la gestión pública”. En su criterio es urgente hacer cambios en las fiscalías donde hay mayores problemas de rezago y mejorar el rendimiento de las fiscalías especializadas, así como avanzar en el proceso de digitalización, a pesar de las resistencias existentes.
El próximo jueves 3 de febrero se llevará a cabo la única entrevista pendiente en este proceso y posteriormente, se continuará en la elección de quien ocupará la fiscalía general.
