Nada es solidario cuando es una imposición. Eso es lo que ocurre con el proyecto del Gobierno para grabar con un nuevo impuesto los salarios de ¢1.100.000 y más. Es una idea arbitraria y refleja una práctica autoritaria de poder. Atenta contra un importante segmento de la clase trabajadora, incluida muchísima gente de la Caja Costrarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud, funcionario/as de Seguridad pública entre otros, que son quienes se están partiendo la espalda para cuidarnos a todo/as. Eso sí es solidaridad. Los y las funcionarias de estas instituciones en el Gabinete, hacen lo que por obligación les corresponde en la dirección de la crisis sanitaria.
La propuesta del Gobierno ha logrado un efecto perverso cual es el de dividir a las y los trabajadores entre “solidarios” o “antisolidarios”. Mucha gente “estudiada”, como se dice en el pueblo, y hasta profesores universitarios, de quienes se podría esperar que entendieran con facilidad la movida antipopular del Gobierno, están sonando tarros de guerra contra los “no solidarios”. La propuesta es también un ardid propagandístico y manipulador; una muestra de populismo neoliberal para hacer creer que entre “todos” nos vamos a ayudar, y que quienes se oponen son malas personas. Desde el punto de vista del ejercicio del poder, alinear a la gente en una discusión falseada y divisionista es un logro indudable del Gobierno; un gol adicional. Ya la gente está aislada de manera forzada y por seguridad sanitaria, y por eso en lo inmediato es imposible articular una oposición colectiva y efectiva contra el nuevo impuesto.
Ese cobro apunta contra mucha gente que tiene no sólo su salario si no, literalmente, su vida laboral amarrada a los bancos y empresas comerciales financistas para pagar “chunches” de todo tipo, préstamos, hipotecas, etc. Es cierto que la gente cayó en la trampa del consumismo desenfrenado y que ahora es víctima de todo tipo de usura; pero ese es otro asunto que los gobiernos y la Asamblea Legislativa no han querido arreglar. Lo concreto es que buena parte del salario de muchísima gente cae en las cajas de las entidades que están quedando exentas de ser “solidarias”, y precisamente ése es el problema: la Administración Alvarado insiste en eximir de cualquier contribución a los gremios empresariales y principalmente a los de la Unión de Cámaras. Uno de los ejemplos acabados de antisolidaridad es el de las empresas privadas de la salud (en realidad se trata del comercio con la enfermedad de la gente) que permanecieron en silencio durante semanas hasta que vieron las pruebas del COVID-19 como una “oportunidad de negocio”. En un país que verdaderamente buscara la solidaridad, el Gobierno las hubiera llamado, por obligación y ética, a sumarse de manera gratuita a prestar ayuda.
Hablar de solidaridad cuando la concentración de la riqueza en el país es una vergüenza que los mismos Gobiernos nunca han querido resolver, es pura demagogia. Claro que para peón de la construcción o agrícola que gana ¢10.620,62 al día, y que prácticamente nunca logra trabajar los 5 días de la semana, un millón de colones es una verdadera fortuna y de entrada sería lógico que esté de acuerdo con el nuevo impuesto. Sin embargo, no se puede comprender lo regresivo de este nuevo impuesto, si no recalcamos que Costa Rica es uno de los países más inequitativos del mundo y que con este nuevo gravamen lo será aún más por culpa directa de este Gobierno. Sin profundizar en esa cuestión, podemos resumir siguiendo a Luis Felipe López-Calva, director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en América Latina y El Caribe. En una entrevista que le hizo Cecilia Barría de BBC News Mundo (25/11/2019), explicó algunos resultados de mediciones de desigualdad en la distribución de la riqueza usando el Coeficiente de Gini (según el cual 0 es igualdad perfecta): para el año 2017 entre 18 países de América Latina, Uruguay fue el país más igualitario ocupando la posición 18 con un indicador de 39.7 y Brasil (puesto 1) fue el más desigual con un indicador de 51,3. Como más desiguales seguían Colombia, Panamá, Honduras, y en el puesto 5 estaba Costa Rica como el quinto país más desigual de toda América Latina, con un indicador de 48,7.
El impuesto es parte de la contrareforma o regresión social que la coalición neoliberal está acelerando durante la crisis por el CV19, tanto desde el Ejecutivo como en la Asamblea Legislativa. Lo que estamos presenciando es la continuación de la misma política económica que llevó a la imposición del combo fiscal. Y esa es otra trampa: la crisis no es sanitaria únicamente; la crisis es del modelo de sociedades que vivimos. Es necesario recordar que cuando discutimos sobre quiénes pagarían la mayor carga de impuestos según el proyecto de Ley 20.580, hoy Ley 9.635, constatamos que el impuesto al valor agregado, IVA, recaería en los “hogares” que pagarían ¢90,3 de cada ¢100 recolectados. Si bien “hogares” es una categoría que incluye a toda la gente, no revela las diferencias descomunales entre los ingresos. Por ejemplo, la señora Rocío Aguilar, “resucitada” a la vida pública en medio de la crisis COVID-19, según publica el Banco Central, tiene un salario de ¢9,5 millones mensuales como Superintendente de pensiones, mientras que para una empleada doméstica el pago es de ¢199.760,73, según la tabla oficial de salarios del Ministerio de Trabajo de febrero de 2020. Nada menos que 47,5 veces más. Pero esa es la tendencia en el país, porque el 20% de personas más ricas acaparan más de la mitad de la riqueza (50,93), mientras que la gente más pobre, que son 20 de cada 100, debe repartirse apenas 4,02 tajaditas de las 100 del “pastel”. Estos datos del INEC (2018) se acercan bastante a los del PNUD que vimos más arriba.
Las estimaciones del Gobierno sobre las fuentes de ingresos aplicando el plan fiscal indicaban que el IVA aportaría el 43% y los salarios un 13%. Es decir, que un nuevo impuesto al salario equivaldría a grabar nuevamente los salarios que ya de por sí pagan el impuesto de renta, algo que en el sector público, por dicha, es imposible evadir. Esa nueva tabla impositiva debería aplicarse a salarios de más de 2,5 o 3 millones, escalando a los salarios realmente elevados y a las pensiones de lujo como bien se aprobó.
El Presidente Alvarado ha indicado que “el país puede quebrar” por falta de ingresos para atender la crisis; y esa es otra falacia. La insolvencia económica que argumenta el Gobierno es su propia escogencia. Si el Estado no tiene recursos es por la negligencia histórica del Ministerio de Hacienda y la complicidad con las élites. Hace poco tiempo el mismo Ministerio de Hacienda debió publicar el “Listado de Obligados que declararon Impuesto Cero en el Impuesto sobre las Utilidades”, porque el Diputado JM Villata lo obligó y no por voluntad. Ahora el listado de las 199 empresas que reportaron “cero utilidades” del 2008 al 2017 puede ser consultado por cualquier persona, y debería servir para orientar a la gente a consumir responsablemente excluyendo a esas empresas. Apoyar la agricultura orientada a la soberanía y seguridad alimentaria y las redes de comercio e intercambio justo nacionales y locales, deberían quedar como un aprendizaje, entre muchos, de esta crisis que vivimos.
El gobierno sabe dónde está la plata que hace falta. Y lo sabía desde mucho antes, como cuando la Contraloría General de República publicó el INFORME Nro. DFOE-SAF-IF-04-2015, 17 de noviembre 2015, de la División de fiscalización operativa y evaluativa, que decía: “Debe indicarse que 34 grandes contribuyentes declararon reiteradamente cero de impuesto sobre las utilidades en los cuatro periodos fiscales objeto de estudio”. Y en el INFORME Nro. DFOE-SAF-IF-00002-2018, 03 de abril 2018, de la misma Contraloría, se acusó que el desfalco seguía porque “…un 27% de las Grandes Empresas Territoriales declararon pérdidas o cero impuesto de utilidades en el periodo 2010-2016”. Entonces por qué disparar contra los y las trabajadores cuando el país podría tener una condición financiera realmente desahogada si el Gobierno cobrara a quienes estafan al resto de la sociedad costarricense.
El estilo de “solidaridad” del Gobierno no es más que populismo neoliberal. El gobierno de Carlos Alvarado habla de “unión nacional” pero le salva el cuero al capital y al empresariado nacional usurero, evasor, elusor y exonerado. En paralelo congela el aumento salarial ya acordado y en la Junta Directiva de la CCSS se impulsa una reforma del Reglamento de contrataciones a terceros que creará mejores condiciones para nuevas formas de privatización de los servicios de salud, como lo han denunciado los gremios laborales de la misma Caja. A todo esto se suman la suspensión de contratos de trabajo y la reducción de las jornadas laborales y salarios hasta en un 75% en el sector privado, con lo que se avanza en el proceso de flexibilización laboral y pérdida de calidad del empleo, cuando en países de Europa se busca asegurar la estabilidad laboral en medio de la crisis social provocada por este neoliberalismo salvaje.
Así como funcionarios del Gabinete se han preguntado por qué hay gente que no entiende y no hace caso de quedarse en la casa, nosotros podemos preguntarnos cómo es que el Presidente Alvarado y su Gobierno no entienden, no hacen caso y sobre todo no asumen su obligación de cobrar a los evasores, elusores, usureros y exonerados.
Finalmente, es necesario recuperar memoria: ¿dónde están las empresa nacionales como “El Ángel”, que cuando ocurrió el terremoto de Cinchona asumió los salarios de todos de sus trabajadore.as y los sostuvo hasta su recuperación? Eso sí fue solidaridad y un ejemplo excelente de responsabilidad y ética que las empresas del país deberían copiar y el Gobierno estimular. Pero lo que está claro ahora mismo es que los ricos ya están “salvados” y que el Gobierno lo que hace es blindarlos.