La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ya prepara un par de acciones de inconstitucionalidad contra la nueva Ley Marco de Empleo Público (N.° 10159), firmada este martes 8 de marzo por el presidente de la República, Carlos Alvarado.
“Tenemos en perspectiva dos acciones de inconstitucionalidad que hemos decidido impulsar, no sabemos todavía, de acuerdo a como quede el texto, si puede ser una sola”, dijo a UNIVERSIDAD el secretario general de ANEP, Albino Vargas.
También así lo hacen algunos diputados, como Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN); o José María Villalta, del Frente Amplio (FA).
“La censura que hace al empleo público en el tema salarial, en el tema de poder limitar en un solo ministerio los nombramientos, supervisión y hasta la exclusión de algunos de ellos, viene a violentar los derechos laborales que tienen todos los ciudadanos en general, pero en este caso los empleados públicos”, manifestó Muñoz.
Por su parte, Villalta indicó que “estamos analizando el texto aprobado con todas sus implicaciones y el voto más reciente de la Sala Constitucional para ver los caminos a seguir y no descarto ninguna posibilidad. Es probable que haya que presentar nuevas acciones de inconstitucionalidad”.
La recién aprobada ley había sido presentada desde abril de 2019 y desde entonces fue objeto de polémica por las críticas de numerosos sectores y empleados públicos, como sindicatos, universidades o el Poder Judicial.
En la firma de la ley estuvieron presentes, además del presidente Alvarado, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido; la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Silvia Lara; el ministro de Hacienda, Elian Villegas; y el ministro de Educación Pública, Steven González; así como diputados y otras autoridades.
“Nuestro país está dando un enorme paso para impulsar la igualdad para que las personas en el sector público que ejercen la misma función tengan igual remuneración, se generará mayor justicia entre quienes trabajan en los sectores público y privado, y habrá también un mejor control del gasto público”, dijo Alvarado.
El secretario general de ANEP manifestó que ellos “no pueden tener fe” en la Sala IV, por lo que la presentación de las acciones la hacen “como requisito imprescindible antes de abrir el escenario internacional “. En ese sentido, Muñoz también señaló que “no tiene esperanza a nivel nacional”, pero que agotarán la vía local para trasladar las acciones al plano internacional, como en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Conociendo el texto definitivo vamos a valorar si se hace una sola y lo última que nos cogió de sorpresa es eso de dividir a los empleados públicos en dos bloques en cada entidad, lo que nosotros llamamos los empleados públicos de arriba y los empleados públicos de abajo”, dijo Vargas.
“Vamos a esperar para ver el avance que tiene la legislación, los reglamentos que tendrá que hacer el Poder Ejecutivo, pero no descartamos la presentación de acciones sobre temas que no hayan sido ya resueltos por la Sala Constitucional y tampoco descartamos otros proyectos de ley que presentaremos para modificar los problemas principales que tiene esa ley”, agregó Villalta.
Mientras tanto, en un comunicado emitido por la Casa Presidencial se asegura que “todo lo establecido en la Ley N.° 10159 se enmarca en el más estricto respeto a los derechos adquiridos por las personas funcionarias públicas que actualmente laboran en el sector público, así como a los derechos fundamentales”.
Vargas indicó que entre los puntos que valoran para encaminar las acciones se encuentra el hecho de que se crean dos clases de empleados; las exclusiones que quedaron en la ley y las fundamentaciones de estas; entre otros.
“Tal vez una de las cosas más graves que notamos es la facilitación del despido que ahora es más expedito, a partir de la evaluación del desempeño, que nadie conoce los parámetros técnicos de la misma, pero si sentimos que habrá mucho subjetivismo político”, agregó el dirigente de ANEP.
El dirigente sindical manifestó que todavía están analizando el panorama político a partir de lo que suceda en las elecciones nacionales el próximo 3 de abril, por lo cual sería después de esta fecha cuando presentarían las acciones.
Villalta también indicó que están en expectativa a lo que suceda en las elecciones nacionales, por lo que seguirán analizando las acciones que tomarán.
Por su parte, Muñoz comentó que el reglamento de la ley quedará sujeto al próximo gobierno, por lo que tienen ese margen de espacio para elaborar la acción, por lo cual posiblemente la presenten durante marzo o a principios de abril.
El diputado del PIN destacó la importancia de que “el país sepa que este ha sido un proyecto aprobado más por un acuerdo entre el Gobierno y algunos diputados a los cuales les están pagando favores y que ellos mismos han exigido otros proyectos a cambio y otras condiciones, más que un proyecto que debió haber sido discutido al calor de los argumentos de si realmente resolvía o no el tema de empleo público”.
La Ley Marco de Empleo Público entrará en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Asimismo, el transitorio I concede un plazo de seis meses para emitir la normativa reglamentaria necesaria para la implementación de la ley.
