Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en segundo debate el expediente 19.117 (Ley para la Pérdida de Credencial de Diputado por Violación del Principio de Probidad), una reforma constitucional que permitirá revocar a cualquiera de los 57 congresistas que infrinja el deber de probidad mientras ocupe una curúl.
Específicamente, el proyecto reforma el artículo 112 de la Constitución Política, al que se añadió un párrafo en el que se indica que “la violación de ese deber producirá la pérdida de la credencial de diputado”, para lo que se establecerá una ley que especifiquen “los casos y los procedimientos” para su aplicación.
Ante la aprobación, el diputado Ottón Solís, proponente de la iniciativa, lamentó que la segunda aprobación se diera “tan tarde (…) casi como a propósito para que no entrara en vigencia y no nos afectara a nosotros”.
Solís presentó la iniciativa desde el primer día de sus gestiones en mayo de 2014; sin embargo, la ley recibió primer debate hasta mediados de enero y el segundo hasta la tarde de este jueves.
“Por lo menos vamos a crear la posibilidad de que entre en vigencia en el próximo periodo de sesiones ordinarias, a partir del primero de mayo, con la lectura que el presidente pueda hacer del proyecto”, señaló.
En total, votaron favorablemente la iniciativa los 41 diputados presentes; aunque en el primer debate sí se opusieron Abelino Esquivel (PRC), Jorge Arguedas, José Ramírez y Ligia Fallas del Frente Amplio (FA).
En aquel momento, Fallas alegó que la destitución de un diputado —por ser un representante popular— sólo podría realizarse vía referéndum.
Por tratarse de una reforma constitucional, como mencionó Solís, ahora será necesario que el presidente Solís dé lectura al proyecto en su informe del 1 de mayo; uno de los dos requisitos que quedan, junto con una nueva doble aprobación de la nueva nómina legislativa. Ese proceso quedará para los 57 nuevos diputados.
De aprobarse el proyecto, se cerrará el vacío legal que impide sancionar a los legisladores por faltar al deber de probidad en la función pública, cuyas obligaciones se establecen en el Estatuto de Servicio Civil (Ley 1.581).
