El abogado Walter Brenes, experto en derecho público, presentó una demanda contra la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el Estado de Costa Rica, en la figura del Ministerio de Salud, por la ausencia de un Plan General de la Emergencia para la COVID-19.
Según Brenes, la ausencia de este documento contradice la declaratoria de estado de emergencia que vive el país desde marzo.
“El decreto que genera el estado de emergencia debe ir acompañado de un plan general para manejarla, porque sino es como estar escribiendo todos los días medidas diferentes sobre una servilleta y al día siguiente digo que ya no me sirve y saco una nueva”, aseguró.
Las pretensiones de la demanda son que se ordene al Ministerio de Salud facilitar su insumo técnico a la junta directiva de la CNE, y que esta última institución emita el Plan General de la Emergencia y que designe las unidades ejecutoras para desarrollar los proyectos establecidos en dicho documento.
“Se está omitiendo realizar actuaciones que son determinantes para conceptualizar el manejo de la emergencia y, a su vez, darle sentido al decreto de emergencia. Es una pandemia, hay que atender la emergencia, pero que no me digan que la están atendiendo sin un plan, porque esto me lleva al supuesto de que el Gobierno, al no emitirlo, está improvisando, y esa es la mayor crítica que se le hace”, dijo Brenes.
Según el abogado, el trámite podría tardar una semana y, posteriormente, el tribunal dará 15 días al Ministerio de Salud, a través de la Procuraduría General de la República, y a la CNE, para que cumplan con las tres pretensiones solicitadas.
De no tener respuesta en este plazo, el Gobierno tendrá dos semanas para justificar la omisión del plan y se entraría en un litigio contencioso administrativo entre Brenes y el Estado.
“Uno no quisiera robarle la capa que se ha puesto el ministro de Salud ni el presidente ni los demás funcionarios, pero si se oponen a la demanda yo empezaría a preocuparme de si existió lógica y bases para establecer el estado de emergencia, porque sin plan se estaría minimizando la pandemia”, afirmó el abogado.
La demanda se tramita en el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo del segundo circuito judicial de San José, bajo el expediente 20-003530-1027-CA.
