Las reformas económicas que se proponen desde el Gobierno, los grupos económicamente dominantes, empresas de comunicación y partidos políticos en el parlamento no son dolorosas, como lo mencionó el presidente Carlos Alvarado, sino que son suicidas. En plena pandemia defienden sin sonrojarse el desfinanciamiento estatal y la absurda austeridad fiscal.
Ese es el libreto conocido en toda América Latina en los últimos 40 años, que ni resuelve el déficit ni dinamiza la economía. Si acaso logra encontrar algún grado de impacto positivo (maquillar, diría Thomas Piketty) en las cuentas nacionales, se debe más por factores externos no controlables y fugaces que por la virtud de las reformas mismas.
Quiénes promueven esta insensatez devenida en sentido común nunca asumen la responsabilidad. Hoy Costa Rica no está ni cerca de las promesas de los tecnócratas neoliberales que auguraban toda serie de beneficios habidos y por haber si aprobábamos sus reformas. Como nunca asumen su parte, la respuesta es la misma explicación arbitraria y monocausal de siempre, repetida al cansancio a pesar de la pobre evidencia empírica al respecto: el Estado costarricense es excesivamente grande.
Bajo esas orientaciones y reformas neoliberales han parasitado la institucionalidad pública, lo que redunda en su ineficiencia y deslegitimación social. En fin, un círculo vicioso. No saben cómo este país, mucho más pobre y menos productivo, pudo crear y expandir una robusta política social hace 80 años; pero ahora, más enriquecido y diversificado que antes, esa política social resulta “insostenible”. No estamos preparados para reconocer que el país está más cerca de los escenarios escépticos advertidos al cansancio por los sectores académicos, sociales y populares que han adversado esas reformas. Nos falta memoria política.
El cumplimiento irrestricto de la regla fiscal no tiene justificación. Es un freno de mano que nos lleva a la desaceleración económica y al bloqueo de la capacidad de agencia para maniobrar y resolver los múltiples problemas sociales existentes. Los partidos políticos que hoy defienden su aplicación estricta se están creando su propio sepulturero si llegan a ocupar las sillas oficialistas. Como queda claro en la literatura, normalmente de los “OFI”, que defiende ese tipo de medidas, la eficiencia de las reglas fiscales parte de la premisa —no siempre dicha— de que la austeridad fiscal es buena per se. Pura ideología. Una ideología responsable de las muertes adicionales que conlleva la mercantilización de la salud en este contexto de pandemia, como ha quedado claro en España, Italia, Estados Unidos o Chile, entre muchos otros. Ni qué decir de quienes defienden la inflación 0 mientras tenemos un desempleo de +12%, o de quienes preparan la privatización de la educación superior.
A todo eso se suma la mentira coyuntural del momento: los empleados públicos no han hecho ningún sacrificio. Es una mentira de una enorme bajeza intelectual y moral. Mejor que le digan a la ciudadanía que no quieren financiar ese Estado social, porque simplemente creen en la metafísica del mercado como principal o único sistema legítimo de asignación de recursos. Ese mismo mercado que cree racional asignarle sumas exorbitantes a financieros, deportistas y estrellas televisivas mientras desfinancia la salud y la educación públicas, y dispara la desigualdad social. Vaya armonía socioeconómica Mr. Hayek.
Debemos estar atentos. El clima discursivo que se ha instalado indica que está en proceso un programa de ajuste fabricado localmente y apoyado en sus únicos aliados internacionales del momento: las calificadoras de riesgo. Además, se hace acompañar del discurso de sacrificio ya de sobra conocido: es necesario renunciar a los derechos sociales y laborales actuales por nuestro propio bien y el del país. Es por vos, es por Costa Rica. Sin embargo, nunca responden porque los “sacrificios” en el presente a favor de un futuro que nunca llega solo recaen sobre las masas asalariadas.
