La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunció que 622 trabajadores públicos no pudieron pensionarse, debido a que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) rechazó su jubilación, por no registrar aporte estatal ni patronal.
En un video en redes sociales, la ANEP aseguró que tiene en su poder un oficio donde la Caja solicita al Ministerio de Hacienda ponerse al día con la respectivas cuotas. En respuesta, el Estado indica que hará todo lo posible para subsanar paulatinamente la deuda durante el 2021, ya que no cuenta con los recursos, según la Asociación.
“¿Estamos ya a las puertas de la quiebra del Estado central o estamos de cara a una sucia maniobra de este Gobierno desprestigiado, para que la Asamblea Legislativa, a como dé lugar, le impongan al pueblo el convenio con el FMI?”, cuestionó el secretario general de ANEP, Albino Vargas.
Ante las denuncias, la Defensoría de los Habitantes envió una carta al Ministerio de Hacienda, para que le remita un informe sobre el estado de dichas cuotas.
Consultas de la Defensoría a Hacienda
1.- ¿Qué gestiones está realizando el Ministerio de Hacienda para resolver la problemática existente respecto a la falta de presupuesto y el traslado de cuotas a la CCSS en aras de resarcir el daño que se le está generando a las personas afectadas?
2.- Según oficio N° DJMH-1943-2020 de fecha 23 de octubre del 2020 dirigido a la Defensoría, la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda informó, que para esa fecha se tenían pendientes de resolver 622 casos, correspondientes a resoluciones de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Al día de recibida esta notificación, indique ¿Cuántos casos se encuentran pendientes de resolver, independientemente de si tienen o no resolución?
3- En aras del principio de transparencia, indique si el Ministerio de Hacienda ha informado a la población sobre esta problemática. En caso de que su respuesta sea afirmativa, indique cuáles han sido esos medios de comunicación. En caso de que su respuesta sea negativa, indique qué medidas se tomarán al respecto.
La Defensoría señaló que, a partir de la información que ha recogido, se concluye que el atraso en el traslado de estas cuotas se debe a un aspecto presupuestario.
Sin embargo, también indicó que tuvo conocimiento que ni con el presupuesto aprobado para el presente año las resoluciones pendientes van a poder cancelarse, “lo que nos hace pensar que dicho traslado no se va a realizar por lo menos, a corto plazo”, según indicó en la nota remitida a Hacienda.
