La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) encontró en la pandemia por COVID-19 el escudo perfecto para meter el acelerador a una reforma que reduce la pensión y alarga la edad de jubilación, mientras ignora recomendaciones de grupos sociales, que piden retrasar la discusión, mejorar inversiones y cobrar a patronos morosos, incluyendo al Estado.
La propuesta que aligeran contempla la opción de eliminar la pensión anticipada, (59 con 11 meses de edad en mujeres, 61 con 11 en hombres), definir el monto con base en toda una vida de trabajo y no los últimos 20 años y rebajar a un 45% el monto de jubilación, independientemente del tipo de salario que se tuvo durante los años de trabajo.
Estas opciones se manejan en tres planes, presentados la semana anterior por la Gerencia de Pensiones, ante la junta directiva de la institución, a partir de un informe de la Dirección Actuarial y Económica (DAE) de la CCSS.
El plan 1 contempla la eliminación del retiro anticipado y mantener la edad de la pensión para ambos sexos a partir de los 65 años, con 300 cotizaciones. De esta forma, según las proyecciones, se podría extender el agotamiento de reservas por 15 años.
El plan 2 consiste en aumentar en dos años la edad permitida para el retiro adelantado, con 65 años como la edad de pensión. Además, la fórmula de cálculo para la jubilación se establece con un único salario promedio de referencia y tomando en cuenta toda la vida laboral. Esta propuesta también contempla incrementar un 0,5% los aportes al régimen cada tres años después del 2029, hasta llegar a un aporte tripartito del 15,16% en el año 2047.
“Es nefasto que en plena pandemia la Caja venga a sacarse de la manga una reforma que afecta a todos los costarricenses que trabajan en este país”, Luis Chavarría, Undeca.
El plan 3 busca aumentar la edad de retiro anticipado para las mujeres, estableciéndolo a partir de los 63 años, mientras que los hombres perderían dicha posibilidad. La fórmula de cálculo para la jubilación se establece con un único salario promedio de referencia, tomando en cuenta todos los años de trabajo y otorgando un 45% de dicho monto para la pensión. Esta propuesta también contempla incrementar un 0,5% los aportes reglamentarios cada tres años después del 2029, hasta llegar a un aporte tripartito del 15,16% en el año 2047.
Según conoció UNIVERSIDAD, el plan 3 es el que ha recibido más apoyo entre la junta directiva de la CCSS.
Las organizaciones sociales organización dentro del Bloque Unitario Sindical (Busco) y Territorios Seguros presentaron iniciativas alternas ante la junta directiva de la institución como parte de los cambios que sugieren los sectores sociales ante la Caja.
Sector social pide posponer la discusión.
Mientras la discusión avanza y podría ser votada esta semana en sesión de junta directiva, los sectores sociales aseguran que este no es el momento para plantear este tipo de cambios, debido a la situación que atraviesa el país por la pandemia de COVID-19.
El secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), Luis Chavarría Vega, miembro del grupo sindical Busco, que planteó una iniciativa, criticó la decisión de discutir el tema y consideró que debió iniciarse en otro momento.
“Es nefasto que en plena pandemia la Caja venga a sacarse de la manga una reforma de pensiones que afecta a todos los costarricenses que trabajan en este país. No hay motivo justificado, en momentos de una crisis tan profunda y de confrontación, para que la Caja se venga a aprovechar y a decir que hay que hacer una reforma a las pensiones”, afirmó.
La crítica fue respaldada por el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, quien tachó de “tramposo” el deseo de aprobar cambios en medio de la situación actual.
“En ANEP pensamos que es el peor momento para discutir un tema tan sensible como el futuro del régimen de pensiones del IVM. Creemos que es hasta tramposo hacerlo en una época donde tanta empresa tiene problemas, hay tanta gente desempleada y donde la clase trabajadora está con el salario reducido o incluso sin él”, señaló mediante un video.
Tanto Vargas como Chavarría consideran que la discusión debe trasladarse para otro momento, iniciativa que fue apoyada por la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (Fectsalud), la cual pidió formalmente la remoción del tema de las sesiones de la junta directiva.
“Procedemos a solicitar, de manera respetuosa y vehemente, la postergación de la toma de acuerdo que reforme nuestras pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Al ser un tema de gran relevancia para patronos y personas trabajadores (cotizantes), consideramos que no ha sido sometido a conocimiento ni discusión profunda de sus interesados”, indicaron mediante una carta.
Convocar a una discusión nacional y saldar deuda del Estado
Además del aplazamiento de la discusión, los sectores sociales han ofrecido una serie de alternativas que no impacten a los trabajadores, pero aseguran que la Caja ha ignorado estas propuestas.
Según Luis Chavarría, los sindicatos pidieron informes para conocer el impacto de reformas aplicadas en otros momentos; sin embargo, los datos no fueron suministrados, lo que limitó el rango de acción y propuestas de la agrupación.
“La propuesta de nosotros era que primero la Caja tenía que rendir cuentas por las reformas del 2017, porque muchos de esos aspectos no se cumplieron y ahora nos salen con esta otra propuesta. Es una señal de que las propuestas que salieron de la mesa de diálogo en aquella ocasión no fueron implementadas por la gerencia”, reclamó.
Desde enero de 2029, los patronos, trabajadores y el Estado aumentaron su aporte al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al aplicarse un incremento tripartito de medio punto porcentual este régimen que aglutina a 1,5 millones de cotizantes.
El coordinador de Territorios Seguros, Carlos Campos, otro de los grupos sociales que presentó una propuesta ante la Caja, indicó que la única forma de lograr reformas reales es sometiendo a discusión pública los cambios, permitiendo que todos los sectores de la sociedad civil participen en la toma de decisiones.
“Lo que hemos sostenido es que tenemos que ver cómo se discute esto, dejando de lado intereses particulares. Es un momento donde tenemos que revisar las situaciones y ponernos de acuerdo, todos. Es necesario un diálogo nacional, tenemos que ponernos de acuerdo en este pacto social nuevo para decir cómo vamos a sacar adelante al país, no podemos seguir sosteniendo privilegios”, expresó.
Campos también criticó la actitud de las autoridades de la Caja, ya que considera que han ignorado a la ciudadanía antes de realizar reformas.
“La gerencia de la Caja está tomando decisiones unilateralmente sin consultas, sin participación. La gerencia de pensiones se ha escondido y está tomando decisiones a su antojo, no estamos de acuerdo ni son de recibo, porque son para afectar a la población”, reclamó.
Como alternativas, la propuesta de Busco pide a la Caja redoblar esfuerzos en los mecanismos de control sobre los reportes de cuotas obrero patronales de las empresas y en las inversiones que realiza la institución.
“Debe haber un mayor control de la evasión de muchas empresas que contratan a trabajadores pero no les pagan las cuotas del seguro social, que se ha venido haciendo una costumbre. Hay que buscar los mecanismos más oportunos para que la inversión de los fondos de pensiones puedan tener los mejores ingresos y no estar solo en bonos del Estado, que en muchas ocasiones se venden y los que se favorecen son empresarios privados”, sugirió.
“La Gerencia de Pensiones se ha escondido y está tomando decisiones a su antojo, no estamos de acuerdo ni son de recibo, porque son para afectar a la población”, Carlos Campos, Territorios Seguros.
UNIVERSIDAD reveló que ¢1,9 billones de los fondos de pensiones de los costarricenses están invertidos en el extranjero, de los cuales $156 millones corresponden a la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense del Seguro Social (OPC-CCSS).
Por su parte, Carlos Campos recordó la deuda que mantiene el Estado con la CCSS, la cual alcanza los ¢1,95 billones y que podría, según su opinión, dar un respiro al régimen del IVM.
“Esa deuda hay que saldarla, es parte de la deuda interna y hemos dicho que por qué no se le cancela. El Presidente (Carlos Alvarado) ha dicho que no tiene dinero, pero eso nos sobra”, dijo.
Campos también señaló la necesidad de tener un mayor manejo de la recaudación de impuestos y pedir al sector financiero un involucramiento más activo en la temática.
“Hay que establecer las acciones colectivas en Hacienda para que la recuperación de los impuestos sea efectiva. El sistema financiero tiene que ser solidario, hay que traerlo a cuentas, así como al Conassif; no es posible que se sigan escondiendo y diciendo que ellos no tienen que establecer esa discusión”, indicó.
¿Por qué surge se buscan reformas?
La Dirección Actuarial y Económica (DAE) de la CCSS presentó ante la junta directiva la “Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, al 31 de diciembre de 2018″, con el objetivo de dar elementos para el análisis de la solvencia del Seguro de IVM y la toma de decisiones.
En el estudio, la DAE determinó que la cantidad de afiliados en la Caja disminuirá de 6,9 por pensionado en el 2018 a 4,4 en el 2030 y a 1,5 en el 2080. Además, las reservas del régimen se agotan, estimándose que para el 2038 no podrá hacerse frente al pago de beneficios.
“El análisis del Balance Actuarial al 31/12/2018 señaló un déficit de aproximadamente ₵100 billones, obteniéndose una Razón de Solvencia del 48,3% (o sea, al 31de diciembre de 2018, hay un déficit que no permitiría al Fondo financiar al 51,7% de las promesas en el período de 100 años bajo estudio)”, indica el informe.
