La Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) denunció que el nuevo proyecto de ley para registrar agroquímicos pretende extender por 10 años los registros de plaguicidas que no tienen un análisis de riesgo; mientras el ministro de Agricultura Renato Alvarado afirmó que el registro del producto llevará un proceso exhaustivo para garantizar su seguridad para el ser humano y el medio ambiente.
En enero de este año el Gobierno publicó un decreto para agilizar el registro de Ingrediente Activos Grado Técnico de agroquímicos (42769-MAG-S-MINAE), que dice que éstos tienen que haber sido registrados previamente por la Autoridad Reguladora de un país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El ingrediente activo es el componente más tóxico de una formulación y la formulación es el producto que se usa en el campo. Costa Rica importa producto formulado (agroquímicos) y también ingredientes activos sin formular, que se formulan aquí diluyendo su concentración para su uso agrícola.
En ese momento el ministro Renato Alvarado recalcó que el procedimiento no eliminaba controles y explicó que en el país no se desarrollan estudios técnicos de las moléculas requeridos para registro de agroquímicos, al no haber una industria dedicada a la investigación y desarrollo de moléculas.
Alvarado subrayó que “se mantienen los altos estándares del país para proteger, regular y cumplir con el mandado de protección a la salud, al ambiente y al sector agropecuario, asegurando que las moléculas que se registran cumplan con el papel para el cual fueron registradas”.
Y además, en la Asamblea Legislativa se tramita el proyecto de Ley de registro de agroquímicos (Expediente 22.437), que extiende la vigencia de los registros por 10 años a todos los plaguicidas (a los que tienen registros vigentes y a los que están en proceso de renovación).
Califican proyecto de “irresponsable”
La RCB criticó que se otorgue o renueve la vigencia por 10 años adicionales sin realizar el análisis de riesgo para la salud y ambiente, aunque muchos de estos productos “están prohibidos en Europa o Estados Unidos”, y que se eliminen “las potestades que la ley otorga al Ministerio de Ambiente y Energía y al Ministerio de Salud en la participación directa y la toma de decisiones en el registro de plaguicidas”.
Según dijeron los integrantes de la Red, este “es un proyecto innecesario” “que carece de fundamento científico” y que “está de espaldas a la ciencia y a la salud, que solo resguarda intereses minoritarios de unos cuantos empresarios que buscan seguirse enriqueciendo con la enfermedad y la contaminación que causan los agrotóxicos en el país”.
Por su parte, el investigador del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) e integrante de la Red Internacional de Acción en Plaguicidas, Fernando Ramírez, señaló que le parece irresponsable desde el punto de vista ambiental renovar los registros por 10 años.
“Ahí hay muchos plaguicidas que se registraron hace 20 o 25 años, y en ese momento solo el Ministerio de Agricultura participaba en el registro, el cual se hacía con base en una eficacia biológica nada más. Si el plaguicida controlaba eficazmente la plaga, si era bueno para matar, se registraba. Luego entró el Ministerio de Salud y el Minae, y ahí completaban un buen trío de evaluadores, porque se analizaba los efectos del plaguicida en quien los aplicaba, en el ambiente y en la plaga”, aclaró Ramírez.
“Me parece que este proyecto no debería de continuar, porque estamos permitiendo revalidar registros de plaguicidas que ahora sí sabemos que tienen efectos en salud y en ambiente, lo cual no se sabía hace 20 años”, insistió Ramírez.
Productos “altamente indispensables”
UNIVERSIDAD consultó al ministro de Agricultura, Renato Alvarado, si se está evaluando realmente la peligrosidad de los plaguicidas.
El jerarca se refirió primero al decreto y dijo que “si bien es cierto se está tratando de inscribir una molécula nueva en un plazo de 45-60 días hábiles”, “el producto formulado tendrá que llevar un proceso mucho más exhaustivo para garantizar la inocuidad y la seguridad para el ser humano y el medio ambiente”. “Ese va a ser un proceso de inscripción un poco más complejo, de mayores revisiones y verificación de la efectividad y de los impactos en la salud y el medio ambiente”. declaró.
Con respecto al proyecto de ley comentó: “Hemos tenido algunas diferencias con el proyecto de ley, en cuanto a los requerimientos técnicos y documentación que se tiene que presentar”.
Alvarado explicó que hay moléculas con muchísimos años de estar siendo aplicadas en el territorio nacional, que han ido perdiendo su efectividad y podría ser que “no alcancen su registro nuevamente cuando se les venza el plazo”.
Otras moléculas que se inscribieron hace muchos años y hoy no tienen sustituto. “Hay que tener mucho cuidado porque muchos de esos productos hoy ayudan a los agricultores a salir adelante con sus cosechas, pero si se eliminaran no habría cómo sustituirlas y las plagas atacarían las plantas de manera agresiva y los productores perderían sus cultivos”, insistió.
“Hay una discusión de cuáles son esos productos que son altamente indispensables por no tener sustitutos, cuál es la efectividad de muchos productos que se quieren renovar y cuáles productos por su obsolescencia y su pérdida de efectividad en el campo no valdría la pena dedicar tiempo a inscribirlos”, añadió el ministro.
Alvarado reconoció que estas son las discusiones que hay sobre el proyecto de ley.
“Estamos buscando un mecanismo de inscripción de agroquímicos que sea sumamente robusto y que permita con celeridad obtener moléculas nuevas, que muchas de ellas son beneficiosas para el ambiente, tienen menos residualidad en los productos, nos permitirían tener alta tecnología en el campo, y son mucho más efectivas a la hora de proteger las plantas de plagas y hongos, lo cual hace que tengamos que aplicar muy pocas veces el producto y eso disminuye la posibilidad de contaminación en el suelo y de residuos en las plantas”, recalcó el funcionario.
“Yo entiendo que mucha gente preocupada por la salud quisiera que no se aplicaran agroquímicos. Nosotros en el MAG estamos en una política de desarrollo de producción orgánica y de productos biológicos para disminuir la carga química que usamos en el país porque el mercado hoy lo está pidiendo. Pero cuando uno hace un análisis del mercado, nuestros socios comerciales y consumidores no están pidiendo producto orgánico nada más, están pidiendo inocuidad de sus productos y que sus productos tengan la menor carga química posible”, añadió.
“Sustento científico y no ideológico”
Recientemente se realizó un foro organizado por la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), en la que el presidente de la Cámara de Insumos Agropecuarios, Federico Lizano, declaró: “Tenemos presentado un proyecto de ley que vendría a solucionar de una vez por todas este problema. El proyecto de ley va a organizar de forma diferente el proceso de registros donde las evaluaciones se hagan en un sustento técnico científico y no ideológico”.
Lizano hizo un recuento de cómo se complicó el registro de agroquímicos en Costa Rica para las cámaras empresariales del sector.
Dijo que antes de 2004 todo el proceso de registro de un nuevo agroquímico se hacía ante el MAG; pero que luego vino el informe de la Contraloría General de la República en 2004, donde señaló que debía cambiarse ese proceso, actualizarse según normativas internacionales y que debían participar los ministerios de Salud y Ambiente.
Así fue como se tuvo que diseñar un nuevo reglamento de registros en 2007 (Decreto 33.495) que nunca se pudo implementar.
“Entramos en un proceso complicadísimo en el que no lográbamos registrar nuevas moléculas. Pasaron 10 años entre estira y encoge entre industria y autoridades”, expresó.
De esa forma se negoció un nuevo reglamento de registro que salió en 2017 (Decreto 40.059), fue firmado por el entonces presidente Luis Guillermo Solís; pero fue frenado porque “algunos funcionarios del Minae y del MAG se fueron a la Defensoría de los Habitantes a decir que no estaban de acuerdo”. La Defensoría impugnó el reglamento ante la Sala IV “sin fundamento técnico válido y nos quedamos sin reglamento”.
“Nos hemos quedado sin moléculas de nueva tecnología. Dicen que la información que presenta la industria no es lo suficientemente buena. El problema es que no ha habido nadie que haya querido implementar estos decretos como se debe”, en su criterio.
En el foro, que fue patrocinado por las empresas Bayer y Corteva Agriscience, también participó Martín Zúñiga, director para América Latina y el Caribe de Croplife, una organización gremial internacional integrada por cámaras de fertilizantes e insumos agropecuarios de todo el continente. Además, la gremial representa a las compañías Syngenta, FMC, Bayer, BASF, Sumitomo Chemical y Corteva Agriscience, como lo describe en su página web.
De acuerdo con Zúñiga, “este país no requiere más normativas sino voluntad política y técnica para que las cosas se hagan bien”.
“La industria de plaguicidas nunca se ha resistido a ser regulada, somos una de las industrias más reguladas. Pero nos oponemos a que el sistema no sea lo suficientemente eficaz para que los productos lleguen al mercado. Son primero registrados en países desarrollados y luego las empresa los registran aquí presentando el mismo dossier que los respalda con más de 120 estudios y más de 11 años de investigación que comprueban que el producto no tiene un riesgo para la salud humana, animal ni para el ambiente”, argumentó Zúñiga.
Para él, se le está negando la posibilidad a los agroexportadores de poder ser lo suficientemente competitivos porque al no haber un registro apropiado, los agricultores no tienen acceso a nuevas fórmulas.
“Las compañías en general no van a perder grandes cantidades de dinero si en Costa Rica no se registran plaguicidas. Los que están perdiendo son los agricultores. Este país se vende al mundo como un país ‘verde’, entonces sería lógico que facilite que las moléculas que se usen en el campo sean más amigables con el ambiente, que se usen menos dosis por hectárea, que los productos tengan menor toxicidad y se reduzcan los costos de producción para los agricultores”, manifestó Zúñiga.
