El Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Bajo Chirripó, Adrián Sanabria, le reclamó al Presidente de la Corte Suprema, Fernando Cruz, el nulo acompañamiento policial que él y el secretario de esta organización, Leonel García, tienen a pesar de contar con medidas de protección.
El pasado 30 de diciembre García fue trasladado a cuidados intensivos del Hospital Tony Facio con heridas de machete en su cuerpo y cabeza: “El agresor del compañero Leonel lo dio por muerto” narró Sanabria.
En enero la ADI denunció la agresión y el ingreso del finquero no indígena al territorio, a pesar de que se emitieron medidas cautelares en su contra.
“A Leonel le pusieron protección y a mí también desde hace más de 15 días y solo una vez llegó la policía a la casa para pedirme que firmara un documento y luego se fueron” le dijo Sanabria al presidente de la Corte, Fernando Cruz.
El magistrado Fernando Cruz conversó con Sanabria, Gennye Segura (esposa de Leonel García), el ambientalista Fabián Pacheco y la comunicadora social Stella Chinchilla a raíz de una manifestación “contra la impunidad” que sostuvieron el 26 de enero frente a la Corte con representantes de grupos ambientalistas y personas indígenas del territorio de Bajo Chirripó.
“Este tipo de problemas hay en todos los territorios indígenas de Costa Rica, no es solo esta comunidad. Hemos denunciado la agresión de mi esposo. Él primero estuvo cinco días en cuidados intensivos, pero ahí anda tranquilamente el agresor para arriba y para abajo en carro y nosotros tenemos que salir al frente de la casa de él” comentó Segura sobre el caso de su esposo.
Además de la denuncia por intento de homicidio, la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) también alertó de dos ataques de personas no indígenas en territorios: un incendio en el territorio Cabécar de Chicha Kichá el 31 de diciembre y disparos en el territorio bibrí de Cabragra el 1ro de enero de este año.
Naciones Unidas pide al Estado investigar de forma oportuna intento de homicidio de líder indígena
Entre el 30 de diciembre y el 1ro de enero se reportó el ataque al líder indígena Leonel García, un incendio en los territorios Cabécar de Chicha Kichá y disparos en el territorio bribí de Cabagra
Los datos estadísticos más recientes de la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas, con corte a octubre del 2020, identifican al incumplimiento de medidas de protección, la agresión con armas, el maltrato, la usurpación, las amenazas agravadas, las relaciones impropias y el abuso sexual entre los delitos de mayor incidencia en los territorios indígenas.
Sin embargo, al recurrir a las instituciones del Estado, Sanabria dijo sentir discriminación y racismo en la atención de las distintas denuncias que han interpuesto desde la ADI: “llegamos a estos momentos en que hacemos reclamos porque alguien fue asesinado o agredido, como lo sufrió el compañero, que en paz descanse, Sergio Rojas, y ahora el compañero Leonel García”.
Mientras tanto un grupo de jóvenes de Bajo Chirripó, que se traslado a la manifestación en San José, dicen estar capacitándose para heredar la lucha que los “mayores” han sostenido por años, sin grandes avances ni mayor apoyo estatal.
“A los mayores le hacen este tipo de daño ¿Qué va a pasar con nosotros los jóvenes? Nosotros ya somos adultos, adultos jóvenes, pero adultos y si no hacemos nada los próximos vivirán también esta vida” comentó el joven Leonel García, del mismo nombre que el líder indígena de la denuncia.
Un derecho internacional
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que Costa Rica está suscrito, establece el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas y obliga al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de estos derechos de posesión y a establecer los procedimientos adecuados para solucionar las reinvindicaciones de tierras.
El presidente de la Corte comentó durante la reunión que, aunque el Poder Judicial tiene responsabilidad sobre la prontitud de la justicia en los casos de agresión contra pueblos indígenas, la solución a la problemática del conflicto de tierras los trasciende y que es el Poder Ejecutivo el que debería tomar una “decisión política” con respecto a la expropiación de tierras.
Al respecto, la Ley Indígena, aprobada en 1977, establece que los territorios indígenas son exclusivos de sus comunidades y que las personas no indígenas no pueden alquilar, arrendar, comprar o adquirir de ninguna forma terrenos o fincas dentro de sus límites.
Actualmente en Costa Rica hay 24 territorios indígenas, cuyas denuncias son atendidas por 15 fiscalías territoriales. El territorio de Bajo Chirripó, atendido por la Fiscalía de Batán, es de alrededor de 20 mil hectáreas “muchas de ellas en manos de personas no indígenas”, dijo Sanabria.
“Nosotros no peleamos tierras ajenas, peleamos tierras nuestras. Nosotros peleamos nuestra jurisdicción y nuestra extensión el territorio, no estamos usurpando ni invadiendo ningún territorio. No venimos a quitarle tierras a nadie. Nosotros fuimos de acá, somos de acá y seremos de acá” enfatizó.
Según la ley, en caso de que una persona fuera propietaria de tierra dentro del territorio previo a la aprobación de la ley, el Estado deberá expropiarla e indemnizarla, pero 45 años después aún no se han determinado los recursos con los que se ejecutaría esta medida.
“Para todo hay presupuesto en el gobierno, saca de dónde no hay, pero para recuperaciones de tierra no hay presupuesto. Lo seguimos esperando” lamentó Sanabria.
Fiscalía: “estamos atados de manos”
Los casos por agresiones a personas indígenas y activistas ambientalistas siguen siendo atendido en las Fiscalías territoriales, a pesar de que han solicitado se atiendan en San José, dijo en la reunión la comunicadora Stella Chinchilla.
Según Chinchilla, esto es problemático porque los pueblos son pequeños y los tomadores de decisiones “son familia, son amigos” y finalmente “la justicia no funciona o solo funciona a favor de los agresores”.
La fiscala adjunta de Asuntos Indígenas, Ariana Céspedes, confirmó que es la Fiscalía de Batán la responsable de la causa por tentativa de homicidio y que desde la Fiscalía de Asuntos Indígenas llevan una por usurpación de tierras. Ambas en etapa de investigación.
“Nosotros ordenamos la apertura de una causa de oficio (sin denuncia) por usurpación de tierras. Según el ordenamiento jurídico de Costa Rica se necesita una denuncia, pero el Ministerio Público sigue los convenios internacionales en el caso de territorios indígenas que determinan que son solo una alerta se puede abrir la causa y posterior recolectamos la información necesaria para reconstruir los hechos” explicó Céspedes.
En la causa penal 21-000900-1103-PE se investiga “tanto la agresión cometida en perjuicio de la persona indígena como de la no indígena” y en la causa 22-000001-1214-PE se investiga a León por usurpación de tierras.
La Fiscalía de Asuntos Indígenas establece las pautas por las que el resto de funcionarios del Ministerio Público deben aplicar para garantizar los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas.
“Sin embargo la decisión total no está en nuestras manos, quien toma la decisión son los jueces y juezas de la República, y no en todos los casos se toman en cuenta los elementos culturales y derechos propios de los pueblos indígenas. Estamos como atados de manos” aclaró Céspedes.
El magistrado Fernando Cruz también hizo énfasis en la independencia judicial: “Para el común de las personas el presidente de la corte es el gran jefe de los jueces, pero no, cada juez es independiente”
Cruz finalmente accedió durante la reunión a recibir un manifiesto de los asistentes, en el que expresan su malestar por la impunidad en los casos de agresión a las comunidades indígenas, para remitirlo a los funcionarios del Ministerio Público.
