Atascada en resolver la viabilidad y constitucionalidad del proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.366), la Asamblea Legislativa ahora camina lejos de las agendas políticas que inauguraron la pandemia.
“Tuvo un accionar inmediato en donde apoyó las instituciones públicas encargadas de permear en la crisis: se diseñaron instrumentos como la fijación de los precios de los combustibles; el bono Proteger, etcétera. Sin embargo, esto duró poco. Fue una solidaridad efímera. Algunas fracciones aprovecharon la pandemia para impulsar con mayor velocidad perspectivas ideológicas que no habían podido impulsar antes”, opina la diputada Paola Vega, una de los pocos diputados oficialistas que critican el manejo político y económico de este último año.
“Los poderes Legislativo y Ejecutivo han sido tímidos frente a las élites económicas. Quienes sí tienen claridad de su ruta, y tienen consenso para imponer en esta pandemia son las élites económicas. Han logrado que ciertas discusiones no se posicionen y que otras sí. Ni desde el Ejecutivo ni el Legislativo se ha visto un contrapeso fuerte para nivelar la balanza e incluir a otros sectores que no son tan poderosos económicamente”, denuncia Vega.
El diputado José María Villalta (del Frente Amplio) apuntala que la “presión de sectores empresariales” fue explícita cuando los diputados abandonaron los proyectos para suspender pagos de los créditos y para reducir los alquileres.
“Después de la presión de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles (en la Asamblea), el proyecto de moratoria de alquileres quedó en el olvido. Mientras que a los trabajadores les siguen bajando y congelando los salarios, y rebajando las jornadas”, afirmó Villalta en entrevista con UNIVERSIDAD.
El diputado cuenta tres reducciones de jornadas, la última de ellas aún está pendiente de un segundo debate. Pero es un ejemplo de cómo cambian las posturas en el Congreso. Esta última vez, la reducción se aprobó inicialmente para el sector turístico (porque está operando con pocos turistas internacionales) y, en el plenario, una solicitud de los liberacionistas y socialcristianos logró que se incluyera a empresas de operación local: al sector autobusero y, también, a la cultura y el entretenimiento.
La Asamblea abraza estas contradicciones, se rehúsa a pasar nueva legislación que regule relaciones entre privados y consumidores.
“Prevaleció el criterio neoliberal de que cada banco haga lo que le dé la gana de hacer, que fue la línea que el Gobierno acogió. Tenemos información de que hay entidades financieras que se han aprovechado y están rematando propiedades. O readecuaron los créditos en perjuicio de las personas deudoras”, dijo Villalta.
Los diputados Villalta y Wálter Muñoz (Partido Integración Nacional) señalan, como lo hace Vega, que el trabajo está desacoplado de las soluciones mundiales a la crisis.
“Al disminuir el Empleo Público, lo que estamos haciendo es reducir los ingresos a un grupo de gente vital para enfrentar temas de educación, salud, inmunidad, entre otros, eso es base para un país”, asegura Muñoz, quien pide empleo con modelos cooperativistas, intervenir la administración de la Caja Costarricense del Seguro Social y reducir el costo de la vida.
Agenda fiscalista sustituyó preocupación social
Desde el PIN, Wálter Muñoz pide que las fuerzas políticas trabajen una agenda de reactivación económica. Pero, dice, “hay que pedir reactivación económica verdadera y no proyectos fiscalistas de reducción del gasto, que no conducen a absolutamente nada que no sea aumento de la pobreza y del desempleo”, asegura Muñoz.
Una rendición de cuentas del último presidente de la Asamblea, Eduardo Cruickshank, promulga que dirigió “la segunda legislatura más productiva en la historia del congreso” porque se aprobaron 136 proyectos de ley
¿Cuáles proyectos? Cruickshank destaca las reducciones de jornadas y también las reducciones al marchamo que pagaron los conductores (a su vez un recorte para ingresos de instituciones públicas); el traslado de los feriados a los lunes para promover turismo nacional (amenazado por la poca liquidez de personas en precariedad laboral); exoneraciones y modificaciones en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para construcción y turismo. Sobre el IVA, Wálter Muñoz reclama que no ha habido un plan similar para medicamentos (promueve, asimismo, el control de precios de las grandes casas farmacéuticas) o la canasta básica.
Paola Vega asegura que la Asamblea “rehuye” de estos temas. “No es solo Joe Biden (en Estados Unidos); en la Unión Europea y la región de América del Sur también: están discutiendo sobre renta básica universal, sobre reformas tributarias progresivas y solidarias. Costa Rica parece estar en otra sintonía, desconectada de estas discusiones mundiales e incluso desconociendo los llamados del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a hacer ajustes tributarios para sobrevivir el mundo post pandémico”, dice Vega.
Wálter Muñoz espera que la nueva presidenta legislativa, Silvia Hernández (y propulsora de una fiscalización puntillista de lo que gasta el Estado) recupere unidad entre las fracciones.
“Debemos llegar a una agenda desde la Asamblea Legislativa y no desde el Ejecutivo. Debemos participar apuntando los proyectos prioritarios para construir una agenda en el campo económico, pero también en el campo social. Y que esa agenda permita abiertamente mejorar la economía familiar”, pide el diputado.
Más escéptico, Villalta piensa que el Congreso requiere sustituciones políticas en el 2022.
“Lo que se reproduce es el discurso del Gobierno: de sálvese quien pueda. Que quien tenga plata que se vaya a vacunar a Miami, reducir jornadas laborales sin proteger trabajadores que quedan botados, sin presupuesto para instituciones… Creo que para esos diputados que se sienten orgullosos de este periodo, la Asamblea Legislativa le quedó debiendo a los sectores más vulnerables de la población”, afirma el frenteamplista.
Paola Vega, PAC
“Bajo la excusa de reactivación económica y la atención de la crisis, la Asamblea Legislativa se centró en los grupos más poderosos. Han dado reducción de jornadas al sector privado, sin valorar si las familias a las que se les reduce jornada y salario pueden sostener sus obligaciones y vivir dignamente con estos rebajos. Hay un ataque muy centrado en el sector público, curiosamente quien ha dado la cara en la pandemia”
Wálter Muñoz, Partido Integración Nacional
“No podemos seguir adelante este año si no apoyamos a los sectores productivos: agrícola, pesquero, ganadero. Estos sectores están, prácticamente, en quiebra. No debemos aceptar más préstamos ni más impuestos sin que en el informe del presidente Carlos Alvarado se haya mencionado en ningún lugar, el ataque a la evasión, elusión, contrabando, entre otros. Seguimos igual que el primer año: poniendo impuestos”.
José María Villalta (Frente Amplio)
“Hay recortes brutales al presupuesto cuando más se ocupa. Todo esto porque no quisieron buscar alternativas para obtener ingresos en el marco de la emergencia. Por ejemplo, con proyectos para que los más ricos contribuyan un poco más. Esos proyectos quedaron en el olvido y el Gobierno siguió con su agenda recortista y austericida”.
