Las pensiones por vejez y por discapacidad son tema de discusión en todo el mundo, una discusión que no puede desligarse de los problemas de la desigualdad ni de la pobreza, ni de la discusión general sobre la seguridad social.
En Costa Rica, existen seis regímenes de pensiones, todos con problemas, debido a los cambios demográficos, a la estructura del empleo y a la situación fiscal.
Es comprensible que los administradores de esos fondos, preocupados por la sostenibilidad en el corto o mediano plazo, pongan su vista en la forma de financiarlos de manera inmediata o con la reducción de los beneficios, en otras palabras, de procurar el balance entre ingresos y egresos.
Sin embargo, debe quedar claro, que el problema de las pensiones no puede reducirse a poner en manos de los adultos mayores o de las personas con discapacidad, un cheque o un depósito en su cuenta bancaria. Asociado al desarrollo de la seguridad social es un tema que debe ser enfocado desde el nacimiento, hasta el final de la vida: atender la niñez, la educación, la prevención y atención de la enfermedad, la promoción de la salud, la situación de género, la defensa del ambiente, el empleo, la vivienda, la política nacional de envejecimiento, la política fiscal. En pocas palabras, un verdadero Plan Nacional de Desarrollo que tenga como objetivo central el derecho de la población a una vida digna.
Así concebido, el problema de las pensiones no es algo que deba ser discutido y mucho menos definido únicamente por los administradores de esos fondos o por los representantes políticos, debe ser, sin duda una discusión nacional.
Desde diversas fuentes, se ha estado insistiendo en la necesidad de un diálogo nacional, acuciado además por la pandemia que nos azota. Pero es obvio que ha sido una necesidad nacional desde hace bastantes años; si no se diera este diálogo podríamos seguir avanzando el autoritarismo hasta derrumbarnos en una grave crisis política, cuyos indicios se anuncian con la acelerada pérdida de legitimidad de la democracia representativa.
Prepararse para ese diálogo nacional es urgente para los sectores populares. Se requiere elevar el análisis de los problemas, definir una estrategia, elaborar la táctica, establecer la representatividad, exigir y dar ejemplo de transparencia. Esa preparación, aunque el diálogo no se llegara a dar, constituiría en sí un gran avance de la organización ciudadana.
El país debe avanzar y a prisa, pero con inteligencia, hacia la democracia participativa; solo así la democracia representativa podría empezar a recuperar la confianza que pierde día a día.
El principal documento sobre la mesa debería ser, como señalé antes, un Plan Nacional de Desarrollo, para el cual además de revisar con urgencia los temas de gran actualidad, se debería profundizar también en la forma de elaborarla, en los niveles de aprobación, su obligatoriedad. Es de vital importancia la organización ciudadana para participar en su debate. Es necesario revivir la existencia de los Consejos Regionales, sus funciones y su constitución.
El desarrollo de la democracia participativa debe llevarnos a pensar en los procedimientos electorales y en el ejercicio del poder político. ¿Continuaremos con un régimen presidencialista herencia colonial, con instituciones dirigidas unipersonalmente como la Contraloría, el Ministerio Público y la Defensoría entre otros?
Llevan razón quienes argumentan que no es posible esperar a tantos cambios para tomar medidas urgentes requeridas por los fondos de pensiones, sin embargo, aún esas medidas urgentes no deben tomarse entre cuatro paredes, pues de su alcance e interpretación, los ánimos sociales pueden subir de temperatura y poner en una situación aún más difícil la decisión de ir hacia un Diálogo Nacional de mayor envergadura. La consulta popular sobre esas decisiones urgentes es obligatoria y no solo debe realizarse para cumplir con los requisitos legales en cuanto a la publicación de las reformas reglamentarias, sino para dar un paso firme en el sentido de elevar la educación ciudadana indispensable para el desarrollo democrático del país.
