Francis Porras, juez ampliamente conocido por sus posturas contra el matrimonio igualitario, interrumpción del embarazo por toda causal y activismo religioso, prometió que de llegar a la Fiscalía General investigaría y perseguiría delitos “contra los derechos humanos y de lesa humanidad”, que según él, se han cometido con la aplicación de las pruebas FARO, la publicación de “pornografía” por parte del Ministerio de Educación Pública y el proceso de vacunación “forzosa” de niños y niñas.
Porras compareció este jueves ante la Comisión de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia, que está llevando a cabo el proceso de elección de un nuevo fiscal general (todos los candidatos son hombres). El juez es uno de los diecinueve nombres que concursan por el puesto y este jueves, por la mañana, le correspondió la entrevista pública.
La jornada comenzó cuando la comisión le informó a Porras que el día de ayer el Consejo Superior había tomado un acuerdo sobre su nombramiento, que había sido revocado por la Inspección Judicial por violentar el principio de objetividad en varias ocasiones y que estaba en proceso de apelación. Fernando Cruz, presidente de la Corte y de la comisión mencionada, fue parte de dicho acuerdo, por lo que se le consultó al juez si prefería que el magistrado se separara de la entrevista.
A finales de la tarde se conoció que el acuerdo sostuvo la revocatoria del nombramiento, por lo que el juez será destituido a partir del 31 de enero.
En cambio, el juez procedió a solicitar que tanto Cruz como los magistrados Álvaro Burgos y Román Solís (que no están en la comisión pero estarían en la sesión de Corte Plena donde se realizaría la elección final) se inhibieran de todo el proceso, pues han conocido procesos que resultaron en sanciones que se le han aplicado previamente.
Cabe destacar que a mediados de junio del 2021 Porras fue suspendido de su cargo por «brindar manifestaciones a un medio de prensa digital sobre un asunto que no ha adquirido firmeza y emitir desde su investidura como persona juzgadora, criterio en contra del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo», que la Inspección Judicial consideró falta grave pues afecta la imagen del Poder Judicial. Además, a finales de ese mismo mes, la misma entidad le suspendió el nombramiento por considerar que cometió una alta gravísima al interesarse indebidamente (y actuar en consecuencia) en el trámite del matrimonio del activista por los derechos de las personas LGBTIQ+, Marco Castillo y su pareja, Rodrigo Campos.
Cruz informó que no se inhibiría por lo indicado, pero que sí consderaba pertinente retirarse por lo sucedido ayer (que aún no se ha divulgado) y la sesión continuó sin él. Durante unas dos horas más, el asunto siguió en discusión pues el juez insistió en la medida y separación de los magistrados de todo el proceso y la comisión sostuvo que esa decisión no era de su competencia y que eso se derivaría a la Corte Plena.
Eventualmente el tema fue saldado, con la promesa de Porras de interponer un proceso ordinario. Seguidamente pidió que se suspendiera la audiencia para conocer el acuerdo sobre su nombramiento pues dependiendo del resultado “podría hacerle retirar su postulación”, pero esta solicitud le fue negada y procedió a realizar su presentación.
Durante la misma, el juez dijo que el fiscal general debe ser honesto, justo y tener “independencia política”, criterios que considera cumplen, a pesar de su visible activismo en varias causas. Además, afirmó que “el Poder Judicial nunca ha estado tan politizado como ahora” y dijo que urge cambiar el rumbo pues “esa es la última frontera contra las tendencias autoritarias”.
Por ejemplo, dijo que “le parecía bien” que el Ministerio Público investigara el posible delito de rebelión a raíz de lo dado a conocer por el diputado Eduardo Cruickshank, quien asegura que durante las movilizaciones del 2020 circuló un plan de golpe de estado. No obstante, dijo, “no entiendo porqué no se persigue igualmente a los culpables de las violaciones de los derechos humanos de los niños y niñas, quizá hasta de lesa humanidad, que se han cometido con el proceso de vacunación forzosa”.
En consecuencia, bajo una Fiscalía a su cargo, investigaría y perseguiría los delitos -si encontrara que se cometió alguno- que considera pueden haberse cometido durante la aplicación de las polémicas pruebas FARO y la publicación de “textos eróticos, casi pornografía” por parte del ME. Además, analizaría “los contratos con las farmacéuticas” para ver si en el proceso de adquisición de las vacunas antiCOVID se cometió algún delito e investigaría la aplicación obligatoria de la vacuna. “Yo no me opongo a las vacunas, me he vacunado, pero cuestiono la aplicación forzosa de la vacuna si no se tienen los estudios técnicos, y todo ha sido muy acelerado”, indicó.
Al cierre de su intervención, el juez dijo que se “acogía a su derecho” de no responder preguntas, y se retiró.
