El plenario legislativo con 39 votos aprobó en segundo debate el proyecto de “Ley para revocar o modificar el beneficio de libertad condicional al condenado que sea arrestado en el disfrute del beneficio”.
La iniciativa forma parte de la agenda en temas de seguridad que se ha trabajado en acuerdo entre las diferentes fracciones y los poderes Legislativo y Ejecutivo, sin embargo su aprobación se vio aderezada por una intensa polémica entre la diputada proponente, la socialcristiana María Marta Carballo, y Gloria Navas, de Nueva República y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
En esencia, la nueva ley dispone que si una persona que goza del mencionado beneficio carcelario es aprehendida en flagrancia o como parte de una investigación, el Juzgado de Ejecución de la Pena que aplicó el beneficio “ordenará la suspensión provisional de la libertad condicional y remitirá a esa persona al centro penitenciario donde se encontraba recluido”, mientras en un plazo máximo de un mes el Instituto Nacional de Criminología emitirá un dictamen “donde se indique si existe alguna variación en el criterio bajo el cual se le concedió el beneficio”.
Si es así, el juez de Ejecución de la Pena “revocará de manera inmediata y definitiva el beneficio de libertad condicional”.
La polémica inició porque cuando el plenario se aprestaba a votar el proyecto, Navas pidió la palabra para hacer una “advertencia”, dejando claro que sí pensaba votar a favor. La legisladora dijo que ya la ley faculta a los jueces para levantar ese tipo de beneficios si la persona delinque, y advirtió que “aquí puede haber un conflicto con el principio de inocencia, por el hecho de que a una persona se le arreste o detenga presuntamente porque comete un delito, todavía no está sentenciada por ese delito” por eso “obviamente no se le puede tomar en cuenta para ordenarle una sanción y revocarle un beneficio, mandarlo a la cárcel otra vez, por un hecho por el cual no ha sido condenado”.
Entonces, Carballo intervino y le dijo a Navas que “me causa un poco de duda cuando usted por un lado nos dice a este plenario que eso ya se puede hacer, pero por otro lado nos dice que puede estar contraviniendo el principio de inocencia”.
La diputada socialcristiana exhibió citó un ejemplo de una captura en la mañana de hoy por parte del OIJ de “unos muchachos en Guápiles, como sospechosos de ser gatilleros” de una banda criminal; “pero van para la cárcel, entonces ¿se está contraviniendo el principio de inocencia?”, preguntó, pues “todavía no tienen una condena en firme”.
Así, Carballo mencionó por nombre los casos de varias personas que fueron asesinadas por sujetos que gozaban de beneficios carcelarios y contaban con amplio expediente. “A 2019, 80 familias han llorado la muerte de un ser querido a manos de una persona condenada, con beneficio carcelario y salió a matar”, apuntó.
Carballo insistió en que el proyecto “revoca el beneficio carcelario de manera provisional, mientras en un mes el Instituto Nacional de Criminología indica a los jueces si varían las condiciones. Yo aquí no se cuál principio de inocencia ni cuál debido proceso se está transgrediendo”, tras lo cual destacó que la iniciativa es “producto del trabajo de todas las bancadas”.
Navas, quien entre otras cosas ha fungido como fiscal y defensora pública, replicó y le dijo “con todo respeto, sinceramente creo que está totalmente perdida. Es un tema fundamental desde el punto de vista constitucional y procesal en materia penal”.
“Después de lo que usted ha agregado ahora, jamás puedo votar a favor de ese proyecto”, por “un punto de principio y de conocimiento en esta materia”, manifestó y procedió a aleccionar a la socialcristiana.
Navas en primer lugar mencionó que la Constitución garantiza un debido proceso y el respeto al principio de presunción de inocencia, “es un derecho fundamental, como lo es el derecho a la vida, como lo es el derecho a tener un juicio justo”.
“La pretensión de este proyecto es que se levante el beneficio, se le detenga, se le quite el beneficio, vaya usted para la cárcel, pero por el nuevo delito que no ha sido juzgado. Si no ha sido juzgado, no se ha cumplido con los requisitos del artículo 39 de la Constitución Política: nadie puede ser sentenciado si no se respeta el derecho del debido proceso y por un juez de la República”, manifestó con vehemencia Navas.
“Eso es lo que usted no ha logrado comprender, una cosa es la ejecución de la pena dentro del procedimiento y la tramitología que se hace para otorgar un beneficio de este tipo”. Añadió que “a la población no le podemos decir cosas que no son ciertas” y que “si no han vigilado correctamente, eso se arregla reglamentariamente, se arregla administrativamente, usted no tiene que dictar una ley nueva para tener orden en los controles, eso no es necesario”.
Sobre el ejemplo de Guápiles utilizado por Carballo, manifestó que “una cosa es la prisión preventiva cuando se comete presuntamente un delito, se lleva ante el juez a la persona capturada y el Ministerio Público solicita prisión preventiva como una medida cautelar, no es sanción de prisión”.
“Voy a votar en contra ese proyecto precisamente porque la promotora del proyecto está haciendo una serie de elucubraciones que son totalmente erradas y confusas”, anunció entonces.
Al final, la nueva ley se aprobó por 39 votos contra dos, de Navas y de la liberacionista Dinorah Barquero.
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