La Cámara Costarricense de Construcción (CCC) teme una aplicación “arbitraria” del proyecto de ley 20.648, la iniciativa que busca fortalecer los castigos a las constructoras que incumplen sus contratos con el Estado en materia de infraestructura vial, aprobado en primer debate y actualmente en consulta de la Sala Constitucional.
Así lo señaló Randall Murillo, director ejecutivo de esa entidad, quien señaló que las indicaciones actuales del proyecto son débiles y dejarían las puertas abiertas para inhabilitaciones desproporcionadas si un funcionario quisiera aplicarlas.
Específicamente, el proyecto consta de un solo artículo que reforma la Ley de Contratación Administrativa, según el cual se podrá inhabilitar por períodos de entre tres y diez años “a la persona física o jurídica que, sin justa causa, incurra en incumplimiento graves”. Además, elimina el apercibimiento como parte de ese proceso, “cuando se trate de incumplimientos graves en contrataciones relacionadas con proyectos de infraestructura vial”.
Sobre estas indicaciones, Murillo señaló que desde la Cámara no tendrían problemas con elevar las penas, pero que confían en una declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, porque les parece imprecisa.
“Lo que sucede es que si usted me invita a mí a una reunión y yo llego tres minutos tarde, posiblemente me voy a tener que excusar con usted y le diré que hubo una presa o algo por el estilo, y quizás usted me excusará; pero si yo llego tres días tarde, usted ni siquiera me recibe. A fin de cuentas, la falta es la misma; sin embargo, en una la escala del atraso es razonable y en la otra no”.
“Pasa lo mismo con este tema, no es lo mismo que yo deje una carretera botada a que, dentro de esa carretera de $200 millones, un cordón de calle me falle”, subrayó.
Para Murillo, la reforma debía ser mucho más clara en materia de proporcionalidad y de sanción por cada falta, pues una preocupación es que el tema “sirva para sacadas de clavo”.
“Lo que no queremos es que esto sirva para sacadas de clavo, ese «si usted no me da la comisión que yo quiero o me hace el favor que yo quiero, yo podría fregarlo por cualquier lado» que todos conocemos”, comentó.
Esto, afirmó, es especialmente importante porque las inhabilitaciones estarían a cargo de la misma administración pública, donde esta “es juez y parte, la que me contrata y la que me inhabilita, sin procesos judiciales”.
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Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en consulta constitucional, pues once diputados pidieron a la Sala IV dilucidad si la norma es razonable y proporcional, después de conocer las quejas de las constructoras y algunos reclamos del exdiputado Otto Guevara.
La consulta debe resolverse en un período máximo de 30 días hábiles y, en caso de que la Sala determine que existe un problema de fondo, la norma podría aprobarse igualmente. No obstante, en ese caso, todo ocurriría bajo la amenaza de que luego un ciudadano interponga una acción de inconstitucionalidad, hecho que anularía todo lo reformado.
¿Marginados?
Consultado sobre por qué manifiestan sus preocupaciones hasta este momento del trámite del proyecto, el director de la Cámara afirmó que se intentó localizar por varios meses a la principal propulsora de la iniciativa, la diputada Karine Niño, del Partido Liberación Nacional (PLN), pero que nunca obtuvieron una respuesta.
Murillo afirmó que en febrero sí se reunieron él, el presidente (Esteban Acón) y el abogado (Claudio Donato) de la Cámara con la diputada Niño; sin embargo, agregó que luego fue imposible contactar de nuevo a la congresista.
“Ella nos dijo que tenía que valorar nuestras observaciones y se comprometió a abrir unas mesas de trabajo y que nos convocaría para ello, pero después de eso estuvimos llamando para solicitar una cita y le mandamos varias cartas recorándole su comprimiso, pero el proyecto avanzó y ya no nos contestó más nada”, indicó.
Murillo además indicó haber realizado gestiones con el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, y con otros legisladores, sin haber logrado éxito alguno de todo el proceso más que, ya muy tarde, el impulso de la consulta a la Sala IV.
Sobre estas declaraciones, la diputada Niño indicó que su promesa nunca fue realizar mesas de trabajo, sino brindar una apertura total para recibir los criterios correspondientes. Además, indicó que se reunió con constructoras, por separado: “dos reuniones para revisar los alcances del proyecto”.
“Esto es muy normal. Quieren hacer todo lo posible para desvirtuarlo (el texto) y lo más fácil es desvirtuarme a mí para justificar después cualquier situación que suceda, hay muchos intereses de personas que no quieren que nada pase y es más fácil atacarme a mí que resolver la situación”, respondió la liberacionista.
“El ofrecimiento era despacho abiertas y oficinas abiertas, no había mucho que trabajar, es un único artículo, una página, no era un proyecto de ley de miles de artículo”, concluyó.
Difícil aplicación
Para el Director Ejecutivo de la Cámara; sin embargo, más allá de los problemas más técnicos de la iniciativa, también hay un problema de fondo: el Estado debe realizar mejores carteles para evitar sobrecostos e incumplimientos.
“Hoy ya existen sanciones en esa línea y no se aplican, entonces nada hacemos con que la inhabilitación sea de un año, de diez años o de por vida si de por sí no se aplican, porque el problema es de origen”, explicó.
“Los proyectos están saliendo mal concebidos y eso está documentado, la gestión de la administración es muy pobre, entonces nada hacemos con tener una medida coarcitiva para las empresas si no mejoramos la capacidad de gestión. Si las obras siguen saliendo con carteles deficientes, van a seguir las apelaciones; y si las obras siguen saliendo adjudicándose cuando no hay expropiaciones listas, van a seguir teniendo sobrecostos, no porque la empresa incumpliera sino porque la obra se licita sin estar lista y eso es un problema de preingeniería”, detalló.
