En el marco del Estado Social de Derecho dado por la Constitución Política, una vez más, las universidades estatales deben defender su autonomía y su razón de ser. A fines de la década de los ochenta e inicios de los noventa, los ahora jubilados dimos esa lucha ante las posiciones intransigentes y reduccionistas sobre el papel de las universidades en la construcción de una sociedad con altas capacidades para posicionarse en el concierto de las naciones del mundo. En aquel entonces nos organizamos para defender los principios que sustentan la naturaleza de las universidades estatales. Hoy estamos en un contexto similar, pero tal vez sin menos resistencia organizada.
Si bien es necesario repensar constantemente la universidad y renovarla, hoy, al igual que en aquella época, es necesario defender la esencia de la institución universitaria y su papel cardinal en el desarrollo integral del país, visión que los constituyentes tuvieron allá en 1949 y que continúa siendo vigente en la actualidad en nuestro Estado Social de Derecho y no debemos permitir que se pierda.
Como se hizo en aquel momento, es necesario establecer una estrategia para la defensa de las universidades públicas. Es fundamental informarse e informar en el ámbito de las comunidades académicas organizadas. La formación del talento humano que requiere el país y el aporte al desarrollo social, económico, cultural, científico, tecnológico, ambiental y de salud en nuestro Estado democrático, en paz y seguridad social, deben ser líneas de trabajo compartido en las comunidades académicas.
Informar a las comunidades con las que la universidad trabaja y divulgar a la comunidad nacional los proyectos y logros en investigación, extensión o acción social, y docencia, así como las carreras y graduados, fueron aspectos esenciales. Esto permitió la participación con convicción y la cohesión en un solo grupo para el logro de los objetivos. Todas las universidades públicas vivimos experiencias semejantes.
Dar la lucha de manera integrada fue esencial. Hoy debería hacerse aún con mayor cohesión por el trabajo compartido que han venido desarrollando todas la universidades del sistema, para contrarrestar la política de divide y vencerás que han venido orquestando quienes aspiran a destruir lo que la sociedad costarricense ha construido con tanto esfuerzo.
La búsqueda de aliados y apoyos y el convencimiento con argumentos sustentados, incluidas las conversaciones con el Presidente de la República fueron de gran relevancia en aquel momento. Así, se logró establecer el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES): un mecanismo para otorgar el presupuesto a las universidades sin tener que “marchar” por las calles, cada año, como se había vuelto costumbre en la época.
Como parte de los compromisos se establecieron mecanismos para evaluar el quehacer y la rendición de cuentas. Desde Conare se mejoraron los procesos de coordinación para maximizar el aprovechamiento de los recursos en procura del bien del desarrollo académico de alto nivel.
En este momento tenemos retos adicionales. Nos encontramos en medio de una crisis de salud que nos inmoviliza. Tenemos tres rectores recién nombrados iniciando su gestión, lo cual conlleva una curva de aprendizaje que tomará su tiempo y además se evidencia una estrategia claramente definida y orientada a conseguir el ataque a las universidades públicas desde los grandes medios de comunicación y las redes sociales, con información parcial o sesgada que apunta a dividir a las comunidades universitarias y a menoscabar la imagen de las universidades públicas. Por ello, es fundamental divulgar los logros y aportes de las universidades y de sus académicos al desarrollo nacional y regional. ¡El pueblo debe ser informado! Hay mucho en juego.
En este contexto los jubilados estamos en capacidad de ofrecer nuestro apoyo a una comunidad universitaria joven, para contrarrestar las visiones reduccionistas del ser y el quehacer universitario promovidas por los medios de comunicación de masas y quienes, sin criterio académico, pretenden redefinir el papel de la universidad pública costarricense que podría limitar o destruir un modelo que ha demostrado ser exitoso para el país, aunque a muchos les moleste reconocerlo.
