La agenda de seguridad que se tramita en la Asamblea Legislativa apunta a mejorar las condiciones para que se combata la ola de violencia que azota al país, pero pareciera apenas rozar un elemento clave para frenar la delincuencia organizada: golpear el bolsillo de la criminalidad.
De los 37 proyectos que se han integrado de diferentes formas a la agenda de seguridad (ver nota aparte), solo 3 se enfocan directamente en reformas para variar la normativa relacionada con manejos ilícitos de capitales: el 22.552 (reforma a ley de Estupefacientes, pretende exigir más que el dolo directo en quienes participan en legitimación de capitales), el 22.834 (fortalecer figura de incremento patrimonial sin causa aparente) y el 23.575 (ley contra préstamos gota a gota). Solo un 8% del total de los proyectos barajados y el primero de ellos tiene más de un año sin visos de avance.
Analistas consultados coinciden en que para enfrentar a la criminalidad organizada, particularmente al narcotráfico que se estima como el principal causante en el incremento inédito en los homicidios en el país, una estrategia esencial pasa por quitar a estos grupos el acceso al capital ilegítimo.
Precisamente es una de las áreas en las que Costa Rica pareciera estar en gran deuda en su combate contra la criminalidad. Los datos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) evidencian que, a pesar del aumento de la actividad criminal organizada, no se registra un aumento en la lucha contra capitales de dudosa procedencia: los reportes de operaciones sospechosas, en colones, se han mantenido en un nivel similar, luego de una caída con respecto al dato del 2016. En dólares, la situación es similar, pero el pico de reportes se produjo en 2017 (ver gráficos).
Las cifras del ICD también evidencian poca evolución en los decomisos (incautaciones provisionales) y una gran brecha con los comisos (sentencia firme para decretar la pérdida de un bien, por la comisión de un delito). En los decomisos, a pesar del salto del 2022 que representó la mayor cifra de la década, tanto en dólares como colones, se pasó a una caída que en el 2023 alcanzó la menor cifra desde el 2016 en dólares, al tiempo que, en comisos, se cayó a la menor cantidad desde el 2016 en colones (ver gráficos).
En total, desde el 2016, los decomisos en dólares cayeron un 46%, aunque en colones se logró aumentar el monto en un 69%, mientras que, en comisos, la caída tanto en dólares como colones superó el 80%.
A manera de referencia, desde el 2018, la cantidad de homicidios en el país, durante el primer trimestre, creció un 33%.
Buena intención, pero falta
Para el exfiscal Francisco Dall´Anese, existe un gran problema en el balance de la agenda de seguridad que nace de su concepción: tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y Judicial están apuntando a temas de justicia, en lugar de prevención y seguridad. “Lo penal es lo que sigue después de que la seguridad no funciona, las propuestas tratan de reducir garantías y aumentar penas, pero son temas posteriores, luego de que se cometen los delitos, y no para evitarlos”, comentó.
Para Dall´Anese, es más balanceado procurar aprovechar las herramientas que ya existen en la legislación, entre los que citó la Plataforma de información policial y la ley contra capitales emergentes. “Hay instrumentos, pero no están funcionando como deberían”, manifestó.
El criminólogo Erick Villalba considera, por su parte, que los proyectos de la agenda contribuirán a mejorar las condiciones de seguridad, pero advirtió que “son como granos de arena para una playa que necesita ser alimentada”, tras enfatizar que algunas de las propuestas “no harán que los delincuentes se sientan impactados… incrementar penas, eliminar la ciudadanía son iniciativas que pueden contribuir, pero los delincuentes no sentirán que los afectan”, expresó.
Villalba también enfatizó que, en su criterio, está faltando “agresividad, integralidad en la propuesta, algo que permita unificar las reformas y evitar que queden aisladas”. Recordó que reformas como la Ley de la Jurisdicción Especial del Crimen Organizado se aprobó con altas expectativas, pero luego no se pudo establecer por falta de recursos. “Creo que se requiere crear algo como una Oficina para prevenir el delito, que permita una política uniforme y que no cambie cada cuatro años”, explicó.
Steven Cerdas, integrante de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), en contraste, consideró que hay iniciativas con mucho potencial, entre los que citó los expedientes para penalizar a las personas que utilizan a menores de edad, y reformas en materia de tenencia de armas. Empero, coincidió en que la agenda de seguridad requiere de elementos adicionales. “Se requiere de mayor músculo, los proyectos van a ayudar, pero requieren de mayores presupuestos, de mayor inversión”, opinó.
Sin embargo, a pesar de sus enfoques diferentes, los tres coincidieron en que el contenido para mejorar la legislación relacionada con manejo ilícito de capitales es muy escaso, y que se trata de un tema fundamental. Villalba citó la importancia de recuperar las propuestas para la extinción de dominio, mientras Cerdas consideró que se requieren reformas para blindar el trabajo contra la legitimación de capitales.
No obstante, Dall´Anese insistió en que se requiere complementar la labor de ajustes penales con una labor preventiva, para evitar los delitos y no concentrarse en el castigo a las transgresiones. Polémica que sigue abierta, como la evolución de la agenda de seguridad, que todavía tienen pendiente casi la mitad de las propuestas incluidas en las listas originales (nota aparte).
Tercera parte de la agenda de seguridad ha sido aprobada, con énfasis en endurecer normativa penal
De 3 agendas planteadas inicialmente, 12 propuestas se han convertido en ley, 7 se han desechado y 15 todavía se negocian.
