Un complemento salarial del 65% que, María Rosa López, recibió entre febrero del 2011 y mayo del 2015 -cuando fungió como vicealcaldesa de Santa Cruz- tiene enfrentada a la actual alcaldesa con algunos integrantes del Concejo Municipal y dirigentes locales.
López -del Partido Liberación Nacional (PLN) y educadora pensionada- recibió por concepto de prohibición para ejercer su profesión y durante el periodo mencionado un total de ¢70.638.809,41.
En el expediente del caso en el Concejo Municipal aparecen comprobantes de pago de planilla a López y una tabla detallada de esos pagos.
El desembolso por concepto de prohibición en su favor pasó de ¢605.892,45 en la segunda quincena de febrero del 2011 y posteriormente ¢1.211.784,90 en el mes de marzo de ese año, a ¢1.570.838,75 en abril del 2015 y ¢785.419,38 en la primera quincena de mayo del 2015, cuando recibió el último pago por prohibición.
La polémica radica en que de acuerdo con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (No. 8422), ese pago por prohibición solo lo pueden devengar quienes sean profesionales liberales.
Mientras tanto, el actual Concejo Municipal corre para contratar un abogado que represente sus intereses y plantee una demanda por lesividad en el Tribunal Contencioso Administrativo. La fecha límite para plantear esa demanda es el 23 de abril, pues se cumple el límite de un año -establecido por el Código Procesal Contencioso Administrativo– desde que ese Concejo declaró la lesividad de los pagos recibidos por López.
El pasado 20 de enero, el Concejo Municipal acordó contratar un abogado externo con este fin, en vista de que existe “un evidente conflicto de interés en la persona de la señora López Gutiérrez, en la medida en que, en su calidad de Alcaldesa, en un principio correspondería firmar todos los actos administrativos y judiciales relacionados con el proceso de lesividad; lo cual, a todas luces, resulta contraproducente”.
Según documentos municipales, eso significará para la Municipalidad un costo de ¢8 millones al año. Poco antes del cierre de edición, UNIVERSIDAD conoció que López planteó un recurso de revocatoria contra el acuerdo del Concejo Municipal sobre la contratación del abogado.
¿PROFESIONAL LIBERAL?
Instancias como La Procuraduría General de la República (PGR), la Contraloría General de la República (CGR), la Sala Constitucional y el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) han externado criterios en el sentido de que ser educador no constituye una profesión liberal.
Por ejemplo, en abril del 2015 el auditor interno de la Municipalidad de Santa Cruz, Álvaro Moreno, produjo un informe (AIM-066-2015) en el que citó un dictamen de la PGR (C-226-2014), el cual a su vez invocó un voto de la Sala Constitucional de noviembre del 2009 (No. 18141-2009).
La Sala Constitucional en esa resolución determinó que aunque los docentes son profesionales, “es también evidente que pertenecen a una especie distinta de los profesionales liberales”.
La diferencia según ese tribunal radica en que la función y tarea principal del docente es la transmisión del conocimiento, “por el contrario, el profesional liberal tiene por tarea aplicar dicho conocimiento al servicio de los intereses de una persona”.
La Sala concluyó que “es evidente que la prohibición del artículo 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública no comprende la práctica de la profesión docente”.
El propio Colypro fue consultado sobre el caso por la CGR en setiembre del 2013. En ese momento mediante el oficio FCLP-090-2013, la fiscal de ese colegio profesional apuntó que el concepto de profesión liberal consiste en la aplicación de conocimientos y destrezas “de manera discrecional sin tener que regirse a parámetros establecidos tales como programas de estudio y lineamientos generales de carácter obligatorio”.
Además, destacó que el profesional liberal en lugar de salario recibe honorarios, “lo cual no es el caso de los educadores”.
El oficio añade que un Bachiller en Ciencias de la Educación con especialidad en Pedagogía de la Comunicación -título que ostentaba López mientras devengó el pago por prohibición- “no se encuentra dentro de los parámetros ya esbozados de lo que significa una profesión liberal”.
López adujo que al momento de iniciar sus funciones se consideraba que merecía el pago por prohibición por el simple hecho de ser profesional, que en el 2015 obtuvo una maestría que la constituye en profesional liberal y que las denuncias son producto de una persecución que sufre de parte de sus enemigos políticos. (Ver entrevista “He sido perseguida y denigrada”).
UNIVERSIDAD buscó en la CGR un oficio detallado sobre el tema, el cual aparece referenciado en varios documentos públicos. Sin embargo, desde la Unidad de Prensa y Comunicaciones, se informó que el documento es confidencial por tratarse de una denuncia, y que de acuerdo con el Área de Denuncias e Investigaciones en efecto se recibió una denuncia sobre “una presunta irregularidad en el pago del rubro de prohibición de funcionario municipal”.
“Se realizó una investigación cuyos resultados fueron puestos en conocimiento del Concejo Municipal a efectos de que tomaran las acciones pertinentes. Como consecuencia de lo anterior, el Concejo Municipal declaró lesivo el acto administrativo en el cual se le reconoció el rubro de prohibición al funcionario y actualmente se encuentra gestionando las acciones correspondientes. Por tratarse de una denuncia no es posible revelar el nombre del denunciante ni del denunciado, ni dar mayor detalles al respecto”, añade la respuesta recibida.
“ESO NO ES QUERER AL CANTÓN”
Carlos Acuña, presidente del Concejo Municipal y regidor por el Partido Integración Nacional (PIN), confirmó que desde el inicio de la gestión del Concejo el año pasado, la CGR los buscó para ponerlos en autos del asunto.
Si bien el representante subrayó la importancia de acelerar el proceso de contratación del abogado que represente los intereses del Municipio contra la Alcaldesa, también reconoció que ha sido la Unidad Social Cristiana (PUSC) “quienes han estado más de lleno en el asuntito, por eso han presentado dos mociones, una de la contratación del profesional y luego la última para que pudiéramos sesionar extraordinariamente el viernes (24 de marzo), ver el cartel para la contratación directa del profesional y agilizar el proceso”.
Por otra parte, el dirigente local del PUSC y excandidato a la Alcaldía por ese partido Saidem Vidaurre, subrayó que la CGR “ha sido reiterada” en que al ser López una educadora no procedía el pago por prohibición, por lo que correspondía iniciar las acciones para recuperar esos dineros.
Como abogado especialista en administración pública, explicó que para ello lo que corresponde es el proceso contencioso de lesividad, con el fin de que se declare la nulidad de los actos administrativos que sustentaron el pago para la entonces Vicealcaldesa.
Vidaurre se refirió a los alegatos de López y expresó que “me parece absurdo ese tipo de argumentación”.
En su opinión, lo que corresponde es recuperar esos dineros. “No se trata de un acto de persecución política contra nadie, sino simple y llanamente del ejercicio de una responsabilidad jurídica y política”.
UNIVERSIDAD cuestionó al exalcalde Jorge Chavarría por qué en un primer momento defendió el pago por prohibición para López, como consta en uno de los documentos del expediente.
El exfuncionario expresó que “cuando me llegó la planilla a los meses con ese pago por prohibición de parte de Recursos Humanos, creí que todo estaba correcto, unos años después por un informe de auditoría y de la asesoría legal, me di cuenta de que descubrieron que era anómalo el pago, cuando ellos me mandan el documento procedí a que inmediatamente se dejara de pagar eso y también que ella devolviera lo que había devengado ilegalmente, eso lo hice yo”.
El dirigente local Daniel Dinarte, excandidato al Concejo Municipal por el Partido Nueva Generación (PNG), fustigó a López porque “se vendió como persona íntegra que amaba al pueblo y que quería el progreso”, pero que ningún documento de la PGR, la CGR, del auditor interno ni del Departamento Legal le da la razón.
“Ella recibió ese incentivo ilegalmente, lo sabe, ¿por qué no hace un arreglo de pago? ¿Por qué se escuda en que va a esperar que un juez de la República o un tribunal superior resuelva y la obligue? Eso no es querer al cantón”, aseveró.
