Las “pensiones de hambre” constituyen la gran mayoría de las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en nuestro país. Un 64% (193.389) de las 301.576 personas jubiladas bajo este régimen reciben un monto mensual menor a ¢200 mil.
Así se desprende de datos de la planilla de la CCSS de noviembre de 2020 analizados por Rodrigo Arias, matemático, máster en matemática actuarial y exprofesor de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Pero, además, ahora la población próxima a jubilarse recibirá menos por su pensión, ya que con los cambios aprobados por la junta directiva de la Caja el pasado 12 de agosto, el monto podría reducirse entre un 5% y un 7%, según cifras dadas por el gerente de pensiones de la Caja, Jaime Barrantes, al ser cuestionado sobre el impacto.
Según los datos expuestos por Rodrigo Arias, los 141.824 pensionados de IVM que tienen una pensión entre ¢100 mil y ¢200 mil reciben en promedio ¢144.315 mensuales brutos. Mientras que 51.565 personas reciben pensiones que oscilan entre ¢10.000 y ¢100.000 al mes. De acuerdo con sus cálculos, el monto bruto promedio de pensión bajo el régimen del IVM es de ¢278.174 al mes (Ver cuadro).
Arias criticó que la ruta de la junta directiva de la CCSS no es aumentar estas “pensiones de hambre” y que “la reforma del IVM que plantean les quedará como anillo al dedo para ese propósito”.
El matemático elaboró la propuesta que presentó la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (Fectsalud), la cual agrupa a distintos sindicatos, ante la Caja durante el periodo de consulta pública, y allí explicó esta insuficiencia del monto de las personas jubiladas bajo el IVM.
“Mas de la mitad recibe menos de ¢150.000 mensuales, eso no satisface las necesidades básicas de una persona, más si tiene dependientes”, destacó Arias.
Miles de millones en desvíos de fondos
En entrevista con UNIVERSIDAD, Arias se refirió a los casos de desvíos de fondos que ha identificado, así como al incumplimiento y reducción de la base mínima contributiva, los cuales han causado este desfinanciamiento del IVM.
El matemático ha documentado varios desvíos de fondos, pero el más grande es el desvío de 7,5% sobre los salarios de cuotas del Seguro Social, que ascendía a ¢34 billones a 2020. ¿En qué consiste? La Caja recauda el 25.66% del salario de los trabajadores. De ese monto un 9,5% se le rebaja al trabajador, el patrono aporta un 14.5% y el Estado un 1.66%. Pero Arias explicó que hay cifras del departamento actuarial de la Caja que muestran que la institución ha usado un 7.5% de ese porcentaje desde 1975 para otros fines.
“Mas de la mitad recibe menos de ¢150.000 mensuales, eso no satisface las necesidades básicas de una persona, más si tiene dependientes”, Rodrigo Arias.
Estos recursos, de acuerdo con Arias, se han usado para pagar los déficits que tienen varias leyes, como la 5905 (Pensionados Protegidos Seguros Enfermedad Maternidad), la 5349 (Universalización Del Seguro de Enfermedad y Maternidad), la Ley de Protección al Trabajador, y la 7374 (Préstamo del BID para construir hospital de Alajuela), entre otras.
Según el artículo 73 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley Constitutiva de la Caja, esos dineros solo pueden usarse en la seguridad social (seguro de salud y de pensiones de los trabajadores y sus dependientes) y deben trasladarse al régimen de IVM, afirmó Arias.
El matemático ha denunciado lo anterior a lo interno cuando era funcionario de la institución y públicamente desde 2004. También se realizó una auditoría que confirmó sus hallazgos. Sin embargo, no ha pasado nada, informó.
Otra causa importante del desfinanciamiento es la reducción de la base mínima contributiva (cálculo de salario base por el cual patronos y trabajadores deben cotizar). Cuando Eduardo Doryan fue presidente de la Caja (2006-2010), esta se fijó en ¢100.000, lo cual generó la crisis del régimen de salud en 2011. Con la reforma al IVM en 2013 se acordó aumentarla progresivamente hasta equipararla al salario mínimo y, así, en 2019 alcanzara el 100% de este monto.
El año pasado, por la pandemia, el Gobierno la redujo en un 25% para asegurados voluntarios y trabajadores independientes que ganan menos de ¢633.000. Pero a partir de enero de este año se fijó en ¢278.030.
Arias aclaró que el reglamento de IVM dice que la pensión mínima de dicho régimen no puede ser menor a la mitad del salario mínimo. “Hoy el salario mínimo está en ¢320.000. La mitad son ¢160.000, lo cual debería ser la pensión mínima”, indicó. Sin embargo, hay pensiones mucho menores.
“¿Por qué? Porqué dejaron la base mínima contributiva en un 87% del salario mínimo, que da ¢278.400. La mitad de eso da ¢139.000, que es en lo que debería estar la pensión mínima. Pero más de la mitad de las pensiones están por debajo de los ¢150.000. Eso fue otra reforma camuflada porque ese fue un acuerdo de la junta directiva”, criticó Arias.
“Pensionarse por el IVM es empobrecerse”
“Eso es espantoso”, exclamó Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep), sobre “las pensiones de hambre”.
“Pensionarse por IVM es empobrecerse, y precisamente esas pensiones no son más sustanciosas por la histórica política de los gobiernos de desviar los fondos de IVM para otras cosas de seguridad social. La miseria que están viviendo las personas pensionadas y las que se van a pensionar no merece que eso quede impune”, recalcó Vargas.
“Vamos hacia una vejez indigna y con pensiones de pobres”, manifestó el dirigente sindical del sector salud Juan Carlos Durán.
“El modelo de financiamiento de IVM tiene que ver con el empleo, si no hay empleo y trabajos decentes no puede haber un financiamiento estable de los modelos de pensiones. Y tenemos 500 mil personas que amanecen cada día en Costa Rica sin trabajo y 1 millón y medio en pobreza extrema. Están reduciendo el perfil de beneficios de toda la población”, denunció Durán.
Se reducirá aún más
Lenin Hernández, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) y secretario del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae-Afines), señaló que, además, con la reforma, la persona trabajadora recibirá entre un 5% y un 10% menos de lo que esperaba en su pensión. “Eso es muy grosero ante la situación económica y social tan complicada”, dijo Hernández.
Esto por cuanto la reforma aprobada cambia el cálculo de la pensión básica para que se consideren 25 años de cotizaciones en vez de 20 años —como actualmente— y tomando los mejores 300 salarios. El beneficio adicional a partir de los 25 años cotizados será un 1% por año adicional, que es lo que está vigente hoy.
Por ejemplo, una persona que cotizó 35 años con un salario promedio de ¢500.000, recibirá un 52,5% por los mejores 25 años y 10% por los 10 años adicionales, para un total de porcentaje de pensión de 62.5%, según explicó la Caja.
Pero Arias aclaró por qué disminuiría el monto de la pensión con la reforma. Por ejemplo, si actualmente alguien se pensiona con 35 años trabajados, por los primeros 20 años le darían en promedio 45% de pensión básica, y por el exceso de 20 años sobre 35 años serían 15 años. Al sumar 45% más 15% sería un 60% del salario promedio de referencia. Pero con la reforma, por los primeros 25 años trabajados le darían 45% y por el exceso de 25 años, sobre 35, serían solo 10 años. Al sumar 45% más 10% su pensión se calcularía en un 55% del salario promedio.
