El “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia. Propuesta para negociar con el FMI”, debe ser rechazado completo, de inmediato y sin condiciones. Este Plan FMI no es mejorable porque integralmente fue diseñado para empobrecer a la mayoría de la gente e incrementar la riqueza de la élite rica y archirrica del país. Es prácticamente copia de los manuales del FMI y del Banco Mundial con algunos datos nacionales, y un escaso fundamento que se manifiesta en la pasmosamente paupérrima bibliografía de 5 fuentes (1 de las cuales es el mismo FMI y otra la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos/OECD). Como documento técnico es una vergüenza, y como propuesta de Gobierno una declaración de guerra contra la gente trabajadora de Costa Rica.
Lo que la aplicación del Plan FMI consolidaría en Costa Rica es la desigualdad que padece el mundo entero producto de las mismas políticas económicas. Nada de exclusivo tiene este país. Tanto el FMI como quienes lo replican en Costa Rica dentro de leres del Estado y los gremios de la élite como la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) y la Asociación Horizonte Positivo, debieran reconocer con todo cuidado su responsabilidad directa en la destrucción de la equidad social. Costa Rica es un ejemplo cada vez más claro del retroceso en igualdad social que se vive en todo mundo, producto de un sistema que asegura, entre otros privilegios, la injusticia tributaria en favor de las élites. La organización OXFAM (2020) en su Informe “Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad”, señala que “…tan solo el 4% de la recaudación fiscal mundial procede de los impuestos sobre la riqueza, y hay estudios que demuestran que las grandes fortunas eluden hasta el 30% de sus obligaciones fiscales. Las empresas están sujetas a un nivel impositivo extremadamente bajo, lo cual permite a los más ricos aprovecharse de los beneficios obtenidos por aquellas empresas de las que son los principales accionistas” (p.12). En Costa Rica algunos cálculos hablan de evasión fiscal hasta por 8% del PIB, y el Plan FMI proyecta recuperar 0,25% del PIB por este concepto, pero hasta el año 2023, lo cual resulta burlesco y ofensivo.
El Plan ni siquiera es original. Su “corazón” es copia del diagnóstico del FMI para América Latina: “las economías están estancadas”. Nada nuevo. Repiten el discurso de la desigualdad, el decrecimiento del PIB per cápita (que es la mentira de siempre para ocultar la brutal distribución inequitativa de la riqueza), la baja en la inversión privada, el “insostenible” déficit público, los Estados enormes, las deudas de los Gobiernos, la desaceleración económica, la baja en las expectativas de crecimiento. Es decir, en la crisis del Covid-19 el FMI y el Gobierno repiten el mismo diagnóstico o los mismos “descubrimientos” que los de hace décadas, y lanzan exactamente la misma “receta”: austeridad y disciplina financiera, descargando la crisis en la gente de media y baja condición económica: la gente trabajadora formal, informal, cuentas propias, independientes de todo tipo, el sector de la agricultura alimentaria (excluidas las agroindustrias y monocultivos extensivos).
La “ayuda” que propone y realiza desde siempre el FMI son créditos de los acreedores que lo controlan y deciden a cuáles países se les puede prestar y en qué condiciones. Es tan calcado el manual, que hasta este momento el FMI ni siquiera ha contemplado la posibilidad de renegociar los pagos de servicios de la deuda para los paíes deudores de todo el mundo y en América Latina están corriendo para “ayudar” con nuevos créditos/desembolsos a 16 países, lo cual implicará más deuda, mayor dependencia y, por su puesto, mayor pobreza para las mayorías y reconcentración de la riqueza en las élites archimillonarias. En esto consiste el aprovechamiento de la crisis: los países se endeudarán más y el flujo de recursos hacia la banca corporativa supranacional quedará asegurado por décadas.
Si enlistamos todas las economías fallidas de América Latina, pero también las de África, como Sudán y los “rescates” de Grecia y Portugal, por ejemplo, veremos que, sin excepción, terminaron en tasas de desempleo mayores, inflación/aumento de los precios de servicios y productos, desempleo y, con despiadada fuerza, desmoronamiento del Estado y especialmente del las instituciones sociales. En el Plan FMI se avanza un poco más -y temerariamente- al proponer la baja de las cuotas para la CCSS de TODOS los patronos, desde las empresas de unas cuantas personas, hasta de las megaempresas, que seguirán con sus excenciones y evasiones intactas. Además, se miente diciendo que el Estado lo compensará y no se explica que para ese pago a la CCSS, se le cobrará a la gente por cualquier transacción bancaria sin importar quién la haga ni por cuánto sea. Se pagará ese impuesto por sacar ¢10.000 del cajero lo mismo que por un pago multimillonario. El Plan FMI dice que “La estimación sugiere que por cada 0,1% de impuesto sobre las transacciones electrónicas y cheques realizadas en el país, se estaría recaudando 410 mil millones de colones (promedio 2015-2019), lo que equivale a un 1,25% del PIB” (p.46). Es decir, le bajan las obligaciones a los patronos pequeños y grandes, pero eso se lo cobrarán a toda la gente, aplicando un mecanismo que aumentará la desigualdad y la pobreza. Es como cuando durante la discusión del combo fiscal decían que un 1% de impuesto a la canasta básica “no era nada”.
En los últimos años, gobiernos e instituciones de todo tipo, parecen obsesionadas por usar los datos de diagnóstico de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos/OECD; estudios que coinciden bastante con los del FMI y otras entidades. Valga decir que los datos y diagnósticos fuera de contexto y “sin historia” hacen olvidar siglos de relaciones asimétricas. Los países europeos, con los que nos comparan en índices económicos y de desarrollo humano, fueron los colonizadores y los nuestros sus provedores, los saqueados y exterminados. Esto no es historia antigua; es historia actual, y si hay una institución transnacional que mantiene el neocolonialismo, es el Fondo Monetario Internacional; igual o más que el Banco Muncial.
Dicho eso, podemos señalar algunos aspectos sobre Costa Rica en que la OECD coincide con el FMI. En su “Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020” (https://www.oecd.org/economy/estudios-economicos-de-la-ocde-costa-rica-2020-84cbb575-es.htm) , esta entidad señala que la “La reforma fiscal aprobada en diciembre de 2018 fue un paso histórico para restaurar la sostenibilidad fiscal”, y que “Una vez la economía se recupere, la implementación plena de la reforma fiscal es crítica” (resaltado no es original). Ambas sentencias apuntan en la dirección exacta de políticas restrictivas que son las mismas que el FMI impone y que el Gobierno está proponiendo. Otra idea de la OECD es “Adoptar una escala salarial única para el empleo público”, la cual se expone en el Plan FMI de la siguiente manera: “…es esencial ordenar el empleo público y eliminar las duplicidades en las instituciones públicas a través de la modernización del Estado con el fin de inyectar eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía costarricense y generar ahorros al fisco” (p.21). Para avanzar en esa dirección el Plan FMI propone “La reforma al empleo público mediante la aprobación del expediente legislativo N° 21.336 Ley Marco de Empleo Público”, que incluye “…b. Un único régimen de empleo público. Eliminar la fragmentación de regímenes de empleo público, mediante la unificación de un solo régimen de empleo público conformado por ocho familias de puestos (p.38). Estos cambios en el empleo -7.000 plazas eliminadas-, significarían, según se indica en el “Cuadro 4. MEDIDAS PERMANENTES: Impacto fiscal en ingresos y gastos” 0,25 del PIB en 2023 y en 2024.
Ya en marzo 2020 habíamos indicado sobre la respuesta económica ineficaz del Gobierno ante la pandemia (https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2020/03/27/panorama-nos-espera-despues-coronavirus) y medidas de ajuste contra el trabajo como “la suspensión de contratos de trabajo, la reducción de las jornadas laborales y salarios hasta en un 75% en el sector privado, con lo que se avanza en el proceso de flexibilización laboral y pérdida de calidad del empleo, cuando en países de Europa se busca asegurar la estabilidad laboral en medio de la crisis social provocada por este neoliberalismo salvaje” (https://semanariouniversidad.com/opinion/populismo-neoliberal-y-coronavirus/)
El Plan FMI tampoco atiende con responsabilidad los datos del INEC que indican que en “En este primer trimestre de 2020, la población desempleada fue de 314 mil personas, se incrementó estadísticamente en 38 mil personas. Del total de personas desocupadas, 129 mil eran hombres y 185 mil mujeres. Este aumento se generó mayoritariamente en la población femenina (46 mil personas con respecto al primer trimestre 2019). A nivel nacional, la tasa de desempleo fue de 12,5%, aumentó respecto al primer trimestre de 2019 en 1,2 pp. (INEC. 2020. p.14).
Sobre los impactos negativos más pronunciados contra las mujeres, los datos del INEC coinciden con la advertencia de la Comisión económica para América Latina y el Caribe y la Organización Panamerica de la Salud. CEPAL y OPS (2020) indican en su “Informe Covid-19. Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el Covid-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe ( https://desarrollojustoysostenible.cl/salud-y-economia-una-convergencia-necesaria-para-enfrentar-el-covid-19-y-retomar-la-senda-hacia-el-desarrollo-sostenible-en-america-latina-y-el-caribe/) que “la crisis afectará más gravemente a las mujeres, ya que estas representan más del 60% de la mano de obra en los sectores de alojamiento y servicios de alimentación y el 72,8% de la fuerza de trabajo en el sector de la atención de la salud, y tienen una mayor probabilidad que los hombres de trabajar en ocupaciones informales. El confinamiento también ha significado una presión adicional sobre las mujeres como cuidadoras principales, al tiempo que ha aumentado la incidencia del feticidio y otras formas de violencia sexual y de género” (CEPAL-OPS. 2020. p.13).
Contrario a lo que propone el Plan FMI para atender la crisis por el Covid-19, la CEPAL ha insistido en que “todo lo que se haga durante esta crisis y después de ella debe dirigirse a construir sociedades más igualitarias, inclusivas y resilientes. La protección social es una herramienta central para enfrentar la pandemia, de manera que la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión debe ser una pieza fundamental” (resaltado no es del original). (CEPAL. 2020. p.4). En Costa Rica se está avanzando en dirección totalmente opuesta que no contribuye de ninguna manera al objetivo de reducción de la desigualdad. Según la CEPAL “Todo lo que se haga durante y después de esta crisis debe centrarse en construir sociedades más igualitarias e inclusivas que sean más resilientes frente a futuras crisis” (CEPAL. 2020. p.18).
Si los Gobiernos copian con obediencia los manuales de política económica del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, este es un buen momento para que el Poder Ejecutivo copie y aplique de inmediato las recomendaciones de la CEPAL y se oriente hacia una política económica que contribuya “a la reconstrucción a través de una política social progresiva y un gasto público suficiente, eficiente, efectivo y equitativo, abordando las debilidades estructurales de los sistemas fiscales, como la baja carga tributaria, su estructura regresiva y la evasión fiscal”.
El diagnóstico de la OECD para Costa Rica incluye también la necesidad de “Eliminar las exenciones fiscales que benefician a los contribuyentes más ricos”, pero sobre esta tarea no hay ni siquiera un garabateo en el Plan FMI, pues su esencia es, como indicamos, consolidar los privilegios de las empresas que no pagan impuestos y de la étile nacional. En términos de confirmación de la creciente inequidad social, la misma OECD reconoce que en el año 2019 Costa Rica fue, de acuerdo con el Coeficiente de Gini que mide la desigualdad, el país con mayor desigualdad en un grupo de 37 de todo el mundo (OECD. 2020. p.14); pero los diagnósticos siguen siendo un ejercicio de sectas económicas técnicistas y las respuestas apuntan a incrementar las causas estructurales de la crisis social, una de las cuales es la injunticia tributaria.
A pesar del deterioro de las economías durante la pandemia, las causas de la crisis son mucho más profundas. ¿Quién dirige el Gobierno de Costa Rica, qué tipo de desiciones se toman y quiénes son los que se benefician?, son preguntas fundamentales que no se resuelven desde la economía de mercado. Estamos ante un desafío político y ético y hasta ahora parece claro que ni Hacienda, ni MINEPLAN, ni el Banco Central, ni Zapote, ni la Asamblea Legislatica, tienen cómo responder. Mucho menos los gremios de la élite empresarial beneficiada con la crisis y la pandemia. Es por las políticas del pasado y actuales de endeudamiento, “disciplina fiscal”, demolición del Estado social, aumento de pobreza, etc, que los pueblos están regresando y retomando las calles en Chile, Colombia, Bolivia, Alemania y otros países de Europa y muchos más. Todo indica que a Costa Rica le llegó la hora de convertir la indignación en acciones.
Para Costa Rica aplica con perfección la recomendación del informe de OXFAM (2020) que llama a “Acabar con la riqueza extrema para erradicar la pobreza extrema: La riqueza extrema es síntoma de que vivimos en un sistema económico fallido”.
