Cuando empezó este gobierno, alguien consideró necesario acabar con la práctica usual de adjudicar el grueso de tareas de mantenimiento vial a las tres grandes compañías que, tradicionalmente, se las adjudicaban y que, luego, subcontrataban a pequeñas empresas que finalmente hacían el trabajo. Las cosas no iban a salir como deseaban, pero las intenciones parecían buenas.
Surgió entonces la idea de separar las tareas viales y al menos dejar las más básicas, las de limpieza de vías y corte de zacate, a pequeñas y medianas empresas (pymes) para democratizar los jugosos contratos del Estado. A fin de cuentas, ¿cuál empresa no podría tener un ahorro pequeño, una línea de crédito, comprar unas cuantas motoguadañas y contratar una cuadrilla de trabajadores poco especializados?
Fue así como invitaron a participar a pymes para tratar de poner en sus manos por los próximos cuatro años esas tareas que, en la actualidad, tiene adjudicadas, en la mayoría de zona del país, la constructora Hernán Solís, uno de los pesos pesados de concesionarias del Estado, que en su página web se ufana de tener contratos sobre dos de cada tres kilómetros de la red vial nacional.
Hubo charlas explicativas, invitaciones directas a pymes, a personas físicas, a asociaciones de desarrollo comunal. “Solidariamente remita la invitación a otro empresario de su comunidad”, decía una de las invitaciones. Al final participaron 59 oferentes.
Era 28 de noviembre de 2015 y pocos sospechaban lo que pasaría dos semanas después con la licitación pública 2014-LN-00016-0CV00 llamada “mantenimiento rutinario sin maquinaria especializada de la red vial nacional pavimentada”. En otras palabras, chapear los bordes de las calles.
El 14 de diciembre, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) adjudicó 19 de las 22 líneas licitadas a tres empresas relacionadas a la compañía Hernán Solís.
El monto contratado llega a ¢12.588 millones, que quedaron repartidas entre sociedades de familiares de los socios de la empresa o de uno de sus ingenieros residentes. Las restantes tres líneas las ganaron la firma Geoastec-Impasesa y dos oferentes particulares: César Jiménez Cubero y Olivier Cubero Arias.
Las tres empresas más beneficiadas fueron Also Frutales S.A., que se adjudicó cuatro contratos por ¢2.659 millones, Fresa Fresca S.A. que ganó dos por un total de ¢1.425 millones y Anamarcala S.A., con 13 líneas, que totalizó ¢8.504 millones, como consta en la publicación de La Gaceta del 13 de enero de 2016.
Also Frutales S. A. es una pyme presidida por Alejandro Acosta Mora, hermano de Roberto Acosta Mora, socio y directivo de la Constructora Hernán Solís, el tercer proveedor del Estado en lo que va del 2016, con ¢58.057 millones, según el sistema de consultas de la Contraloría General de la República (CGR).
Also Frutales S. A. registra solo dos carros a su nombre y ningún teléfono; su domicilio legal es una casa de un residencial en La Uruca. La secretaria de la junta directiva es Sonia Solís Vargas, esposa de Alejandro y hermana de Mélida Solís Vargas, socia y presidenta de la gran constructora.
Mélida y Sonia son hijas de Hernán Solís, quien fundó la exitosa constructora hace medio siglo.
Como tesorera de Also Frutales S. A. aparece Teresita Acosta Solís, hija de Alejandro y Sonia, por ello sobrina de los socios de la constructora H.Solís.
Similar es el caso de Fruta Fresca S. A. presidida por Sonia Solís Vargas con su esposo como secretario y su cuñado, Arturo Acosta Mora, como tesorero.
La sociedad no registra bienes ni número telefónico. Ellos, como se dijo, son hermanos del presidente y la vicepresidenta de H. Solís.
Anamarcala S.A., por su parte, está presidida por David Gourzong Cerdas, papá de David Gourzong Christie, ingeniero residente en la constructora H. Solís y representante corporativo en ciertos proyectos, como del tramo corte de Circunvalación. La tesorera de esta pyme es su mamá, Carol Christie Boyd, y el agente residente, su tío Roberto Gourzong Cerdas.
para ofrecerlos a Pymes, con intención de “democratizar” los contratos del Estado
Consultada para este tema, la viceministra de Infraestructura, Giselle Alfaro, aceptó que la intención era otra, pero subrayó que la Administración nada puede hacer frente a procedimientos que cumplen las reglas. Las tres adjudicatarias son pymes y punto.
“No era lo deseable, nos hubiera gustado que pequeñas iniciativas locales o cuadrillas de grupos familiares que se organizaran y participaran y resultaran adjudicatarias. Lo que pasa es que lamentablemente eso sucede en este gremio y cualquier otro. Las empresas grandes tienen, además del poderío económico, todo el acompañamiento legal para apoyar a sus familiares en la formulación de sus propias empresas. Entonces yo diría que el objetivo (de democratizar las licitaciones) se cumplió parcialmente”, contestó Alfaro a UNIVERSIDAD.
A pesar de los vínculos familiares antes señalados, la compañía H. Solís rechaza tener nexos comerciales con estas tres empresas.
“Ninguno. Las sociedades sobre las que se nos consulta no tienen relación con Constructora Hernán Solís SRL. Adicionalmente, los socios de esta Constructora NO tienen participación alguna, ni como socios, ni directivos de estas empresas”, contestó con contundencia Carlos Carmiol, vocero de la compañía.
Distinto opinan otros oferentes, que corrieron a presentar apelaciones en la Contraloría General de la República (CGR) por motivos distintos. Cuestionaron, por ejemplo, la escasa capacidad financiera de las tres compañías relacionadas con H. Solís, basados en certificaciones de estados financieros a las que tuvieron acceso.
Por ejemplo, Also Frutales reportaba ingresos por solo ¢1.050.000 en el período fiscal del 2014, con una utilidad de ¢142.750, se lee en la copia de la certificación incluida en la relación de hechos presentada por uno de los oferentes, el consorcio Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A.
Cuestionaron también que esos documentos digan de manera expresa que la certificación fue solicitada por Energías Renovables del Atlántico Era S.A., sociedad que sí es parte del grupo corporativo H. Solís, lo que indicaría un vínculo formal en el proceso entre la constructora y las pymes de los familiares.
Esto se debió, según Carlos Carmiol, a “un error material” del contador público autorizado (CPA), Álvaro Francisco Castro Barquero, al elaborar el documento, en junio del 2015.
“Dichos Balances NO fueron solicitados por Energías Renovables Era S.A; lo indicado en esos documentos, obedeció a un error material del CPA, según pudimos constatar después de conversar con él para aclarar este tema”, añadió Carmiol usando mayúsculas y subrayados.
En entrevista con UNIVERSIDAD, Castro Barquero no dio precisiones, pero dijo que el error pudo haber obedecido al uso de un machote cuando hizo las certificaciones. “Bueno, ellos debieron revisarlo también, digo yo. O alguien debió decirme que ahí había algo incorrecto, pero antes de entregarlo, ¿no cree?”, contestó por teléfono.
Carmiol sostuvo que este “error” fue aclarado en su momento y descartó que Energías Renovables Era S.A. (sociedad parte de H. Solís) haya participado en el proceso a favor de las empresas adjudicatarias.
Se intentó contactar a los socios de estas, pero no fue posible por vía telefónica. Tampoco contestaron mensajes Roberto Acosta, Mélida Solís ni el ingeniero David Gourzong Christie.
Carmiol, cuestionado por el vínculo entre H. Solís y las tres compañías adjudicatarias, contestó con el siguiente texto:
“REFUTAMOS CATEGÓRICAMENTE (sic) la afirmación del Semanario UNIVERSIDAD al dar por un hecho y asegurar que existe una relación de Constructora Hernán Solís con dichas empresas. ACLARAMOS QUE ESTE SEÑALAMIENTO ES TOTALMENTE FALSO. Asimismo y por el bien del interés público, solicitamos al Semanario mantener una línea de periodismo objetivo y ético al momento de aseverar este tipo de afirmaciones que podrían ocasionar daños y perjuicios a la imagen de Constructora Hernán Solís”. Carmiol aseguró que ni siquiera sabían de la existencia de estas tres firmas.
La adjudicación del Conavi estaba en firme, para empezar a ejecutarse en octubre. Los contratos por ¢12.588 millones estaban en manos de las tres compañías para hacer el trabajo en la actualidad realiza Hernán Solís, encargada hasta octubre próximo.
Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) emitió este 6 de mayo una resolución adversa y ahora Conavi deberá readjudicar, según la resolución R-DCA-375-2016.
La CGR dio razón completa o parcial a varios recursos de apelación, algunos de los cuales cuestionaban la naturaleza de “pyme” de las adjudicatarias.
La CGR señala que se debe realizar un nuevo análisis sobre los 10 puntos correspondientes a la categoría de la pyme, explicó Giselle Alfaro. Por ejemplo, Anamarcala S.A. presentó una certificación de ser pyme en el área comercial, pero no de servicios. “Somos una empresa con una vasta experiencia en el aporte de soluciones en productos y sistemas de construcción”, se lee en su página web.
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“ Ninguno. Las sociedades sobre las que se nos consulta no tienen relación con Constructora Hernán Solís SRL. Adicionalmente, los socios de esta Constructora NO tienen participación alguna, ni como socios, ni directivos de estas empresas”
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“No era lo deseable (...) nos hubiera gustado que quedaran pequeñas iniciativas locales”
– ¿Es esta la primera vez que ese concurso se abre solo para pymes?
– Sí. Antes salían todas las actividades juntas, estas de mantenimiento rutinario sin maquinaria especializada junto a actividades de asfaltados. Ahora se hizo por primera vez la separación, con el objetivo de que empresas pequeñas pudieran ofertar de manera directa y no participar solo como subcontratados
– Así ha sido, ¿subcontratados?
– A las empresas grandes nos les ha interesado ejecutar directamente sino que subcontrataban. Las empresas grandes ganaban un porcentaje por esa actividad aunque no ejecutaran nada, entonces realmente había un abuso para con las empresas pequeñas.
– ¿La intención era detener eso?
– La intención es que esta contratación de tareas más sencillas darla a pymes.
– ¿Sabían ustedes que estas empresas adjudicadas son de familiares cercanos de los socios de H. Solís?
– Vamos a ver. Las empresas que fueron adjudicadas aparentemente tienen personas en sus juntas directivas vinculadas a las empresas grandes. Nosotros no podemos evitarlo porque desde el punto de vista legal eso es viable. Los familiares no están inhibidos de formar pequeñas empresas y participar en el concurso que ellos consideren. Nosotros no tenemos posibilidad de negarles la participación.
– ¿Cuándo adjudicaron eran conscientes de esta relación familiar directa?
– Nosotros nos dimos cuenta en el proceso de evaluación porque así lo señalaron externos. Nos lo hicieron saber, pero no podíamos hacer nada al respecto.
– ¿Cómo evalúa el resultado?
– El objetivo se cumplió porque en la evaluación se daba puntaje a las empresas inscritas como pymes. Sí lo que hemos determinado de esta experiencia es la necesidad de dar un mayor acompañamiento a las pequeñas empresas que están interesadas pero no tienen el conocimiento para participar en un proceso de este tipo. Sí se cumplió el objetivo en el tanto estas empresas, o los hijos, abren pequeñas nuevas empresas, ¿verdad? No era lo deseable porque nos hubiera gustado que quedaran pequeñas iniciativas locales o cuadrillas de grupos familiares, que se organizaran y participaran y resultaran adjudicatarias. Lo que pasa es que lamentablemente eso sucede en este gremio y cualquier otro. Las empresas grandes tienen, además del poderío económico, todo el acompañamiento legal para apoyar a sus familiares en la formulación de sus propias empresas. Entonces yo diría que el objetivo (de democratizar las licitaciones) se cumplió parcialmente.
– ¿Se anula todo el proceso con la resolución de la CGR?
Lo que corresponde es que la Administración retrotraiga el proceso de evaluación y análisis de las ofertas, para considerar un par de puntos. Podría variar las empresas adjudicatarias. Uno es verificar que las empresas estén cumpliendo con salarios mínimos y el otro es revisar que sean pymes de servicios y no comercial (…) Anamarcala S.A eventualmente podría perder los 10 puntos de pyme.
