Cuando en Costa Rica surgió por primera vez la iniciativa de implementar el mecanismo de franjas electorales para que los medios de comunicación den espacios gratuitos a los partidos políticos y mejorar la equidad en las contiendas electorales, la Cámara Nacional de Radio de Costa Rica (Canara) se opuso de forma radical a la propuesta y pidió sanciones.
En 2013 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) elaboró un proyecto de ley (Expediente 18.739) que fue presentado el 8 de abril por varios diputados y que, entre otras cosas, proponía que las radioemisoras y televisoras que operaran bajo concesiones del espectro electromagnético estatal estaban obligadas a ceder gratuitamente, durante el período de campaña electoral, 30 minutos diarios en cada estación de radio y televisión para difusión de propaganda electoral.
Canara reaccionó inmediatamente y en una carta enviada al TSE el 9 de abril señaló que la propuesta era “sumamente inconveniente y riesgosa” y que con ella “no solo no se logra la equidad, sino que se sacrifica la libertad de forma peligrosa”.
En su carta, Canara argumentó que si bien es cierto que “en otras naciones se aprobaron recientemente legislaciones restrictivas” como la que impulsa el TSE, en muchas de ellas la restricción solo aplica a los medios de comunicación públicos.
Canara también señaló que aquí “no vivimos en un país en el que la propiedad de los medios está concentrada en las manos de unos pocos, que inciden de manera perversa en los procesos electorales, ya sea para obtener el favor político o para detentarlo en forma directa; como sí ocurrió y aún ocurre en otras naciones”.
Asimismo, en esa carta, la Cámara pidió al TSE que se “sienten las responsabilidades administrativas del caso”, que se le abra expediente administrativo y “se le imponga la sanción disciplinaria que corresponde” al funcionario del TSE Héctor Fernández por las declaraciones que dio a un medio televisivo.
Según Canara, “el señor Fernández, dejando los límites que la ley le impone, desbordó sus competencias legales y durante la entrevista emitió múltiples juicios sobre la naturaleza, alcances, límites y estructuras de las frecuencias de radiodifusión, sus contratos y las personas que desarrollan la actividad”.
“Las declaraciones del señor Fernández no solo no se ajustan a la verdad, ni a la realidad jurídica de las concesiones de radio”, afirmó Canara, y agregó que habló “en su condición de funcionario público, sobre temas que desconoce y no le competen”.
El TSE responde
Ante esto, el TSE respondió con una carta en la que manifestó que bajo ningún motivo la propuesta podía considerarse “una ocurrencia” ni “una imposición autoritaria” porque la habían planteado para que fuera considerada por todos los sectores de la sociedad y decidida por los legisladores.
También desmintió que con las franjas se pretenda restringir el fondo y contenido de los mensajes políticos y afirmó que deberá buscarse “un equilibrio que armonice la efectiva divulgación partidaria con los legítimos intereses empresariales en juego”
Sobre las declaraciones de Fernández, quien en ese momento era director de financiamiento de partidos, el TSE explicó que se trató de apariciones públicas solicitadas por el medio de comunicación televisivo “en las que, sin afectar el buen nombre ni reputación de nadie, se expusieron las propuestas de reforma legal”.
“Pueden compartirse o no esos comentarios, como también discutirse públicamente. Sin embargo, mal haría la democracia costarricense si en ella se reprimiera la libre expresión de las ideas o no se tolerará la posibilidad de externar criterios divergentes”, resaltó el Tribunal. Y declaró que no tenían lugar las sanciones solicitadas por Canara.
Aún se oponen
UNIVERSIDAD consultó para este reportaje a Canara para conocer si había variado su posición al respecto.
Según declaró el actual presidente de Canara, Andrés Quintana Cavallini, aún se oponen a las franjas electorales, “en tanto el mecanismo que se diseñe para en apariencia procurar una más equitativa distribución de los espacios políticos, vulnere los derechos y garantías constitucionales y legales de los costarricenses, de las agrupaciones políticas que participan en la contienda electoral, y no considere el alto costo que impondría, ni mecanismos suficientes para compensarlo”.
Quintana expresó que también se oponen si las franjas electorales fueran pagadas por el TSE si la propuesta “incumple con los requerimientos indicados en la respuesta anterior”.
Con respecto a la solicitud de Canara de que sancionara al funcionario del TSE, se le preguntó si considera que eso es una intromisión ante el máximo órgano electoral, ante lo que respondió: “Los ciudadanos no causamos intromisiones ante los órganos públicos, mucho menos ante el electoral. Ante ellos, formulamos respetuosos requerimientos en atención a sus funciones y cumplimiento de sus competencias públicas. Pero si su pregunta es si consideramos que un funcionario público, mal entendiendo su deber, puede causar intromisión indebida en la esfera privada de la libertad de las personas y empresas, la respuesta sería sí”.
