El financiamiento de la educación superior pública en Costa Rica ha sido y sigue siendo un tema de discusión nacional.
En primer lugar, indicar que las presentes líneas las escribo como conocedor de la realidad universitaria y lógicamente desde mi óptica personal.
El Semanario Universidad, en su edición del 27 de mayo, publicaba un reportaje sobre lo planteado por la Comisión Legislativa que estudia el FEES con el titular “Comisión del FEES: finanzas primarán sobre la autonomía universitaria en la constitución”. En el reportaje, se informa que los diputados impulsan una reforma constitucional para que la autonomía universitaria esté supeditada a las posibilidades financieras del Estado, planteando, entre otros temas, la necesidad de un rebajo de los salarios en las universidades públicas y de vincular el Plan Nacional de Educación Superior con el Plan Nacional de Desarrollo.
La sociedad costarricense debe tener conciencia de que entrar a este tipo de discusiones en un momento de crisis como el que enfrenta el país no es correcto. Discutir la razón de ser de la educación superior pública y su financiamiento no es una discusión cualquiera, ya que tiene que ver con nuestra concepción de sociedad, tiene que ver con valores sociales. El que conoce los planes de desarrollo (todos son muy parecidos) tiene claro que son enunciados de poco valor práctico, porque en general se cumplen de forma limitada, pero es claro también que es poco probable que la formación de músicos, filósofos, artistas plásticos, entre otros, esté presente en uno de estos planes, por lo que debemos imaginar entonces una sociedad sin música, sin filosofía, sin arte.
Comprender esto requiere primero de cierta sensibilidad y entendimiento sobre lo que es requerido para construir mejores sociedades, pero sobre todo de comprender el concepto de desarrollo.
A propósito, debo decir que yo siempre he visualizado la necesidad de que en la UCR se revisen algunas carreras, porque a mi criterio aportan poco al desarrollo nacional y a la construcción de una mejor sociedad, pero la otra discusión, no menos importante, debe centrarse en la garantía del uso eficiente de los recursos públicos asignados a su financiamiento. Esa es una reflexión central y es lo que debe discutirse primero para luego pensar en la legislación necesaria para garantizarlo. En materia salarial, las universidades pueden hacer bastante siguiendo esta lógica. Si la ley de empleo público finalmente las afecta, será un asunto superado para los nuevos funcionarios, pero los viejos funcionarios deben también estar sujetos a una estricta evaluación del desempeño mediante la cual los incentivos salariales, como la anualidad y la dedicación exclusiva, por ejemplo, estén vinculadas a logros.
La discusión del FEES del próximo año, está próxima a realizarse. Tremenda responsabilidad le tocará enfrentar a don Carlos Araya en su calidad de rector interino. Esperemos que se logre superar de la mejor manera posible este primer momento y esperemos también que a la rectoría llegue posteriormente la persona que la UCR y Costa Rica requieren. Nuestra UCR necesita de un rector o una rectora que comprenda las implicaciones del cargo, sobre todo en momentos como los que le tocará enfrentar. Debe tener un claro entendimiento de la realidad política, social y económica del país, del rol de la UCR en esa realidad y debe poseer las necesarias habilidades blandas que le permitan “moverse” apropiadamente en escenarios de enormes exigencias. No debiera elegirse a un (a) académico (a) que crea que el mundo real es el campus universitario.
Al país no le debe quedar duda de la importancia de la universidad pública para su desarrollo y espero que su defensa no pase por centrar la discusión en la autonomía. Este fue probablemente el mayor error del Dr. Henning Jensen durante sus 8 años de gestión. Muchos universitarios se vieron en una burbuja, no afectada por la realidad del país, por lo que la defensa de privilegios fue vista como algo correcto.
Nadie se puede imaginar una Costa Rica sin la UCR, pero sus casi 80 años de existencia hacen un llamado a la necesaria revisión a lo interno, valorar si lo que hace y cómo lo hace responde a los nuevos tiempos que exigen respuestas diferentes en contenido y método. La pandemia por COVID-19 nos lo recordó.
