El lunes 14 de febrero, al atardecer, la tibia atmósfera de San Valentín en Residencial Palmeras, en la Colonia San Ignacio, de Tegucigalpa, se hizo brasa: un comunicado difundido en la red Twitter de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras dio a conocer que se había solicitado por parte de Estados Unidos la extradición de “un político hondureño” por cargos de narcotráfico.
Pocos minutos después, cuando un fuerte operativo de seguridad se desplegó en el lujoso residencial se supo que ese “político hondureño” era el expresidente saliente Juan Orlando Hernández. Un grupo de al menos 60 efectivos, incluida policía militar, rodeó la casa del expresidente y bloqueó algunas calles.
Esa misma noche, conforme se daba a conocer la noticia, medios locales informaban que decenas de manifestantes en las calles celebraban con pancartas.
En la mañana del martes, según informó el diario El Heraldo, cerca de 600 efectivos resguardaban 2 kilómetros a la redonda, apoyados por un helicóptero y autos blindados.
Félix Ávila y Hermes Ramírez, abogados del expresidente, calificaron aquel despliegue como excesivo. El mismo Hernández, en un audio que hizo circular en redes sociales desde su casa de habitación a las 5:44 de la mañana del martes 15, dijo que estaba dispuesto a entregarse y cooperar una vez que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) asigne al juez natural para ver su caso.
“La Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento en que el juez natural que designe la honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme”, añadió.
Sin embargo, además del enorme despliegue policial en los alrededores de la casa de Hernández, el mismo ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, se hizo presente y señaló que no habría entrega y que esperaban la resolución del juez para proceder a la captura, tras la cual presentarían al detenido ante la prensa.
La actitud de Sabillón, quien desde que se supo la noticia de la solicitud de extradición se ha referido a Hernández como un peligroso criminal por lo cargos de “introducción de una cantidad sustancial de cocaína a Estados Unidos, tráfico de armas y asociación para delinquir utilizando el Estado”, contrasta con la actitud más pausada de la CSJ y de algunos diputados.
Los ánimos exaltados y las manifestaciones en distintas ciudades del país se deben a que seguidores del partido Libertad y Restauración (Libre) de la recién asumida mandataria Xiomara Castro, y la presidenta misma, han señalado los últimos 12 años de gobierno del Partido Nacional, que siguieron al golpe de estado contra Manuel Zelaya en 2009, como una dictadura que sumió a Honduras en el narcotráfico y la corrupción.
La extradición esperada
La posibilidad de la solicitud de extradición era esperada incluso por el mismo Hernández, quien el 27 de enero, al asumir la nueva presidenta, se acogió al cargo de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), privilegio que esa organización le otorga a los exmandatarios de los países que la integran y que les concede inmunidad.
Además, el 7 de febrero el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que Hernández estaba incluido en la lista de personas vinculadas al narcotráfico y la corrupción, conocida como lista Engel, desde julio de 2021 y que “nadie está por encima de la ley”, lo cual era una clara señal de que el expresidente sería requerido.
Honduras no cuenta con una ley de extradición, sino con un acuerdo, por lo que recae en la Corte Suprema de Justicia, mediante un juez que designe para el caso, determinar si, a la luz de los cargos y pruebas presentadas por el país solicitante, se aplica la extradición.
Ante esta situación, las opciones con que contaba Hernández, para evitar la citación, era la inmunidad o escapar a Nicaragua o Brasil, países que no aplican extradición. Pero esta segunda opción no fue la elegida.
La inmunidad
Aunque el recurso parecía una salida astuta y segura, la inmunidad de que gozan los miembros del Parlacen puede ser revocada por la misma institución a solicitud del Poder Judicial de su país de origen.
Tanto Hernández como sus abogados, Félix Ávila y Hermes Ramírez, insisten en que su inmunidad por ser miembro del Parlacen aplica, ya que no existe ninguna acusación en Honduras contra el exmandatario.
“Con esas grabaciones secretas de la DEA en una corte de Nueva York, ese tema está resuelto”, Juan Orlando Hernández.
Por otro lado, algunos analistas señalan que dicha inmunidad aplica por actos cometidos por los diputados del parlamento en sus funciones, no por los que hayan cometido antes de incorporarse.
Algo similar intentaron los hijos del exmandatario panameño Ricardo Martinelli, quienes fueron nombrados diputados suplentes del Parlacen, pero la Corte de Justicia de Guatemala, donde estaban detenidos, no reconoció que esa inmunidad aplicara, por lo que fueron extraditados y, posteriormente, condenados por lavado de dinero.
El proceso en Honduras
Luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informó a la Corte Suprema la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos en la tarde del lunes 14, esta convocó a una reunión urgente del pleno para nombrar a un juez que viera la petitoria. El martes 15 en la mañana se designó a Edwin Francisco Ortez Cruz para que conociera el caso.
Dicho juez fijará la primera audiencia, en la cual se comunica al ciudadano solicitado los cargos que se le imputan, así como las garantías y derechos que le acompañan en el desarrollo del proceso; en una segunda instancia, que se realizaría en los 30 días siguientes, se revisan las pruebas mediante las cuales se le requiere. El acusado puede presentarse voluntariamente, como lo ha expresado Hernández, pero de no ser así se girará la orden de captura.
“Normalmente lo que ha ocurrido es que cuando ya está ubicada la persona, casi de inmediato se señala la audiencia preliminar”, explicó el portavoz del CSJ.
Según el diario La Tribuna, el juez Ortez Cruz tiene afiliación del Partido Nacional, el mismo por el cual Hernández gobernó los últimos 8 años.
Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional y uno de los artífices de la crisis del 27 de enero que dividió al poder legislativo, llamó el martes a sembrar paz y que “de esa manera huya el odio y la división.”
El diputado del oficialista Libre, Jorge Cálix, mediante un video difundido en redes sociales, exhortó a la Corte Suprema a “que no entorpezca el proceso” de extradición. Explicó que “en Honduras no existe una ley de extradición, sino un auto acordado, creado por la misma Corte”. Pidió, además, que se haga de manera expedita.
Por su parte, el también oficialista, pero antagonista de Cálix, Rasel Tomé, lamentó que tuviera que ser la justicia supranacional la que solicitara la captura de Hernández, cuando fue mencionado más de 100 veces en los procesos que se siguieron en Estados Unidos a otros narcotraficantes.
La lista Engel
En diciembre de 2020, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley para perseguir la corrupción y el narcotráfico en el triángulo norte centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras).
Esta ley, impulsada por el representante demócrata de Nueva York, Eliot Engel, contemplaba la investigación de figuras políticas y funcionarios de esos tres países que se determinarán, mediante investigación, que estaban vinculados con delitos de corrupción y narcotráfico. En julio de 2021, una de las “listas Engel”, señalaba al menos 21 funcionarios públicos hondureños. El pasado 7 de febrero, el secretario de Estado, Blinken, recordó que Juan Orlando Hernández estaba en esa lista y que nadie podía estar por encima de la ley.
En la lista también aparece el expresidente José Porfirio Lobo, por recibir fondos de la banda criminal “Los Cachiros”; su esposa Rosa Elena Bonilla, condenada por malversación de fondos; su hijo Fabio Lobo, condenado en Nueva York, en 2017, a 24 años de cárcel por narcotráfico.
Igualmente, en marzo de 2021, Juan Antonio Tony Hernández, hermano del exmandatario y quien al momento de su captura era diputado hondureño, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico.
El 8 de febrero otro narcotraficante hondureño, Geovanny Fuentes Ramírez, fue condenado en Nueva York a cadena perpetua y una multa de 151,7 millones de dólares por enviar a Estados Unidos toneladas de cocaína en connivencia con altos cargos políticos, entre ellos el expresidente Hernández; pero este sostiene que, por el contrario, su gobierno se enfrentó al narcotráfico y que envió a la cárcel a decenas de líderes de esas bandas, y argumenta que lo que ocurre es una venganza de esos criminales.
El exgobernante del Partido Nacional aseguró “que durante su gobierno se extraditaron 28 capos y que otros 31 se entregaron a Estados Unidos”.
“600 efectivos resguardaban 2 kilómetros a la redonda, apoyados por un helicóptero y autos blindados.”
En una extensa entrevista concedida al diario español El País, en diciembre pasado, vía Zoom, Hernández dijo que “El Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuando iniciaron las deportaciones, agradecía cada una con una frase: “al presidente Juan Orlando Hernández, porque sin él no hubiera sido posible la extradición”. “En la época de Obama, congresistas y senadores agradecieron todo lo que esta Administración había hecho en la lucha contra el narcotráfico, y el Comando Sur ha estado aquí trabajando con nosotros y diciendo que Honduras es un socio confiable y admirable. Es la misma idea repetida por todas las agencias que están trabajando en Honduras, incluido el Departamento de Estado.”, explicó Hernández.
Para el exmandatario hondureño la base principal de su defensa son las grabaciones, hasta ahora secretas, de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), en las cuales los mismos narcotraficantes lo señalan como un enemigo imposible de corromper. Asegura que “con esas grabaciones secretas de la DEA en una corte de Nueva York, ese tema está resuelto”.
“Las grabaciones secretas de la DEA son tan contundentes que revelan que los delincuentes allá [en Nueva York] están cayendo en perjurio con tal de lograr que le reduzcan las penas, que les regresen bienes o que protejan a su familia. Y también, de paso, es una venganza. Es bien simple.”, sentenció.
Sin embargo, el exdirector de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, dijo a la cadena de noticias Univisión que las pruebas contra el expresidente son más contundentes que las que condenaron a su hermano.
Xiomara Castro prometió extirpar el narcotráfico y corrupción mediante el desmantelamiento de las leyes aprobadas durante el gobierno de Hernández que disminuyeron las penas por esos delitos. Hasta ahora parece que cuenta con el respaldo decidido de Estados Unidos.
