Hace aproximadamente cinco años empezaron los conflictos ecosociales en Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus por los proyectos hidroeléctricos privados.
Ante la reciente e incomprensible reactivación del PH Consuelo, y la vigencia del PH San Rafael, es evidente el desinterés en apoyar a las comunidades rurales, a pesar de los conflictos y carencias.
Por una parte, están los desarrolladores privados, estratégicamente poderosos, a veces acusados por corrupción y procesos confusos, que naturalizaron la costumbre de realizar estudios costo-beneficio e impacto ambiental incompletos. Utilizan el caudillaje con líderes comunales para persuadir sobre los beneficios personales y económicos que recibirán, provocando rivalidades y ambientes tensos entre pueblos.
Por el otro, está la búsqueda desesperada y cada vez más violenta de recursos, provocada principalmente por los colapsos ecosociales ante la crisis del capitalismo estadounidense, urgida también de energía y agua ante la inminente crisis hídrica. Estos colapsos son ocasionados por una serie de desplomes económicos, deterioros ambientales, criminalización, militarización, guerras, conflictos, apropiamiento, privatización, y violaciones a los derechos [ver Saxe, E. (2006). Colapso Mundial y Guerra. San José: Editorial Amo al Sur].
Ante esto, América Latina se convierte en una zona fundamental para la supervivencia, hegemonía mundial y el apropiamiento de varios recursos agotables cada vez más escasos. Este proceso afecta más que todo a las comunidades, debido a la voracidad con la que siguen siendo explotadas.
Específicamente la Zona Sur es importante en todos los aspectos para el desarrollo de micro y megaproyectos nacionales y transnacionales, debido a su biodiversidad y abundancia de recursos, ante la escasez en otras zonas para energía y consumo humano, al mismo tiempo que los desalojos y violencia por tierra y agua son cada vez más frecuentes.
Los conflictos por la defensa de recursos surgen de la represión económica, política y militar causada por los intentos imperialistas sobre América Latina, y de expansión hegemónica estadounidense desde décadas atrás, facilitado por tratados internacionales que aprueban la exploración y explotación (ver por ejemplo González 2011).
Siendo realistas, es la carrera por los últimos recursos valiosos y escasos, con represiones a los movimientos sociales, que desenmascaran irregularidades. A pesar de eso, quienes defienden son personas generalmente de un estatus socioeconómico bajo y con consciencia ambiental y social desarrollada, pero con poco apoyo por parte de organizaciones. Plantean la negativa, en este caso al desarrollo hidroeléctrico por la incertidumbre de la mala distribución de las riquezas, intenciones ocultas, conflictos y deterioros, reflejados en países de América Latina, y la Zona Norte de Costa Rica.
La lucha por conservar y no privatizar el agua ha tomado fuerza, por los impactos ya experimentados con la llegada de actividades como los monocultivos. Ahora existe más presión política e institucional que apoya la ejecución y privatización de proyectos para las estrategias de regionalización eléctrica en Mesoamérica. La generación hidroeléctrica en el país pretende exprimir a los pueblos para alimentar la irracionalidad de las pretensiones imperialistas.
Esto no es una situación nueva ni endémica de Costa Rica; es un fenómeno creciente en América Latina que se ha dado con otros recursos. El problema es que ahora está en juego un recurso vital de todas las especies, utilizándolo primero como recurso hegemónico antes que para la propia supervivencia.
Desde la Zona Sur reiteramos -una vez más- nuestra oposición a los PH’s; una forma de omisión y represión sobre los que menos tienen.
