Tres proyectos de ley se aprobaron entre lunes y miércoles, como parte de una semana clave en la que la Asamblea Legislativa dio su primera votación afirmativa a los expedientes 19587, 19117 y 19116.
Estos expedientes contienen una prohibición a los congresistas para el nombramiento de familiares en puestos de confianza, así como la posibilidad de que los diputados pierdan sus credenciales por faltar al deber de probidad y el acortamiento de los plazos entre las rondas electorales.
La primera de las aprobaciones ocurrió este lunes con el proyecto que prohíbe el nepotismo por parte de los diputados, lo que refiere a la imposibilidad de que contraten familiares —por consanguinidad o afinidad hasta en segundo grado— en plazas de confianza.
Esta votación se aprobó con 42 votos a favor y ninguno en contra, incluido el voto de Abelino Esquivel, legislador del Partido Renovación Costarricense (PRC) que había sido acusado en distintas ocasiones de retrasar el procedimiento.
Los asambleístas además aprobaron una moción propuesta por varios diputados para que el documento sea revisado por distintas instituciones antes de su aprobación final, trámite que se estableció con un plazo máximo de ocho días.
Entre las instituciones que serán consultadas están la Presidencia, la Contraloría y la Procuraduría General de la República (CGR-PGR), así como el Servicio Civil, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, la Dirección Administrativa, el Departamento de Servicios Técnicos, los partidos políticos y el sindicato de trabajadores de la Asamblea.
En esta línea, el diputado Esquivel aseguró que su intención es “saber qué piensan las instituciones en el campo laboral”, aunque votó favorablemente “contrario a todas las mentiras que dijo la prensa y las acusaciones de algunos compañeros diputados”.
Además, apuntó que le parece importante regular la materia en todos los poderes y todas las instituciones públicas, incluidas las autónomas, para lo que ya propuso un proyecto de ley al respecto (expediente 20676). “Es un tema que debería regularse y no está regulado por ley”, dijo.
La propuesta aprobada fue presentada con la firma de todos los diputados del Frente Amplio (FA).
Destitución de diputados
Otro proyecto que fue aprobado en primer debate fue el de la Ley para la Pérdida de Credencial de Diputado por Violación del Principio de Probidad, presentado por el diputado Ottón Solís y en el que se propone una reforma al artículo 112 de la Constitución Política.
Específicamente, el proyecto sostiene que la adhesión de un párrafo a ese apartado, en el que se resume que “la violación de ese deber producirá la pérdida de la credencial de diputado, en los casos y de acuerdo con los procedimientos que establezca una ley que se aprobará por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa”.
Esta aprobación ocurrió con el voto favorable de 38 diputados, a quienes sólo se opusieron los diputados Abelino Esquivel (PRC), Jorge Arguedas, José Ramírez y Ligia Fallas del Frente Amplio (FA).
Ante su negativa, la diputada Fallas comentó antes de la votación que —desde su punto de vista— la reforma no tendría sentido al tratarse de un Gobierno de representación popular, por lo que aseguró que la única potestad de elegir o destituir a legisladores debería recaer en el pueblo a través del sufragio.
“Cuando hay un puesto que es de elección popular no se puede quitar porque alguien desee quitarlo o bajo ninguna causal porque sólo el soberano, que fue el que decidió delegar esa función y esa responsabilidad a la persona por la que votó, sería la que lo podría quitar”, explicó.
A esto añadió que entonces debería realizarse un marco regulatorio para establecer cómo y bajo cuáles causales podría solicitar el pueblo una destitución, en la figura de un referéndum revocatorio provincial.
Además, alegó que dejar todo en manos de una nueva ley podría significar que todo se postergue de manera importante, como suele ocurrir con proyectos que se estancan por años en la corriente legislativa.
Ante esta posición, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Sandra Piszk, respondió que para evitar eso existen proyectos que buscan fijar un plazo límite a la discusión de los proyectos, mediante reformas reglamentarias legislativas que todavía podrían aprobarse si así lo quisieran los demás congresistas.
Por su parte, del diputado proponente Ottón Solís aseguró que “no quiso celebrar” la aprobación por el tiempo que se tardó en ella, que abre apenas el primer paso de una serie de movimientos que pudieron realizarse desde hace ya mucho tiempo.
“No va a entrar en vigencia en este periodo, a pesar de que ese proyecto lo presenté a las 9:05 de la mañana del 1 de mayo cuando entré aquí de diputado, es un proyecto al que pudo habérsele dado todo el proceso que implica una reforma constitucional, pero usando trucos y con hipocresías enormes, no se quiso permitir que avanzara”, apuntó.
“Ahora en campaña se da un paso, pero es sólo un paso… se aprobó en primer debate, pero es una reforma constitucional”, subrayó.
Tiempo electoral
Por su parte, la última de las aprobaciones —con 39 votos a favor y ninguno en contra— ocurrió este miércoles con otra reforma constitucional propuesta por el oficialista.
La propuesta —que pretende reducir el plazo entre la primera y la segunda ronda electoral presidenciales— recibió primer debate este miércoles, también “muy tarde” según el diputado Solís, quien señaló que “la desidia de algunos diputados y la oposición velada de otros” impidieron el avance de los proyectos, por lo que “la reducción entre rondas no se aplicará en el presente proceso”.
En esta línea, consideró necesario destacar el problema de los atrasos en la función legislativa, un inconveniente que no ocurre solo en obras públicas, sino que se traslada hasta el propio Plenario. En el campo electoral, por ejemplo, destacó que no haber aprobado a tiempo la reforma complicará al Ejecutivo armar su gabinete.
Con el proyecto de reducción de tiempos, se buscará modificar el artículo 138 de la Constitución Política, de modo que se movilice la segunda ronda al domingo siguiente en el mes posterior a la declaratoria oficial sobre los candidatos participantes.
No obstante, la aprobación final de las dos reformas constitucionales propuestas por Solís deberán seguir un largo proceso que apenas inicia; entre su consulta constitucional, su aprobación en segundo debate, la aprobación del Ejecutivo (un 1 de mayo) y una nueva aprobación legislativa en nuevos debates.
