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Tercera parte de la agenda de seguridad ha sido aprobada, con énfasis en endurecer normativa penal

De 3 agendas planteadas inicialmente, 12 propuestas se han convertido en ley, 7 se han desechado y 15 todavía se negocian.

Una tercera parte de las diferentes iniciativas de la agenda de seguridad que se tramita en la Asamblea Legislativa avanzaron para convertirse en ley: 12 de los 37 proyectos (32%) ya recibieron el aval de los diputados.

Se trata de una agenda legislativa que ha tenido diferente composición: existió una propuesta planteada por el presidente Rodrigo Chaves para el período de sesiones extraordinarias de final del año pasado, con seis proyectos de ley que el mismo presidente asfixió: retiró sus proyectos entre el 21 y 23 de noviembre, molesto porque los diputados criticaron sus propuestas y finalmente archivaron cuatro (ver tabla 1).

Una segunda agenda estuvo conformada por 31 proyectos, elaborada a partir de solicitudes de las bancadas legislativas. En ella se repitieron cinco de las propuestas del mandatario, solicitadas por la fracción oficialista (ver tabla 2).

Finalmente, existe una tercera lista, elaborada a partir de la Mesa de Trabajo con representantes de los Supremos Poderes conformada en diciembre del año pasado, que priorizó diez iniciativas para procurar su trámite expedito. En ella, se repite una iniciativa de la lista del presidente (23.690) y cuatro del listado legislativo (ver tabla 3).

Al final, la agenda de seguridad consiste de 37 diferentes propuestas, de las cuales todavía falta redactar como proyecto un par. De ellas, 12 fueron aprobadas, 7 resultaron rechazadas (archivos o dictámenes negativos), 2 están en la agenda del Plenario, 9 en el orden de una comisión (8 en Seguridad, 1 en Gobierno y Administración) y 6 se encuentran en fase de negociación (4 esperan textos sustitutivos o aportes de expertos, 2 están en fase de redacción) (ver gráfico).

En la balanza

De estas agendas, la del presidente es la que cosecha menos éxito: cuatro proyectos archivados entre críticas de mala presentación y vicios de inconstitucionalidad, uno en trámite constitucional (reforma para extradición de nacionales) y otro sobrevive, pero en la agenda de la Mesa de Trabajo y con un texto sustitutivo (23.690, modernización de intervenciones telefónicas).

La agenda con mayor índice de aprobación fue la legislativa, que el presidente desafió durante el lanzamiento de la Política de Seguridad Costa Rica Segura Plus, el 22 de noviembre del 2022. De este listado, 12 avanzaron, 3 se archivaron, 6 están en comisiones, 2 en Plenario y 3 en negociación.

Pero la agenda con mayor exposición es el listado de la Mesa de Trabajo, que tiene dos proyectos aprobados (se repiten de la lista legislativa, 23.575, sanción contra préstamos gota a gota, y 23.746, fortalecimiento de Registro Judicial). Empero, se ha convertido en el centro de la negociación: los jefes de fracción esperan los ajustes para la ley de naturalizaciones, la reforma a la jurisdicción contencioso administrativa (reformas a capitales emergentes) y las intervenciones telefónicas, la discusión sobre reformas para armas prohibidas, y reformas claves a prisión preventiva y legislación penal, como el polémico concepto de “riesgo para la comunidad”.

Es decir, alrededor de un 40% de las propuestas se encuentra en comisión o en momentos de negociación: quiere decir que casi la mitad de la agenda todavía no madura.

La valoración del contenido que avanza de esta agenda varía: para el exfiscal general Francisco Dall´Anese, se trata de propuestas que enfatizan en reducir garantías y elevar las penas, pero que no serán suficientes para mejorar la situación de seguridad.

Steven Cerdas, de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), considera que hay iniciativas que tendrán efecto, en particular en temas como reformas a tenencia de armas, pero resaltó que el atraso en tecnología e inversión es muy alto y, al contrario de Dall´Anese, considera que ha habido un enfoque muy garantista que se ha convertido en un problema.

Por su parte, el criminólogo Erick Villalba valora que las reformas podrán mejorar la normativa, pero cuestiona la posibilidad de que logren un impacto profundo, por considerar que falta un elemento integrador y que evite que los efectos de los ajustes se diluyan por temas de inversión, cambios de autoridades o ejecución.

En lo que hay convergencia es en que, en general, se percibe principalmente un enfoque de enfrentar el aumento en la criminalidad con un aumento en la severidad de las leyes, pero se advierte que no será suficiente: desde la necesidad de considerar toda una faceta de prevención que, junto con los temas de capitales, casi está ausente (salvo por el proyecto 23.642, que fue aprobado y propone crear una estrategia para la prevención de la violencia).



Adicionalmente, en esto se requiere de una estrategia integral de seguridad que armonice la prevención (incluye elementos como la asfixiada inversión social) y la parte penal. Señal de que el debate legislativo podría tener que ir mucho más allá de la agenda legislativa que se discute en la actualidad.

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