La Presidencia del Poder Judicial encontró que 89 funcionarios calificados como “no recomendados” aún laboran dentro de la institución, esto a partir de datos suministrados por la Carrera Judicial y el Tribunal de la Inspección Judicial, entre agosto de 2013 y mayo de 2020.
Los hallazgos fueron presentados por el asesor de la Presidencia, Jorge Morales Rodríguez, durante la sesión de Corte Plena de este lunes. Según el sondeo, estos funcionarios corresponden tanto a personas que laboran dentro de la judicatura como otras que lo hacen en diversos puestos.
“Desde agosto de 2013 hasta el 22 de mayo del 2020 existe un total de 109 personas consideradas como no recomendadas por la Unidad de Investigación de Carrera Judicial. Las no recomendadas que no laboran en la institución es un 18% del total, las no recomendadas y no nombradas pero que sí trabajan en el Poder Judicial es un 40% y las no recomendadas y sí nombradas son un 42%”, detalló.
Rodríguez agregó que de las 46 personas no recomendadas que aún trabajan en la judicatura, 27 lo hacen de forma interina (59%), 16 en propiedad (35%) y tres en sustitución (6%).
“A nivel disciplinario, de estas 46, 16 no tienen sanciones activas ni archivadas (35%), seis tienen procesos disciplinarios activos o archivados (13%) y 24 no presentan procesos activos pero sí archivados (52%)”, dijo.
En cuanto a aquellas no recomendadas pero con algún puesto en el Poder Judicial, los datos señalaron que 22 lo hacen como técnicos judiciales, siete como fiscales auxiliares y cuatro como defensores públicos.
“De las 89 personas con esta condición y que aún laboran en el Poder Judicial solo 14 poseen sanciones disciplinarias, es decir, un 15.73%; ninguna corresponde a revocatoria de nombramiento. Solo dos tienen esta sanción, pero renunciaron antes de que se le aplicaran”, concluyó Morales.
Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, estos datos permiten evitar juicios adelantados sobre las personas que tienen un dictamen negativo en algún tipo de prueba.
“Estos datos no permite descalificar las pruebas psicosociales, solo nos deja interrogantes y una llamada de prudencia para no descalificar de antemano a la persona que tenga un informe psicosocial negativo porque los resultados no son como uno podría pensar en algún momento”, dijo.
