Once diputados presentaron esta semana una consulta constitucional sobre la reforma legal que pretendía fortalecer los castigos que se aplican a constructoras que incumplen sus contratos con el Estado en materia de infraestructura vial, un movimiento que frenará la aprobación del texto por al menos un mes.
La consulta fue firmada por los diputados Pedro Muñoz, Óscar Cascante y Shilrey Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Walter Muñoz y Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN); el indpendiente Erick Rodríguez; y los fabricistas Ivonne Acuña, Jonathan Prendas, Marulin Azofeifa, Ignacio Alpízar y Harllan Hoepelman, del bloque independiente Nueva República.
Muchos de ellos votaron favorablemente el proyecto el 29 de julio pasado, cuando se aprobó en primer debate; sin embargo, ahora alegaron haber conocido disconformidades del sector construcción.
En su primer debate, el proyecto contó con el apoyo de 45 diputados, de todas las fracciones posibles.
El proyecto consta de un solo artículo para reformar la Ley de Contratación Administrativa, según el cual se podrá inhabilitar por períodos de entre tres y diez años “a la persona física o jurídica que, sin justa causa, incurra en incumplimiento graves”.
Además, elimina el apercibimiento como parte de ese proceso, “cuando se trate de incumplimientos graves en contrataciones relacionadas con proyectos de infraestructura vial”.
La presentación de esta consulta fue criticada por la diputada Karine Niño, del Partido Liberación Nacional (PLN), en la sesión de este martes del Plenario legislativo, donde aseguró que le parecía absurdo que sus compañeros diputados hubieran esperado hasta este momento, después de la aprobación del proyecto en primer debate, para expresar sus inconformidades.
Además, Niño criticó la influencia de sectores externos y del exdiputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, quien habría circulado una serie de objeciones que fueron recibidas por varios diputados que ahora firmaron la consulta.
Al respecto, la liberacionista —que ha sido uno de los principales impulsoras de la iniciativa— señaló que varias de esas objeciones de Guevara fueron recogidas “incluso textualmente” en la consulta a la Sala IV.
“La consulta que acabo de revisar tiene palabras textuales sobre las mismas observaciones que el diputado Prendas me envió, que le habían llegado de Otto Guevara. Y quiero ser transparente porque algunos dicen que quieren ser una cosa, pero a la hora de actuar en concreto actúan totalmente distinto, esto es una evidencia de que las palabras se las lleva el viento”, subrayó.
Niño además criticó a diputados como Pedro Muñoz, del PUSC, quien incluso forma parte de la comisión que tramitó el proyecto (Económicos), pero que “nunca se acercó a hablar conmigo de manera directa, para construir algo o mejorar alguna moción”.
Pedro Muñoz, PUSC: “Yo hablé con Otto Guevara y con mucha gente del sector”
Consultado sobre las palabras de la diputada Niño, el legislador Pedro Muñoz (PUSC) indicó a este medio que es cierto que la firma de la consulta respondió a inconformidades que recibió de sectores externos, incluido el diputado Guevara.
“El sector de la construcción está muy preocupado y si usted me pregunta si yo hablé con Otto Guevara, pues sí, yo hablé con Otto Guevara, pero también hablé con mucha gente del sector y hablé con la Cámara de la Construcción, propiamente”, indicó.
Según el socialcristiano, sus preocupaciones son que se hable de una inhabilitación total de las empresas para la administración pública, sin tomar en cuenta especificidades; así como la posible aplicación de estas nuevas normas como un régimen sancionatorio aparte del resto de contrataciones estatales.
“A mí me preocupa, por ejemplo, que a mí me sancione la Municipalidad de Liberia y que entonces quede sancionado para el sector central de la administración pública”.
“También me preocupa que se están poniendo sanciones para contratar con la Administración Pública para un tipo de empresas, y a mí me parece que no puede haber un régimen sancionatorio que le aplique solo a un tipo de empresas, cuando debería ser un mismo régimen para todas”, amplió.
Sobre por qué no se externaron estas preocupaciones antes, Muñoz indicó que “las dudas fueron saliendo y muchas se fueron dando”, pero que él “nunca estuvo al frente” de la discusión.
“Ese proyecto ha tenido un camino tortuoso, se había votado en primer debate y se tuvo que devolver, pero es un proyecto que salió renco de comisión (…) chance sí hubo, pero al final de cuentas, a pesar de las negociaciones, que hubo muchas, el proyecto quedó mal y el trámite de un proyecto de ley no acaba hasta que se aprueba en segundo debate”, puntualizó.
En la misma línea, el diputado Erick Rodríguez Steller ya había señalado también que las inconformidades eran conscientes, “ya sea que las haya dicho Otto Guevara o el Papa”, y que la consulta era un proceso normal, que se hizo “de manera clara”
“Aquí no hay que tener miedo, más bien con esto blindamos el problema. Se lo digo a la prensa y se lo digo a lo que sea, yo no tengo ningún problema con eso. Yo fue uno de los que votó ese proyecto a favor, pero qué hay de malo en blindar ese proyecto”, apuntó.
La consulta en concreto
La consulta de constitucionalidad señala que el proyecto podría infringir los principios de igualdad, de razonabilidad y proporcionalidad de las normas, pues presenta un castigo diferenciado para contratistas viales y la cobertura de los castigos podría extralimitarse a otras obras que marchen correctamente o a otras empresas (en caso de fusión de las sociedades castigadas).
Asimismo, señala que violentaría el principio de tipicidad, pues el texto deja abierta la posibilidad de exponer una “justa causa” que no define de forma concreta y tampoco impone quién estaría a cargo de los controles sobre las infracciones propuestas.
La consulta de constitucionalidad debe resolverse en un período en un período de 30 días hábiles. En caso de que la Sala determine que existe un problema de fondo, la norma podría aprobarse igualmente; sin embargo, podría ser objeto de una acción de inconstitucionalidad.
Estas infracciones graves, señala el plan de ley, serían “las acciones u omisiones del contratista que ocasionen incumplimientos en el proyecto de infraestructura vial pública, que pongan en peligro la vida o la seguridad de las personas” y “las conductas atribuibles al contratista, que causen retrasos y encarecimientos de la obra no previstos y que no logren ser resarcidos en su totalidad mediante la ejecución de otros medios sancionatorios regulados en el cartel y en el contrato”.
También serían “los incumplimientos reincidentes del contratista en la ejecución del objeto contractual sobre los cuales ya ha sido sancionado previamente”, “las causas atribuibles al contratista que conlleven la resolución contractual en sede jurisdiccional” y “las demás faltas graves que así sean establecidas en el cartel y en el contrato”.
La diputada Niño indicó que el proceso “no le quita el sueño”. Eso sí, lamentó considerar que podría tratarse de “una simple medida dilatoria para retrasar procesos”.
“Las constructoras que tuvieron dudas, las grandes en este país, vinieron con abogados para venir a construir, pero lo que no me parece es la forma en que se hacen las cosas. Hablamos de transparencia, pero cuando tenemos que hacer las cosas de frente no las hacemos”, puntualizó.
Sin embargo, el diputado Rodríguez fue más laxo sobre el tema en el Plenario legislativo: “Por un mes no se va a descalabrar el mundo”.
