A principios de 1980 Berta Aurora Rojas Cancino entró a trabajar a una empresa en su país, Chile, y en marzo del mismo año cambió el sistema de pensiones y tuvo que afiliarse al sistema de capitalización individual obligatoria de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
“Sin saber en esa época lo que iba a ser en el futuro, uno era muy joven y como era una obligación, estábamos en un gobierno militar, era una dictadura, yo me cambie porque la empresa nos dijo que era una obligación; tuve que aceptarlo y no cuestionar nada”, contó Rojas en entrevista telefónica con UNIVERSIDAD.
La misma empresa les decía a cuál AFP debían afiliarse.
Rojas trabajó dos años, la despidieron; luego se casó, tuvo dos hijos y no volvió a trabajar fuera del hogar hasta varios años después. Laboró durante 16 años hasta que quedó cesante nuevamente y luego trabajó los últimos 13 años en una tienda de retail en Santiago.
Primero tuvo una pensión de invalidez por tres años por artrosis de rodilla; pero después se la cuestionaron y tuvo que dejar esa pensión, que le pagaba el 50% del sueldo de lo que ganó en los últimos tres meses. Recibía 350.000 pesos de pensión al mes.
Sin embargo, tuvo que iniciar su trámite para regular la jubilación y ahora recibe una pensión de 154.000 pesos al mes (unos 180.000 colones), teniendo una cuenta de ahorro en pensiones de 36 millones de pesos y 28 años de estar trabajando.
“A los 60 años en mi país eres viejo para trabajar; pero eres joven para jubilarte y con la jubilación miserable que recibe uno, ¡154.000 pesos! cuando a la semana te gastas mínimo 200.000 pesos. En luz y agua se te va todo y cada año te hacen una investigación para ver si te suben o bajan la pensión. En el sistema antiguo la pensión era el 70% del sueldo y nos lo quitaron. Pero los que no cotizan en las AFP son los del gobierno, a los militares sí los dejaron en el sistema antiguo”, explicó Rojas.
“Las AFP son un sistema nefasto en este país. A nosotros que no tuvimos la opción de decidir, nos embarraron. Así que eso es pensionarse en una AFP: es embarrarse la vejez, es seguir trabajando en el supermercado de empaquetador porque no tienes otra opción de trabajo porque eres viejo, cuando has dado todo para tener una pensión digna. Por eso mi país se rebeló y se cansó. ¡No más AFP!”, exclamó Rojas.
Ahora quieren deshacer las privatizaciones
Entre 1981 y 2008, once países latinoamericanos —la mayoría con patrocinio del Banco Mundial— implementaron reformas estructurales de pensiones. Pero entre 2008 y 2010 tres países latinoamericanos que habían privatizado sus sistemas (Chile, Argentina y Bolivia) revirtieron esas privatizaciones.
El consultor Carmelo Mesa-Lago preparó la monografía “Conclusiones y recomendaciones de la evaluación de cuatro décadas de privatización de pensiones en América Latina: promesas y realidades”, con el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert, para extraer lecciones de la experiencia latinoamericana.
“Aunque las desigualdades del género existen en los sistemas de pensiones privados y públicos, los últimos son relativamente más neutrales o positivos, al conceder la pensión mínima con menos años de cotización, basar la fórmula de la pensión en los últimos años de la vida laboral y utilizar tablas de mortalidad unisexo”, escribió Mesa-Lago.
El consultor apuntó que la mayoría de las reformas aumentaron los años requeridos para obtener una pensión mínima, haciendo más difícil para las mujeres recibirla. El promedio de años requeridos es 24,3 en los sistemas privados y 17,6 en los públicos. También señaló que los aportes son durante toda la vida laboral, y se aplican tablas de mortalidad diferenciadas por sexo, que generan pensiones inferiores para las mujeres.
Algunos de estos gobiernos latinoamericanos decidieron revertir sus procesos de privatización. En el 2008 Argentina extendió el sistema contributivo a grupos de más bajo ingreso; expandió la inclusión social de la población adulta mayor y las madres en las pensiones no contributivas; y otorgó una prestación no contributiva a las madres si tienen siete o más hijos y carecen de recursos.
En el 2010 Bolivia universalizó y redujo la edad para la llamada Renta Dignidad; “creó la pensión semi-contributiva, un fondo de solidaridad y una cotización solidaria impuesta al empleador y al asegurado de alto ingreso”; y redujo un año de cotización por cada hijo nacido vivo.
Aunque Chile mantuvo su sistema privado “mejoró la cobertura, solidaridad social, equidad de género y sostenibilidad financiera”. También “concedió un bono por cada hijo nacido vivo que devenga interés anual y se hace efectivo al tiempo de la jubilación”.
El documento sugiere medidas para corregir las discriminaciones de género en los sistema de pensiones:
-Expandir la cobertura femenina de la Población Económicamente Activa (PEA).
-Expandir la cobertura de las adultas mayores por pensiones del régimen no contributivo.
-Incorporar obligatoriamente a las empleadas domésticas en El Salvador y México.
-Ofrecer afiliación voluntaria a las trabajadoras del hogar (amas de casa).
-Compensar a las mujeres por el tiempo que dedican a cuidar a los hijos otorgándoles un año de cotización o un bono por cada hijo nacido vivo.
-Compensar a la mujer por el cuidado en el hogar de ancianos y discapacitados.
