País

Acojud exige a diputados transparencia en la elección de magistrados

Agrupación de jueces señala que el procedimiento de elección actual resulta en un “arma política eficiente para sostener o eliminar las candidaturas, según se ajusten o no a “los modelos personales de los calificantes”

La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) exigió transparencia en el proceso de elección de magistraturas que se realiza en la Asamblea Legislativa.

“La competencia constitucional que ejercen los diputados y diputadas en la elección de personas magistradas de Corte Suprema, debe realizarse conforme los principios democráticos que informan el Estado de Derecho y en apego a la garantía de independencia judicial”, señaló Acojud en un comunicado.

En el texto, la asociación hace referencia a una supuesta alteración en el puntaje de entrevista otorgado por una legisladora a un juez candidato a magistrado:

“Demuestra una vez más la imperiosa necesidad de que la metodología que aprueba la Comisión Especial de Nombramientos del Congreso contenga estándares internacionales que garanticen objetividad, integridad, transparencia y con ello, la eliminación de la alta discrecionalidad en la calificación que confieren los diputados y diputadas a las personas candidatas”.

En el documento se afirma que, a lo largo de la historia, los actores políticos con injerencia y decisión legislativa “se han decantado por mantener práctica poco transparentes, subjetivas y antidemocráticas” en el proceso de elección de magistrados.

Según la Acojud, otro hecho que “suma a la opacidad actual” es que “no existe ningún control ciudadano ni de rendición de cuentas sobre el orden, contenido y evaluación final de la entrevista otorgada a los participantes”, por lo que el procedimiento se convierte en un “arma política eficiente para sostener o eliminar las candidaturas, según se ajusten o no a “los modelos personales de los calificantes”.

La asociación señala que, desde 2003, han hecho reiteradas advertencias sobre el peligro e inminente daño a la independencia judicial, el Estado de Derecho y la democracia, en caso de que se mantenga el sistema actual sin cambios estructurales en el modelo de elección de magistrados.

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