Más de 87 bloqueos permanecen en carreteras, movilizaciones, paralizaciones y o cierres de vías en 22 provincias, esto equivale al 11,2% del total de provincias a nivel nacional. Los enfrentamientos recrudecen en la capital Lima y en otras ciudades principales.
Sin otras vías para expresar su voluntad, desde hace dos meses, al sur y oriente del Perú iniciaron las movilizaciones de los sectores campesinos e indígenas.
Los movimientos sociales que hoy convergen en las manifestaciones en Perú no tienen un signo político ideológico definido, sino el hartazgo y desconfianza en una institucionalidad de la democracia representativa que le ha fallado al pueblo y ha promovido una crisis política constante desde hace dos décadas.
Ahora piden la renuncia de la presidenta Boluarte, la disolución del Congreso, elecciones inmediatas y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
“Yo quería acercarme al pueblo. Fue un día de hacer eco para los ‘nadies’. Tomé la bandera de la Asamblea Popular Constituyente y di mi discurso recordando y siendo fiel a los pueblos que votaron por mí, que confiaron en mí. Fue una reivindicación de mi parte”, Pedro Castillo en entrevista con El Salto de España.
Las representaciones de extracción más populares e indígenas quizás veían en Castillo un vocero válido, debido a su origen social y regional, pero las complejas maquinaciones de la clase política parece que requieren una mano más firme.
La institucionalidad democrática del país está en vilo, el Congreso tiene una impopularidad de 87% entre los ciudadanos y apenas 8% de aprobación, de acuerdo con diversos sondeos.
No obstante, los parlamentarios argumentan que no pueden ceder a las presiones de la calle y que deben defender sus cargos y, de ahí, la institución democrática.
Mientras, la demanda de unas elecciones adelantadas que claman en las calles no ha sido acatada por el Congreso, que como plazo más cercano contempló abril de 2024 y rechazó las propuestas de volver a debatir el tema antes de agosto.
El viernes pasado los legisladores decidieron congelar cualquier debate para adelantar los comicios, sepultando la posibilidad de renovar autoridades este año.
El resultado puede ser contraproducente para los manifestantes, pues la renuncia de Boluarte, por presión popular o por el Congreso, llevaría transitoriamente al gobierno al actual presidente del poder legislativo: el militar retirado José Williams Zapata.
Otra vacancia
La renuncia presidencial, contemplada en la Constitución, precipitaría que el jefe del Congreso asuma interinamente el mando del país con la misión de convocar elecciones, aunque sin un plazo preciso.
“El único (escenario) que hay es la salida de la presidenta Boluarte”, afirma a AFP Paula Távara, politóloga y profesora de la Universidad Católica, alegando falta de “voluntad real” del Parlamento para adelantar las elecciones.
El presidente del Congreso peruano, elegido en setiembre 2022, quien completará el período anual de sesiones 2022-2023, en reemplazo de la censurada congresista Lady Camones, es el congresista por Lima José Daniel Williams Zapata, quien fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en 2006 y también jefe de la exitosa Operación Chavín de Huántar, que rescató rehenes de la Embajada de Japón, retenidos por el grupo guerrillero MRTA, en 1997, durante la dictadura de Alberto Fujimori.
Según el medio independiente peruano El Búho, Williams Zapata se vio envuelto en la matanza de Accomarca. “Un hecho ocurrido el 14 de agosto de 1985, en el que se asesinó y desapareció a 69 personas, entre hombres, mujeres, ancianos y niños y, por el que, hasta la fecha, los deudos reclaman justicia ya que de 3.000 denuncias solo la mitad fueron admitidas a trámite”.
“Un subteniente, continúa el medio, Telmo Hurtado, confesó 27 años después, ante la Fiscalía, que Williams Zapata ordenó “no dar cuenta por escrito de las bajas terroristas en toda operación militar, sino de forma verbal” para “evitar denuncias de los familiares de las víctimas”. Pero, al no haber pruebas suficientes que comprueben su autoría mediata en la masacre, no se han formulado cargos contra el ahora presidente del Congreso”, señala la periodista Martha Valencia.
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
Lady Camones duró 42 días como presidenta del Parlamento, puesto desde el que, en cuanto llegó en julio de 2022, le solicitó a Castillo que renunciara.
Su breve paso por la presidencia del parlamento se debió al escándalo por un audio, que ella reconoció, en el que hablaba con el líder de su partido Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, en el que él presionaba para que aprobara una legislación que lo favorecía en sus aspiraciones como candidato a gobernador regional de La Libertad.
La moción de sus destitución se aprobó con 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones. Tras esta decisión, la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano (FP), anunció que se declaraba la vacancia de la presidencia del Congreso y levantó la sesión del pleno.
Consecuentemente, en una elección se nombró a Williams Zapata como su sucesor.
Lady Camones preside ahora la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), donde hay cuatro denuncias pendientes de calificación contra la mandataria Dina Boluarte, vinculadas a la represión policial usada en las marchas y a los fallecidos en esos enfrentamientos.
La destitución o vacancia presidencial, una potestad del Congreso reglamentada en la Constitución, desbancó a tres presidentes peruanos en este siglo: Alberto Fujimori (2000), Martín Vizcarra (2020) y Pedro Castillo (2022).
Que Boluarte sea la próxima destituida por iniciativa de partidos de izquierda es un rumor persistente en el Congreso, aunque requiere los votos de dos tercios del parlamento (87 de 130 legisladores), estima Alonso Cárdenas, profesor de Ciencia Política a AFP.
Por otra parte, el gobierno mostró grietas el jueves 2 al conocerse la salida de Raúl Molina, el jefe de asesores de Boluarte, quien le endilgó falta de “gestos políticos sustantivos” y que no se hayan “atribuido aún responsabilidades claras” por los fallecidos en la crisis.
“Señora presidenta, escuche a nuestra gente, a la gran mayoría que pide cambios”, reza la carta de renuncia de Molina divulgada este jueves por la prensa.
Boluarte, que declinó comentar las declaraciones de su exasesor, ya ha tenido que afrontar las renuncias de cinco de sus ministros desde que asumió las riendas del país.
El ojo público
Pese a su afán de restarle importancia al conflicto y desoír a los manifestantes, cada día el Gobierno parece más intransigente ante la opinión pública.
Incluso los medios más alineados a la derecha denuncian el mal manejo de la crisis y muchos periodistas han sido víctimas de las medidas represivas.
Según un informe de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, al menos 153 periodistas han sido afectados durante la cobertura de protestas por la crisis política y social que se registra en todo el país. La presidenta de la ANP, Zuliana Laínez, declaró que, tras la última marcha del sábado 4 de febrero en el centro de Lima, unos cuatro periodistas fueron agredidos por las fuerzas del orden, informó el diario El Comercio.
Castillo, un mandato fallido
El 7 de diciembre pasado, en un mensaje a la nación, Pedro Castillo declaró que disolvería el Congreso y el gabinete y gobernaría por decreto.
Durante los 18 meses de su gestión, el Congreso le había hecho la labor imposible, acusándolo permanentemente de diversas faltas según las cuales reclamaban la vacancia o abandono del cargo. Las presiones constantes sobre Castillo y su inexperiencia política lo fueron aislando.
Desde el penal de Barbadillo, donde hoy purga una orden de prisión preventiva de 18 meses, por presuntos cargos de sedición, Castillo dio una entrevista reciente al medio El Salto de España, donde intenta explicar su confusa decisión.
“Yo quería acercarme al pueblo. Fue un día de hacer eco para los ‘nadies’. Tomé la bandera de la Asamblea Popular Constituyente y di mi discurso recordando y siendo fiel a los pueblos que votaron por mí, que confiaron en mí. Fue una reivindicación de mi parte. Quise hacer entender a la clase política que el poder popular es la máxima expresión de las sociedades. No quise obedecer a los grupos de poder económicos sociales. Quise poner al pueblo por encima de todo”, declaró.
Inmediatamente a la divulgación de esta entrevista, los congresistas pidieron al Instituto Nacional Penitenciario que sancionara a Castillo por hablar con medios internacionales.
Dos meses después, algunos manifestantes aún piden la restitución del presidente, sus abogados pidieron, sin éxito, que se anularan los cargos de sedición ya que no tuvo tiempo de defenderse ante el Congreso que lo acusó.
Asimismo, los presidentes de México, Colombia y Bolivia han reiterado su disgusto con la forma en que Castillo fue removido del cargo. A esta posición se sumaron Honduras y Chile.
Pero es cierto que, como líder, también Castillo no mostró la capacidad para llevar la rienda de un país en una profunda descomposición política y una muy debilitada institucionalidad democrática.
Algunos sectores productivos también expresan su malestar por la incapacidad de la clase política de dar una salida a la situación.
Perú es el cuarto país más desigual del mundo, según el Informe sobre Desigualdad Global 2022 (WID, por sus siglas en inglés) del World Inequality Lab.
Una nueva Constitución quizás podría hacer más viable la democracia representativa en Perú.
