El domingo 8 de enero, cientos de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que estaban acampando desde hace dos meses en los alrededores de una base militar en Brasilia, la capital federal, iniciaron una caminata de 8 kilómetros, hacia la sede gubernamental donde se encuentran los edificios del Congreso, Palacio Nacional de Planalto y al Tribunal Supremo Federal.
En la madrugada de este domingo y la noche del sábado, llegaron a Brasilia autobuses desde varios estados que no fueron abordados por la Policía Militar de Brasilia, al frente de la cual está el secretario de Seguridad Anderon Torres, un conocido bolsonarista que fue ministro de Justicia hasta fines de diciembre, indicó el diario argentino Página 12.
A una semana de haber asumido el nuevo presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, el primero de enero, los bolsonaristas convocaron a sus simpatizantes que arribaron desde distintas partes del país y emprendieron la marcha hacia la sede gubernamental para expresar su rechazo al resultado electoral y el nuevo gobierno y pedir a los militares que se sumaran a su protesta en un golpe de Estado.
“Si las personas que cometieron estos crímenes el 8 de enero creían que podían hacer algo relevante para Brasil, lo hicieron. Además de saquear los bienes públicos de todos los ciudadanos brasileños, lo que hicieron fue unir a las instituciones de nuestro país”, Rodrigo Pacheco, presidente del Senado de Brasil.
Un par de horas después llegaron a su objetivo: los edificios de Gobierno, vacíos en ese momento porque no era un día laboral. Con una furia que se incrementaba a cada paso con sus propias consignas de odio, llegaron a las hermosas instalaciones de los tres poderes de la república federal brasileña para sembrar el caos y el vandalismo.
Las imágenes recorrieron el mundo rápidamente, evocando una escena de dos años atrás, cuando algo, demasiado similar para despertar alarma, sucedía en el Capitolio de Washington, EE. UU.
Cientos de partidarios de Bolsonaro que se niegan a aceptar la victoria electoral del izquierdista Lula se abrieron paso, superaron las vallas, subieron por las rampas y se congregaron en el techo del edificio de arquitectura modernista, según constató un reportero de la AFP.
Las imágenes de medios como la cadena de televisión Globo News y otras difundidas en redes sociales también mostraron a los alborotadores provocando en todo el mundo una indignación general.
Esta fue la primera gran crisis que enfrentaba el presidente Lula apenas a una semana de haber jurado el cargo.
La frágil democracia brasileña
El líder de los manifestantes se encontraba en Florida, EE. UU., desde el 30 de diciembre, para evitar entregar el poder al nuevo mandatario el 1 de enero. Desde ahí expresó que no estaba de acuerdo con las acciones realizadas, aunque días atrás el mismo Bolsonaro prometía a sus seguidores que esperaran “novedades” inminentes, informó el diario argentino Página 12.
Luego el expresidente fue internado en el hospital debido a una molestia estomacal, pero desde ahí mismo aseguró que regresaría a Brasil cuanto antes, pues prefería ser atendido por sus médicos.
Aunque no existen cargos en su contra, el Gobierno ha promovido una investigación profunda de los hechos y asegura que se castigará a los responsables, sean quienes sean.
El Ministerio Público Federal brasileño (MPF) anunció la apertura de una investigación penal por los “actos violentos” en las manifestaciones.
“El fiscal general de la república, Augusto Aras, supervisa y acompaña con preocupación los actos de vandalismo contra edificios públicos que han ocurrido en Brasilia este domingo”, informó el MPF en un comunicado.
El lunes, multitudinarias manifestaciones se dieron en varias ciudades del país; las protestas se extendían por al menos once de los 27 estados, los grupos de manifestantes pidieron castigo para quienes participaron en los actos antidemocráticos y para el expresidente, a quien acusan de incitar las violentas acciones.
Paradójicamente, el presidente Lula sale fortalecido de los disturbios del 8 de enero. Incluso sus opositores en el Congreso y entre los gobernadores se apresuraron a condenar los hechos.
El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, expresó que: “Si las personas que cometieron estos crímenes el 8 de enero creían que podían hacer algo relevante para Brasil, lo hicieron. Además de saquear los bienes públicos de todos los ciudadanos brasileños, lo que hicieron fue unir a las instituciones de nuestro país. Más que nunca, el Poder Legislativo, esta Cámara, el Senado Federal, se unirá al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo en una unión indisoluble que constituye la República Federal de Brasil para hacer prevalecer la democracia”.
“Vamos incluso a averiguar quiénes son los que financian a estos vándalos que fueron a Brasilia y todos pagarán con la fuerza de la ley por este acto irresponsable, este acto antidemocrático y este acto de vándalos y fascistas”, afirmó Lula contundente en una conferencia de prensa.
Luego de detener a más de 1.500 participantes en el asalto, al día siguiente, la policía puso en libertad a más de 600.
Tanto los sectores del poder fáctico, sus opositores y los militares se tendrán que inhibir de las eventuales ideas que pudiera promover Bolsonaro de no reconocer el gobierno de Lula o incluso promover un golpe de Estado.
Por eso, Lula tiene claro que debe buscar fortaleza en calmar los ánimos y convocar a todos los brasileños a un respeto y respaldo de la democracia.
No es un hecho aislado
Pese a que ha existido una condena generalizada a lo ocurrido el 8 de enero en Brasil y el 6 de enero de 2021 en EE. UU., también algunos analistas muestran preocupación por la envergadura de los hechos y sus implicaciones más allá de las fronteras.
El exasesor presidencial y jefe de campaña de Trump, Steve Bannon, artífice fallido del intento del golpe de Estado en Venezuela en 2019, dijo, tras la derrota de Bolsonaro en octubre pasado, que el movimiento va “más allá de los Bolsonaros”, “más allá de Trump”.
Los partidos y organizaciones de derecha, en distintas partes del mundo, expresaron su condena, pero, al igual que el mismo Bolsonaro, minimizaron sus implicaciones.
En los últimos años, los movimientos de derecha y extrema derecha internacional han tendido a integrarse. Por ejemplo, el Foro Madrid es una organización de líderes de derecha, que cuenta con apoyo del propio Jair Bolsonaro, Donald Trump y la italiana Georgia Meloni. También figuran Vox, de España, y José Antonio Kast, de Chile, entre otros referentes.
Por su parte, la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) es la organización ultraderechista más grande del mundo, creada y controlada desde hace medio siglo por la Unión Conservadora Estadounidense, que realiza una o dos reuniones al año y donde asisten más de 100 organizaciones. La más reciente fue celebrada en México, los días 18 y 19 de noviembre pasado.
Un modus operandi
“Hay un rastro, digamos, trumpista en la forma en que se actuó ayer (domingo), con ultraderechistas movilizados entrando al Congreso”, afirmó en la radio Cadena Ser el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, según informó AFP.
Albares dijo que, efectivamente, “el patrón de actuación” de los bolsonaristas es “prácticamente idéntico” al que tuvieron los seguidores de Trump en la capital estadounidense.
Los hechos en Brasil “nos recuerdan cuál es la mayor amenaza que pesa sobre la democracia, la paz y la prosperidad en el mundo (…) y es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo”, dijo de su lado el presidente Pedro Sánchez.
Efectivamente, no es difícil identificar un patrón, un modus operandi, de los procesos seguidos por el discurso de la derecha: antisistema, populista, nacionalista, polarizante e intolerante. Con un desprecio a la institucionalidad democrática, cuando no le favorece, deslegitima el sistema electoral, alegando que no refleja el sentir o la decisión popular, maximiza los posibles defectos que este contemple (errores que no son determinantes), o utiliza noticias falsas sobre el resultado electoral.
El objetivo es mantener una llama de radicalismo e intolerancia que permita, desde una oposición polarizada, impedir una gestión de gobierno exitosa y sostener el malestar.
Políticos disruptivos vs. democracia
La ideología neoliberal, predominante en las últimas décadas en el mundo, ha promovido un debilitamiento de las instituciones estatales y, al mismo tiempo, el incremento en las desigualdades. Esto provoca creciente descontento social y reclamo muchas veces contra un Estado ineficiente. Las poblaciones, particularmente las más afectadas, reclaman su derecho a una administración social y política más justa y correcta. Desde las pequeñas experiencias cotidianas individuales, hasta la inseguridad social en su más amplio espectro, al no ser atendido ese reclamo, la ciudadanía entra en un malestar crónico. Los escándalos por corrupción terminan de coronar ese malestar que se expresa con una inclinación hacia un discurso antisistema, al que se acusa de funcionar mal, favorecer corruptos, gobernanza deficiente, abuso de poder.
La amalgama de liberalismo y corrupción que ha estado en la génesis de algunos de las mayores crisis económicas, en los últimos años, ha sido también el alimento de un discurso político antisistema que, mezclado con un populismo que se aprovecha del malestar social para ganar adeptos a una causa disruptiva e irresponsable, termina impulsando liderazgos no tradicionales.
Al igual que sucedió hace 100 años en Europa, con el ascenso del fascismo y el nazismo, el miedo en los más vulnerables y la ambición en los más poderosos sustentan un discurso de intolerancia, neoconservadurismo y autoritarismo que engendra la más oscura de las prácticas políticas.
La organización de la sociedad a partir de la institucionalidad democrática se debilita y el abuso del poder se entroniza.
El reto de Lula
El Bolsonarismo contó con más de 58 millones de votos en las elecciones (el 49%) y es la fuerza mayoritaria en un Congreso dominado por la derecha, pero enfrenta un dilema respecto de si seguir o no a su líder, que ya muchos lo empiezan a ver como tóxico, pese al respaldo logrado, el cual se podría estar erosionando.
Si fue una operación política seria de intentar un golpe de Estado, se trata de un fracaso rotundo y, si trató simplemente de un alarde de fuerza, deja ver una grande y peligrosa torpeza política.
Por su parte, además del caldeado ambiente y la polarización, el nuevo gobierno tendrá que hacer gala de sus capacidades de negociación para sacar adelante un país con 32 partidos políticos activos, de los cuales 22 tienen asiento en el Congreso.
El Partido de los Trabajadores (PT) tendrá 68 diputados, cifra muy alejada de los 91 que consiguió en el 2002, cuando facilitó la exitosa primera gestión del presidente izquierdista, y de los 99 que tendrán sus férreos opositores.
En el Senado, de los elegibles en octubre, 13 candidatos apoyados por Bolsonaro fueron elegidos, impulsando especialmente la bancada del Partido Liberal (PL), mientras el PT de Lula logró posicionar solo 8.
Como un primer gesto de amplitud e integración, Lula nombró a un gabinete ampliado.
Los 37 ministros son un variado grupo de experimentados políticos y profesionales, que incluye 11 mujeres, 5 personas negras y 2 indígenas, un contraste con el gobierno anterior, dominado por hombres, outsiders y militares.
“No somos un gobierno de pensamiento único”, señaló Lula, reclamando no obstante a sus colaboradores esforzarse por lograr ideas convergentes para “la reconstrucción de este país”.
Como ministro de Hacienda colocó a uno de sus más cercanos, el exgobernador de Sao Paulo Fernando Haddad, para disgusto de ciertos representantes de la comunidad empresarial, que hubieran preferido el perfil de un economista ortodoxo.
Este abogado de 59 años, que había comandado el ministerio de Educación de 2005 a 2012, durante los anteriores gobiernos de izquierda, asume el desafío de un ministerio clave con un cercanía inmediata con el presidente: “No estamos acá para aventuras. Queremos que el país vuelva a crecer para satisfacer las necesidades de la población a nivel social (…), garantizando un equilibrio fiscal”, aseguró.
Pero la inflación anual cayó considerablemente en comparación con 2021, cuando registró un 10,06%.
Lula, quien promete una repetición de los programas sociales que implementó en sus primeros dos gobiernos (2003-2010), es visto con recelo por opositores y el mercado, preocupados de que las políticas del veterano líder izquierdista provoquen un descontrol de las cuentas públicas y den un impulso a la inflación.
La agenda verde
Lula hereda un país con una situación medioambiental alarmante (la Amazonía ha sufrido una deforestación salvaje por el contubernio entre Bolsonaro y la agroindustria) y en el que 33 millones de personas pasan hambre, es decir, el 15% de la población. Esos dos ejes —la lucha contra la pobreza y el medio ambiente— medirán el éxito o el fracaso de su gestión.
El nuevo gobierno optó por extender la rebaja impositiva a las combustibles que decretó el gobierno anterior, por dos meses, resignando recursos para los cofres públicos, según analistas, para evitar un mal humor en la población en las primeras semanas de gestión.
Lula aprovechará esta coyuntura para situar a Brasil en el más amplio debate global, para colocarse como facilitador y hasta mediador en escenarios complejos que, eventualmente, podrían exceder su influencia internacional.
El cambio de rumbo, alineado con la agenda ambiental demócrata y enfrentado con los tradicionales intereses agroindustriales, comenzó a hacerse visible desde el mismo organigrama estatal, con la reformulación de los ministerios de Medio Ambiente y de Pueblos Originarios, en tanto que la multinacional Petrobras pasaría a enfocarse gradualmente en las fuentes de energía renovables, desplazando de este modo al extractivismo de gas y petróleo.
El péndulo de la CELAC
Está claro que una de las fortalezas de Lula es su enorme prestigio internacional, pese a los meses que estuvo preso por las falsas acusaciones de corrupción con que sus enemigos trataron de destruirlo políticamente.
Por eso, uno de sus principales intereses en esta primera semana de gobierno ha sido el definir una agenda internacional “que saque a Brasil del aislamiento internacional”.
El amplio respaldo internacional producto de los hechos del 8 de enero le han facilitado esa labor.
Lula da Silva ha confirmado el regreso de su país a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), por lo que viajará a Argentina para ratificar esta decisión en la VII Cumbre de Jefes y Jefas de Estado del organismo regional que se celebrará en Buenos Aires este 24 de enero.
Bolsonaro sacó a Brasil del CELAC en 2020 y de Unasur en 2019.
Los actos en la capital brasileña fueron condenados al unísono por la comunidad internacional, el presidente estadounidense, Joe Biden, expresó su respaldo irrestricto a Lula en una llamada telefónica.
“Biden expresó el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la democracia de Brasil”, dijo la Casa Blanca en un comunicado, donde agregó que el mandatario estadounidense invitó a Lula a visitarlo “a principios de febrero” y el líder de izquierda aceptó el convite, según el texto.
