A cinco años del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz y a dos meses de que un Juzgado Penal de la Zona Sur dictara sobreseimiento definitivo favor de las dos personas no indígenas imputadas por el homicidio, la abogada Nathalia Ulloa Castillo dijo que el caso nació muerto “por el racismo y la discriminación” de la oficina del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía de Buenos Aires de Puntarenas.
Ulloa, coordinadora del programa para Costa Rica del Forest Peoples Programme y abogada que lleva los casos de las medidas cautelares a favor de los pueblos bribri y bröran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicó que si bien el sobreseimiento del caso penal implica que las personas imputadas como autores intelectuales ya no pueden ser perseguidas por ese delito, el caso de los autores materiales sigue abierto.
El caso del homicidio de Rojas Ortiz tenía dos expedientes, el referente a los autores intelectuales del asesinato y el referente a los autores materiales; es decir, los gatilleros o los sicarios.
Ulloa aclaró que se dictó sobreseimiento a los tres imputados como autores intelectuales; pero el caso contra los autores materiales sigue abierto y como ambas personas están fuera del país, ese caso está en pausa, en espera de colaboración por parte de la Interpol.
La abogada destacó la importancia de perseguir a los autores intelectuales, identificados como personas no indígenas, bastante violentas y agresivas, que pueden conseguir otros sicarios y seguir amedrentando a la población indígena.
“¿Que pasó en este caso? El juez no tenía de dónde agarrarse para poder elevar el caso a juicio; no había pruebas suficientes”, dijo Ulloa, quien apuntó que la institucionalidad en Buenos Aires es intimidatoria y racista y se desenvuelve en un ambiente muy “pesado”. A manera de ejemplo, recordó que cuando en 2022 el OIJ filtró el expediente que habían hecho sobre el asesinato, ahí se podía ver la narrativa racista y carente de criterios técnicos.
“El caso nació perdido. Se dedicaron desde un principio a sabotear la investigación. El OIJ se enfocó en hablar de lo problemático que era Sergio, no menciona que es beneficiario de una medida cautelar, no menciona que era defensor de tierras. El caso nació muerto por el racismo y la discriminación del OIJ y la Fiscalía de Buenos Aires”, enfatizó.
Asimismo, afirmó que el Estado costarricense era responsable de la muerte de Sergio Rojas porque nunca quiso implementar la medida cautelar y por “no ser capaz de llevar una investigación adecuada con estándares culturales y estándares de derechos humanos”.
“Más bien se taparon cosas”
El lunes 18 de marzo de 2019 en horas de la noche, Rojas Ortiz fue asesinado de múltiples disparos en su vivienda en Yeri, en el territorio de Salitre, a pesar de tener medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había ordenado al Estado de Costa Rica “adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Brorán de Térraba y del pueblo indígena Bribri de Salitre”.
El pasado 8 de enero, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur dictó sobreseimiento definitivo favor de las dos personas no indígenas imputadas por el homicidio, indicando que la prueba recolectada producto de la investigación no reúne el grado de probabilidad necesario para realizar un juicio, según consta en el expediente 19-000178-0990-PE.
Roxana Figueroa Calderón, indígena bribri de la comunidad de Cebror, Salitre, dijo a UNIVERSIDAD que nunca ha habido voluntad para hacer justicia para los pueblos indígenas. “Nos consideran minoritarios, nos desprecian, nos quieren desaparecer. Siempre he dicho que falta voluntad del Gobierno, incluso de los ciudadanos porque hay muchas entidades que pueden pronunciarse para que se haga justicia en los pueblos indígenas y no se hace”, declaró.
“Nunca se escuchó que se hiciera una investigación para que pagaran los responsables, siempre taparon más bien cosas, nunca le dieron seguimiento. No ha habido voluntad de hacer un buen trabajo de investigación”, dijo Figueroa.
Mientras que Carlos Estiven Vargas Figueroa, servidor cultural, awá, cantor y recuperador del territorio indígena de Salitre, expresó que Sergio, a quien conoció siendo un niño, les ha dejado “el sentimiento de seguir luchando por lo que es nuestro”. “La lucha sigue por recuperar nuestras tierras, por nuestra espiritualidad ancestral”.
“No podrán acabar con nuestra espiritualidad de lucha”
Estas declaraciones fueron externadas ayer lunes durante el conversatorio “Pueblos indígenas: reflexiones sobre la impunidad en el caso de Sergio Rojas Ortiz”, realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR).
También se inauguró la exposición “Justicia y pueblos indígenas en la Costa Rica actual: en memoria de la vida y el pensamiento de Sergio Rojas Ortiz”, que se podrá visitar hasta el 11 de abril.
Las actividades fueron organizadas por el proyecto Conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires de Costa Rica, la Escuela de Antropología, el Programa Kioscos Socioambientales, el Observatorio para la Acción Contra el Racismo (OBCRA) y el Colegio de Profesionales en Sociología.
Danny Nájera Díaz, del territorio indígena de Térraba, es integrante de un grupo de estudiantes de derecho indígena, parte del proyecto “Pueblos Originarios – Universidades Públicas (PO-UP)” y afirmó que si no hubiera sido por Sergio, no estarían viviendo en sus tierras recuperadas. Nájera leyó un comunicado preparado en el grupo de estudio.
“A Sergio lo asesinaron hace cinco años; pero quienes pensaron que matándolo iban a desaparecer y borrar su lucha, ahora pueden ver que sus semillas están germinando en las tierras cultivadas, en los bosques regenerados, en los animales silvestres que han regresado, en la dignidad recuperadora, en la cultura propia fortalecida, en los niños y en las niñas que han nacido dentro de las recuperaciones…”.
“Sergio Rojas Ortiz nos enseñó que pueden sacarnos de nuestras tierras, que pueden volver a quemarlas, que pueden seguir agrediéndonos, que pueden borrar nuestros nombres, que pueden enjuiciarnos y meternos a la cárcel; pero aún con todo ese odio, no podrán acabar con nuestra espiritualidad de lucha”, expresó Nájera, conmoviendo a las personas presentes.
