País Fortalece lucha contra la corrupción

Aprueban en segundo debate nueva Ley de Contratación Pública que estandariza compras públicas

Nueva ley refuerza el régimen de prohibiciones para que funcionarios públicos que puedan tener conflictos de intereses o que ocupen una posición de poder no puedan participar en contrataciones públicas.

Los diputados aprobaron hoy en segundo debate la Ley General de Contratación Pública, que deroga la ley 7494 de 1995, que establece mecanismos de ahorro transparencia y estandarización de procedimientos de compras publicas, al tiempo que fortalece la lucha contra la corrupción, destacaron los legisladores.

La diputada liberacionista Ana Lucía Delgado destacó que el proyecto, que fue aprobado con 48 votos a favor, “es un proyecto consensuado con todo el aparato institucional público y privado; es una reforma de Estado”.

Delgado citó que en el 2018 se ejecutaron ¢4.3 billones en compras publicas sin considerar la factura petrolera, monto que representa el 12.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

La diputada liberacionista Yorleny León, señaló que el proyecto -el cual se aprobó en primer debate en agosto pasado- incorpora la obligatoriedad de que la totalidad de procesos de contratación pública se realicen en un programa digital unificado, mediante un sistema electrónico. También permite crear un banco de información para ver la experiencia de proveedores y contratistas.

León afirmó que la Contraloría General de la República (CGR) estima que este cambios significa un ahorro que ronda el 1.55% del PIB.

Pero la reforma va más allá de crea un único sistema de compras, con el objetivo de generalizar en el país el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Fortalecimiento de la lucha contra la corrupción

El diputado frenteamplista José María Villalta enumeró diversos cambios que traerá la nueva ley, en la lucha contra la corrupción y en la eliminación de abusos.

Mantiene y refuerza el régimen de prohibiciones para participar en contrataciones publicas “en el caso de funcionarios públicos que puedan tener conflictos de intereses o que ocupen una posición de poder, que pueda incidir sobre el resultado de la contratación, sus familiares, sus empresas, sus negocios”, explicó Villalta.

Se establecen obligaciones de actuar ético también para los sujetos privados “porque cuando hay corrupción se ocupan dos. Se ocupa un funcionario que ponga la mano pero también un sujeto privado que quiera pagar esa coima”, apuntó.

Se autoriza a la CGR a acceder a la información que está en el Registro de Beneficiarios Finales creado por la ley contra el fraude fiscal, “que permite saber quiénes son los que están detrás de personas jurídicas; por ejemplo sociedades mercantiles, para verificar que determinada empresa que se quiere contratar, o una determinada persona jurídica, sí está cubierta o no por las prohibiciones de esta ley”, señaló el legislador.

“Eso le da dientes a las autoridades para prevenir y fiscalizar ese conflicto de intereses. Hoy solo se da una declaración jurada”, recordó.

Se establecen sanciones a los funcionarios públicos que incumplan con las normas de esta ley pero también se sanciona a los sujetos privados que promuevan el incumplimiento o faltas éticas o actos de corrupción.

Asimismo, se establecen normas que buscan reducir plazos de los procesos de contratación, se limitan los casos y los plazos para resolver recursos de apelación, “eso que usan contratistas privados para bloquear por años contrataciones que son urgentes; ahora se establece una multa por presentación de recursos temerarios, sin fundamento o actuando de mala fe”, agregó Villalta.

La nueva ley contempla la posibilidad de una estrategia para incentivar la participación de las Pymes en procedimientos de contratación pública, dando un puntaje adicional a las compras que se hagan a Pymes con raíces locales, que contraten trabajadores y generen beneficios para las comunidades locales.

El diputado Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional, denunció que actualmente el monto de adjudicación de compras públicas a empresas en el centro del país representan más del 96% de las adjudicaciones.

La ley crea estrategias y políticas para fomentar la participación de las Pymes, establece la obligación de otorgar un puntaje de hasta un 10% en el sistema de calificación de las ofertas a aquellas Pymes que emplean a personas de la región donde se implementa el servicio, explicó Cruickshank.

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