12 diputados firmaron una consulta ante Sala Constitucional por el proyecto contra acoso sexual callejero. En este tribunal, el documento espera que se apruebe su admisibilidad.
El proyecto fue votado positivamente este martes, en primer debate, con 49 diputados a favor. Ahora, tendrá que esperar su segundo debate hasta que avance el trámite en Sala IV.
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Diputados que votaron en primer debate, aparecen en la lista de las firmas que piden a los magistrados que revisen si hay violaciones a los principios de tipicidad y legalidad penal; y también contra los principios de legalidad penal, proporcionalidad y razonabilidad.
Los diputados firmantes son del Partido Restauración Nacional (su jefa de fracción Xiomara Rodríguez; Mileidy Alvarado; Giovanni Gómez; Melvin Núñez; Carlos Avendaño y Floria Segreda); Partido Liberación Nacional (David Gourzong; Luis Antonio Aiza; Paola Valladares; Jorge Luis Fonseca) y del Partido Republicano Social Cristiano (Otto Roberto Vargas).
De esta lista, la única legisladora que no participó del primer debate fue Floria Segreda.
El grupo de legisladores argumenta que, en el tema de la tipicidad, existen “graves defectos” en la forma que se describe “la conducta a tipificar como acoso callejero, lo que lo haría inconstitucional”.
“Por el uso de términos abiertos, de contenido indeterminado, imprecisos y de alcances totalmente subjetivos”, asegura.
Este mismo punto fue llevado a plenario por el diputado Jorge Luis Fonseca, quien se refirió en contra del uso del término “connotación sexual” en la descripción del acoso sexual callejero.
“¿Constituirá una mirada de exaltación, de admiración, por la belleza femenina, o de cualquier otra persona, un indicio de acoso sexual callejero? Menuda tarea tendrá el legislador (sic), cuando haya de escarbar y recurrir a otros elementos más allá de la norma expresa en tinta y papel, para tratar de averiguar cuál fue la conducta, intención de un sujeto, de un delincuente al realizar determinado acto”, afirmó Fonseca, durante el debate.
Por otro lado, los legisladores se manifiestan dudosos de la aplicación de penas accesorias (programas contra adicciones de alcohol y drogas; así como programas de trabajo para educar a los ofensores (“orientado al control de conductas violentas, la reeducación y sensibilización sobre las masculinidades tóxicas, equidad de género y respeto por los derechos humanos de las mujeres”, dice el proyecto)”.
“Este elenco de penas accesorias no tiene un régimen claro para su aplicación, en los supuestos en que las personas condenadas están en prisión, porque no en todos los establecimientos carcelarios hay programas”, afirma la consulta constitucional de los diputados.
