La idea es que el Estado cuente con un ente capaz de ejecutar obra pública estratégica para el desarrollo nacional y la haga “con agilidad, a bajo costo y con eficiencia, como lo tenía antes el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)”.
Así comenzó a describir el diputado de Acción Ciudadana (PAC) y precandidato presidencial Welmer Ramos la idea central detrás del proyecto que presentó, que pretende que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se consolide como ese ente constructor del Estado.
Se trata de proyecto tramitado con el número de expediente 22.570, parcamente titulado “Ley para autorizar al Instituto Costarricense de Electricidad para desarrollar obra pública”. Básicamente introduce unas modificaciones a varios artículos de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones.
De acuerdo con Ramos, la iniciativa permitiría “echarle una mano” a entes como las juntas de educación pública que “generalmente no tiene las capacidades para hacer licitaciones o expropiaciones y gestionar la construcción de infraestructura”. Añadió que “vendría a crear sinergias con las municipalidades y las asociaciones de desarrollo para darle agilidad y transparencia a mucha construcción de puentes y caminos”.
Ramos añadió que el ICE ha demostrado que “no solo tiene las capacidades técnicas, sino que tiene le equipo para hacerlo. Lo ha demostrado a través de la construcción de megaproyectos”.
Observó además que “todos los países del mundo tiene un ente constructor, algunos se valen de los ejércitos”.
La iniciativa de Ramos surge en momentos en que el país se revuelve entre indignación y asombro ante los alcances del llamado caso Cochinilla.
Al respecto, Ramos apuntó que su propuesta le va a permitir al país comparar eficiencia, costos, tiempos o calidades entre la obra pública construida por la empresa privada y la construida por el ICE, lo cual “es tan necesario en estos tiempos en que monopolios y oligopolios se valen de muchas estratagemas para encarecer los costos de obra púbica a la sociedad”.
Romper esquemas de corrupción
Cabe recordar que en marzo del año pasado, la administración Alvarado cedió ante presiones de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) y limitó precisamente la participación del ICE en proyectos de construcción de infraestructura pública.
Tras presiones de Cámara de Construcción, ICE redujo su aporte en obra pública
Esto le va a permitir al país que al tener un ente constructor del Estado, vamos a poder comparar eficiencia, costos, tiempos, calidades entre obra pública y la construida por el sector privado, que es tab necesario en estos tiempos en que monopolios y oligopolios se valen de muchas estratagemas para encarecer los costos de obra púbica a la sociedad.
Al respecto y a la luz de su iniciativa de ley, Ramos señalo que “desde luego, los grupos oligoplólicos y monopólicos han establecido un cierto poder económico, político y mediático, gestionado en favor de sus propios intereses desde una perspectiva ideológica, ni siquiera científica ni técnica”.
Esa perspectiva ideológica, según dijo, se resume en que “el Estado per se es ineficiente y la empresa privada per se es eficiente y más barata”, pero, en criterio del legislador, “una y otra vez nos hemos llevado tropezones porque no es cierto lo uno ni lo otro, lo que se necesita son equilibrios”.
Como ejemplo de ello destacó que “APM Terminals es mucho más caro de Japdeva y más ineficiente, tenemos que tener controles para que eso no suceda”.
Respecto al caso Cochinilla, dijo que “es terrible”, y también citó el caso de la carretera San Ramón – San Carlos, “no puede ser que una carretera que subió de $60 millones ya va por $300 millones, no para de subir y no se termina, eso refleja enormes falencias de control hacia la empresa privada, que lo que le interesa es maximizar ganancias y no tiene ningún objetivo social”.
Subrayó además la necesidad de romper con los esquemas denominados puertas giratorias, es decir “poner a los mismos interesados” del sector de la construcción “a regular y vigilar las empresas, entonces se pierde el objetivo social y lo que se defiende son los intereses de gremios, eso es el Conavi hoy en día”.
