Flora Fernández, afectada del caso de la Corporación Aldesa, interpuso una querella y acción civil resarcitoria contra 11 personas, entre ellas el presidente de la empresa Javier Chaves y el resto de miembros de la junta directiva y corredores de inversiones.
La madre de Flora murió sin recibir el dinero invertido, tras perder sus ahorros con el colapso de la corporación.
“El propósito de la querella es que se sienten las responsabilidades sobre las personas que afectaron a 600 personas físicas y jurídicas y a 33 asociaciones solidaristas que representan 27 mil humildes trabajadores que perdieron ahorros de muchos años, los 222 millones de dólares que Aldesa desapareció”, comentó Fernández.
El pasado 29 de noviembre la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual presentó una acusación contra 23 personas entre quienes conformaron la junta directiva y corredores de la corporación, al determinar que hay pruebas suficientes para elevarlo a juicio por el delito de estafa.
“Es una oportunidad de oro para que el Poder Judicial se lave la cara, que este delito de cuello blanco no quede impune, como ha pasado una y otra vez con otros”, dijo Fernández, quien en su libro “Destructor de Vidas y Sueños” recoge las historias reales de otras personas y familias despojadas.
La Fiscalía dijo a las personas afectadas que corría el plazo para presentar una acusación o una acción civil resarcitoria por daños y perjuicios contra las personas acusadas.
Sin embargo, muchas de las ellas carecen de los recursos económicos para pagar un abogado, dijo Fernández, precisamente por que el colapso de Aldesa los dejó sin ahorros.
Morir sin nada tras ahorrar toda la vida: impactos del caso Aldesa
Decenas de personas invirtieron sus ahorros, la herencia familiar o la pensión complementaria, esperando verla crecer, y murieron sin poder acceder al dinero por el que tanto trabajaron.
“Espero que esta querella, de alguna manera, represente a todas las personas afectadas que quisieran, pero por razones económicas y de edad no tienen las posibilidades de pagar un abogado. La mayoría adultos mayores muy viejitos que no tienen como presentarse o que tienen que pagar medicinas, alquiler y comida y no pueden pagar un abogado caro, mientras que la otra parta si paga con el dinero de los afectados” comentó Fernández.
Fernández espera que con la querella se detenga la prescripción del caso y el caso no quede impune, sin importar el tiempo que dure el proceso legal.
“¿Va a durar 10 años? Yo no tengo ningún problema, puede durar 15 o 20 años, pero les queda a mis hijos, más que algo material la herencia del espíritu de lucha. Estoy en paz con mi familia, con la gente afectada, di la pelea todo lo que se pudo y llegaré hasta donde se tenga que llegar”, comentó Fernández.
A la fecha y según un dictamen de la curaduría del Poder Judicial, Aldesa Corporación de Inversiones y sus empresas asociadas adeudan ₡140.695 millones a personas físicas, mipymes, asociaciones solidaristas e instituciones estatales.
