Representantes de diversos bancos multilaterales destacaron la relevancia del Acuerdo de Escazú para las inversiones y sus principios de acceso a la información, participación y justicia ambiental en un encuentro realizado en San José, Costa Rica; mientras las principales cámaras empresariales continúan oponiéndose a que el país ratifique dicho acuerdo internacional.
El pasado 8 de marzo se realizó aquí la Quinta Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y como parte de ese foro se realizó el encuentro “Los marcos de políticas socioambientales para un ambiente seguro en las inversiones: las oportunidades del Acuerdo de Escazú”.
Ese día la Cepal y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) firmaron un memorándum de cooperación para promover y difundir el Acuerdo de Escazú. Además, según informó la Cepal, representantes del BCIE, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial (BM), del Banco Europeo de Inversiones (EIB) y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) destacaron “la relevancia del Acuerdo de Escazú como herramienta fundamental para generar certeza y estabilidad en las inversiones”.
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Cepal, dijo: “Hay quienes le temen al Acuerdo de Escazú porque dicen que es un acuerdo vinculante, que va a impedir inversiones; al contrario, lo que puede lograr este acuerdo es que las inversiones sean sostenibles”.
“¿Qué pasa si la gente, las comunidades no participan? Pues que llega una inversión, les cae en la cabeza, pues la comunidad dice ‘yo no quiero esto’. Pero si fueron consultados previamente, si son parte de la aprobación de un proyecto creo que hay muchas más posibilidades de que sean inversiones sostenidas en el tiempo y sostenibles en lo ambiental y lo social”, señaló Bárcena.
“Cuando un banco adopta estos principios es porque de verdad estamos fortaleciendo el Estado de derecho y las buenas inversiones públicas y privadas, y con estas inversiones que cumplan los estándares sociales ambientales y de derecho estamos haciendo un avance muy importante en el crecimiento y la aplicación de regulaciones, las reglas claras y la rendición de cuentas”, agregó Bárcena.
Mientras tanto, Jaime Roberto Díaz, Vicepresidente Ejecutivo del BCIE declaró: “Estamos convencidos de que no hay desarrollo ni recuperación económica si no consideramos seriamente la sostenibilidad, y la sostenibilidad no se va a dar si no tenemos canales abiertos de acceso a la información e involucrar a la sociedad desde el inicio de los proyectos”.
Costa Rica lo firmó hace 4 años pero no lo ha ratificado
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información Ambiental, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú es un convenio internacional y el primer acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente, que busca garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
El Gobierno de Costa Rica lo firmó el 4 marzo de 2018; pero la Asamblea Legislativa aún no lo ha ratificado.
Las negociaciones del Acuerdo fueron lideradas por Chile y Costa Rica. Hasta la fecha ha sido firmado por 24 países y firmado por 12, según datos de la Cepal. Hoy 18 de marzo el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric firmó el proyecto legislativo que busca aprobar el Acuerdo y ahora falta su trámite legislativo.
Franklin Paniagua, Viceministro del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), quien participó en el foro de la Cepal la semana pasada, relató el caso del asesinato del líder indígena bribri Sergio Rojas, que hoy cumple tres años de haber sido asesinado.
“El 18 de marzo de 2019, yo era el encargado de implementación del mecanismo de consulta indígena y nos encontrábamos en ese momento conversando con don Sergio Rojas por una serie de situaciones -que también dan vergüenza – que es la tenencia de tierra dentro de los territorios indígenas de Costa Rica. Yo converso con él a las 6 de la tarde, preparando una serie de reuniones que íbamos a tener y a las 3 de la mañana el entonces viceministro de la Presidencia llama para decirme que don Sergio Rojas, con quien yo había estado hablando horas antes ese mismo día, había sido asesinado de 18 balazos en su casa”, contó Paniagua.
Paniagua dijo que algunas veces se quiere presentar la noción de que este tratado no es para Costa Rica, “que tenemos una especie de halo que nos protege”; pero destacó que esa no es la realidad y recordó a personas que han defendido los derechos de las comunidades indígenas y los derechos del ambiente y cuyas muertes siguen sin resolverse, y mencionó a Sergio Rojas, Yehry Rivera, Óscar Fallas, María del Mar Cordero y Jairo Mora.
“Esta situación requiere una solución y esa solución es el Acuerdo de Escazú que requiere su aprobación pronta y pasar a su implementación”, señaló Paniagua.
“Quisiera tender un puente a todo el sector privado, que mayoritariamente se ha manifestado dubitativo o temeroso de este acuerdo, a que entiendan que es la economía que sigue la que se acompaña y se respalda en los valores y en la perspectiva de transparencia y participación que tiene el Acuerdo de Escazú”, dijo el viceministro.
Cámaras mantienen su oposición
Sin embargo, a fines de febrero diversas cámaras empresariales enviaron una carta a los diputados de la Asamblea Legislativa solicitándoles que no ratifiquen el Acuerdo, externando sus argumentos.
En una carta enviada por diversas cámaras el 25 de febrero, indican ratificar el Acuerdo de Escazú “atenta contra la urgente reactivación económica y la estabilidad de cientos de miles de los empleos en todo el país, contribuyendo aún más con el índice de desempleo y pobreza”.
Argumentan que “el contenido del Acuerdo se encuentra cargado de vicios jurídicos e imprecisiones, y daña la seguridad jurídica, como lo indica el artículo 7 incluyendo la Participación Pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, lo cual provocaría un efecto negativo en las empresas instaladas en nuestro país”.
También afirman que “permitiría a personas o grupos paralizar la producción, bloquear el uso de nuevas tecnologías de producción o inversiones en infraestructura; sin un sustento técnico amparándose en el principio precautorio”.
Esa carta fue firmada por la Cámara Nacional de Bananeros, la Cámara de Comercio de Costa Rica; la Cámara Costarricense de la Construcción; la Cámara de Exportadores de Costa Rica, la Asociación de Productores de Banano, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, la Cámara de Exportadores de Raíces y Tubérculos, Asociación de Productores de Banano, la Corporación Bananera Nacional y la Cámara de Comercio Exterior.
Otra carta, enviada a los diputados el 24 de febrero por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) señala que el Acuerdo de Escazú “fue construido y firmado sin la participación, de los distintos sectores que se verán afectados, incluidos los representados por la Uccaep”; y que “no toma en consideración los derechos de las empresas sobre la confidencialidad de cierto tipo de información, ni los derechos derivados del adecuado tratamiento de datos sensibles”.
Asimismo, señalan que “provocará la paralización de la producción de cualquier actividad económica, en especial la del Sector Agropecuario, debido a que compromete al Estado a darle al acusador medidas cautelares para detener cualquier supuesto daño, deteniendo la producción de una finca o proyecto en construcción y afectando la inversión”.
UNIVERSIDAD envió varias consultas a la Cámara de Comercio de Costa Rica, a la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) y a la Uccaep.
Entre las preguntas estaban: ¿podrían citar cuál país o países que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú ha sufrido un impacto negativo después de aprobar y ratificar el Acuerdo por dañar su seguridad jurídica y cuál sería el impacto sufrido con datos y pruebas? y ¿podrían precisar qué empresas y en qué país han perdido competitividad o sus exportaciones se han visto afectadas directamente porque el Gobierno de ese país ratificó el Acuerdo y cómo se puede probar eso?
También se les preguntó qué pensaban sobre las afirmaciones de los representantes de bancos internacionales de que el Acuerdo de Escazú era importante para las inversiones.
Sin embargo, únicamente la Uccaep y la Cámara de Comercio respondieron e indicaron que sus posiciones ya estaban plasmadas en las cartas dirigidas a los diputados.
Con respecto a la firma del Acuerdo de Escazú por parte del nuevo presidente de Chile, Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público, de la Universidad de Costa Rica comentó: “Con este anuncio Chile rectifica un error de lectura bastante grosera de la administración del Presidente Piñera que se empecinó en inventar ‘argumentos’ insostenibles e indefendibles para frenar la aprobación del Acuerdo de Escazú.
