Un total de 1.800 registros de plaguicidas, sin estudios actualizados sobre su potencial riesgo a la salud y al ambiente, se siguen usando en el país, mientras un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa planea extenderles aún más su vida útil.
Así lo expuso Soledad Castro, investigadora doctoral en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el seminario virtual “Del complejo global de plaguicidas a la crisis por agrovenenos en Costa Rica”, organizado por la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB), CoecoCeiba-Amigos de la Tierra, Bloque Verde y el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (Frenasapp).
Castro expuso parte de los resultados de una investigación realizada en conjunto con Marion Werner, docente e investigadora sobre cadenas suplidoras globales y sistemas agroalimentarios en la Universidad de Buffalo, en Nueva York, Estados Unidos.
En la investigación, cuyo trabajo de campo se realizó entre 2018 y 2021, Castro explicó cómo se llegó a esta parálisis regulatoria del registro de plaguicidas en Costa Rica.
Como señaló, en el 2004 la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento que establece que es necesario modificar el sistema de registros del país, para que sea obligatorio incorporar estudios de riesgo a la salud y al ambiente y evaluaciones hechas en el país, antes de registrar plaguicidas.
Se otorgó un plazo para que las empresas registraran plaguicidas que no cumplían con estos estudios. En el 2007 se emitió una normativa que otorgó un plazo de 10 años para que los registros que no cumplían con esos estudios puedan ser revalidados y así comienza a hacerse “esa presa de registros viejos”, como la catalogó Castro.
En el 2016 se emitieron decretos ejecutivos que reducían los requisitos y cambiaban los criterios para registrar los plaguicidas, lo cual fue catalogado por sectores críticos como una forma de “desregularización”, indicó Castro. Estos decretos fueron impugnados y su aplicación fue suspendida por la Sala Constitucional.
Después de eso, se optó por la vía legislativa para intentar “extender la vida útil de esos registros”, destacó la investigadora.
Ahora, un proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa propone que sea suficiente una declaración jurada para poder registrar una sustancia y que se puedan presentar estudios realizados en otros países. Se trata del proyecto de ley de Registro de Agroquímicos (Expediente 22.437).
Castro además explicó que después de años de estar revisando los registros y la información disponible y al no recibir una respuesta clara del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) tuvieron que interponer un recurso de amparo solicitando que se aclarara de forma directa cómo estaba el estado de esos registros. Fue hasta ese momento que se les respondió.
“La respuesta oficial que tenemos del Servicio Fitosanitario del Estado es justamente que esas revalidas siguen estando utilizadas. A pesar de que en muchas de ellas ya vencieron los registros, han encontrado diferentes vías para seguir teniendo ese permiso. En este momento se les extendió la vida útil”, expuso Castro.
“Estas sustancias fueron registradas previo al 2007, cuando se hizo este cambio regulatorio, donde se estableció el requisito de poder tener evaluaciones de riesgo y suficiente información sobre el tema de riesgo. Eso se tenía que renovar; no se ha renovado, y se ha ido extendiendo. Esos 1.800 registros fueron registrados cuando había menor número de requisitos; entonces sí, están siendo utilizados sin estudios de riesgo actualizados”, aclaró Castro, ante consulta de UNIVERSIDAD.
“Esas sustancias se están utilizando en comunidades, en cuerpos, en territorios, se están usando en el país, en detrimento social y ecológico”, afirmó la investigadora.
80% de plaguicidas usados en el país son altamente peligrosos
Fernando Ramírez, investigador y docente del Instituto Regional de Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) y miembro de Red de Acción en Plaguicidas Latinoamérica (RAPAL), detalló que un 80% de los plaguicidas que se aplican en Costa Rica son considerados como altamente peligrosos.
Pero además, por cada hectárea el país usa 10 veces más de lo que usa Estados Unidos. Según datos que expuso, en Estados Unidos se aplican 2,5 kg de ingrediente activo por hectárea, por año; mientras que en Costa Rica se usan 25,1 kg/i.a.
A lo anterior se suma que a partir de 2007 el país se convierte en un exportador de plaguicidas, principalmente por su alta importación de ingrediente activo en grado técnico, explicó Ramírez.
En 2021, la mayoría de ingrediente activo que se importó fue para formulación (mezclarlo con otros materiales llamados aditivos que facilitan su aplicación, y reenvasarlo) y luego exportarlo a otros países. Principalmente Costa Rica importa ingrediente activo de India (63%), de China (30%), de Estados Unidos (3%) y de Polonia (2,5%), indicó Ramírez.
Sector con exenciones fiscales, grandes ganancias y concentrado en pocas manos
Sobre este tema de las empresas que importan y formulan plaguicidas, un sector con exenciones fiscales, grandes ganancias y concentrado en pocas manos se refirió Henry Picado, investigador de la Red de Coordinación en Biodiversidad e integrante de Bloque Verde.
Según Picado, el sector percibe ganancias de $2.500 millones al año en importaciones y $700 millones anuales en exportaciones, además de exenciones fiscales.
Como reportó UNIVERSIDAD, según el estudio “Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica”, del agrónomo Elidier Vargas, el Estado costarricense renuncia anualmente a una suma que va de los $22 millones a los $27 millones sólo en exoneraciones a plaguicidas, y a unos $50 millones por año si se suman las exoneraciones que se aplican a fertilizantes.
También señaló que Costa Rica es uno de los países de América Latina en el que es más barato para una empresa registrar una molécula. Esto tiene un costo promedio de $400 en el país, en comparación con México, donde cuesta entre $1.500 y $4.500; Uruguay, $2.000; y Argentina, $8.500.
Otro señalamiento es que el sector está concentrado en pocas manos y donde parecieran repartirse el mercado. Usando datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Picado dijo que solo una empresa importa el 63% del glifosato, otra importa el 50% del paraquat y otra el 98% del 2,4-D.
Picado recordó que mientras el sector acumula ganancias, disfruta de exoneraciones, con bajísimos costos para registrar moléculas, el 64,3% de la comida fresca que se consume en el país, tiene residuos de plaguicidas. “Básicamente es una invasión por parte de las empresas en nuestros hogares, en nuestras mesas, en nuestro cuerpo”, declaró Picado.
